Irene Montero reclama al PSOE un calendario de tramitación de la ley trans para que se apruebe este año

La solicitud por parte del PSOE de ampliar en siete días más el plazo de presentación de enmiendas a la ley trans no ha gustado un pelo en Unidas Podemos. Así, el socio minoritario de la coalición se encuentra «preocupado», según confirman fuentes de Igualdad a Economía Digital.

«Quienes pagan las consecuencias son las personas trans y la comunidad LGTBI que ve en riesgo la aprobación de una ley que reconoce sus derechos. Las personas trans y LGTBI deben saber que no les vamos a soltar la mano y que vamos a caminar juntas hasta que sus derechos sean ley», insisten las voces consultadas en la cartera.

Para el ministerio liderado por Irene Montero no hay marcha atrás: la ley trans «no puede sufrir más retrasos» y es por ello que Igualdad va a proponer al PSOE y al conjunto de grupos parlamentarios un calendario de tramitación, que incluya la finalización del periodo de enmiendas el día 2 de noviembre y la finalización de la ponencia el 18 de noviembre. El objetivo, según las fuentes, es que la ley esté aprobada antes de que finalice el año «y sin recortes en derechos respecto al texto ya pactado en el Gobierno».

Una ley negociada en 2019

Lo cierto es que lo que se acordó en el seno del Gobierno, según fuentes del Ejecutivo, fue que tanto la ley del aborto como la ley trans fueran por procedimiento de urgencia y se aprobaran antes de fin de año. El texto se negoció entre los dos socios en 2019 y la primera ponencia se celebró aquel año. Y, al menos siete días más, esta legislación seguirá atascada en el Congreso.

Sobre ello, fuentes de Ferraz señalan a este periódico que el PSOE mantiene su firme compromiso con los derechos LGTBI y con los derechos de las personas trans. «El poder legislativo tiene sus tiempos y la obligación del resto de poderes es respetarlo», consideran los socialistas

«La ampliación del plazo de enmiendas de cualquier ley se aprueba por mayoría, no es una decisión exclusiva de ningún grupo parlamentario. Por eso, exigimos el legítimo respeto que corresponde en un proceso que, para el buen discurrir de una ley tan necesaria como esta, debe desarrollarse libre de presiones injustificadas«, subrayan las fuentes del PSOE.

Para que «no sea recurrida ante el TC»

En la bancada socialista insisten en que todos los grupos están inmersos en su trabajo de elaboración de enmiendas y que, en concreto, «el PSOE persigue que el texto sea garantista y que esté libre de cualquier posibilidad de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional«. «El PSOE está haciendo un trabajo complejo y riguroso que requiere tiempo».

Ahí precisamente encuadran esta nueva prórroga los socialistas. A sus ojos, se trata de «dotar de mayor seguridad jurídica» al texto que articula una ley que «tanto la derecha del PP como sus socios de la ultraderecha van a tratar de impedir que salga adelante por todos los medios».

 Los socialistas ya anunciaron sobre qué versarían: el artículo 65 del anteproyecto, que menciona la ley de violencia de género. «Tenemos dudas sobre la equiparación de algunas violencias a la violencia de género. Queremos dar seguridad jurídica a la Ley, que sabemos acabará recurrida por el PP y sus socios de la ultraderecha en el TC», aseguraron en su momento.

Lo que más preocupaba era darle forma a cómo y cuáles son las reformas que ansía el PSOE, tras su fuerte división interna, para darle el sí al texto que ya pactó con su socio minoritario en el Gobierno, Unidas Podemos, en 2019. Ya avisaron los socialistas que non tocará la parte de la autodeterminación de género, un extremo que preocupaba enormemente a los morados, tal y como publicó este periódico e hizo público la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la mañana de este jueves.

La sensación que recorría a la cúpula morada es que se utilizaran estas enmiendas para meter el fin de la autodeterminación de género, lo que habría sido un cisma mayúsculo dado que es una línea roja para Podemos pero que el PSOE niega que vaya a suceder. El texto que compone el articulado ahora mismos y fue aprobado por el Consejo de Ministros recoge que, desde los 16 años, cualquier persona trans podrá cambiar la mención registral del sexo en el registro sin necesidad, como hasta ahora, de someterse a tratamientos de terapia.