El pasotismo del Gobierno con la Ley de 5G asesta un golpe definitivo a Huawei

La tecnología 5G está lista para su desembarco comercial en España. Los operadores de telefonía ultiman los acuerdos con fabricantes de equipos para el despliegue de redes 5G, sobre todo las denominadas ‘core’, que son la parte troncal por la que circulan todos los datos. Pero todo este proceso se ha visto enmarañado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos que ha dejado a Huawei muy maltrecha a la hora de negociar con los operadores -más el problema de ventas que ha tenido con los teléfonos por no poder usar el ecosistema de Google-. Una situación que Ericsson y Nokia han sabido aprovechar a la perfección, en gran parte gracias a la inoperancia de un Gobierno que mantiene en el cajón la Ley de Ciberseguridad 5G que servirá para regular estas cuestiones.

La última penitencia que ha tenido que rendir la compañía de origen chino ha sido con la red troncal de Orange. En el marco del Mobile World Congress de Barcelona, el operador naranja ha anunciado que ha elegido a Ericsson como proveedor de su red ‘core’ en 5G Stand Alone (SA) en España -es decir, el estándar definitivo que tendrá esta tecnología para su uso-. El despliegue de soluciones 5G SA es un hito importante que permitirá el desarrollo futuro de servicios de valor añadido, bajo demanda y personalizados para los clientes. Para Orange, según han explicado desde la compañía, 2022 es un año de preparación, pruebas y despliegue para facilitar los lanzamientos comerciales a partir de 2023. 

Esta situación entraría dentro de una lógica de mercado si no fuera por qué ha habido unos grandes beneficiados y, sobre todo, una gran perjudicada. De hecho, Huawei no es el primer gran contrato que ve pasar por delante sin poder hacer nada. Cabe que recodar que la Ley de Ciberseguridad 5G no la ha descartado como suministrador de equipos válido para entrar en la red troncal de la compañía; pero el anteproyecto deja entrever las limitaciones que habrá por temas de seguridad, y la compañía china ha estado en el punto de mira.

Hace unos meses, el otro gran contrato relacionado con el 5G en el despliegue de redes, el de Telefónica, también fue a parar en las mismas manos -en este caso compartidas-. En concreto, el operador azul adjudicó la radio de su red 5G SA en España a Ericsson y Nokia en un porcentaje del 50% a cada uno hasta el año 2026.

La adjudicación comprende el despliegue de 5G en sus bandas específicas de 3,5 GHz y 700 MHz y el necesario para crecer en capacidad con las bandas actuales de 4G o migrar su uso a 5G a medida que sea necesario. El motivo que expuso Telefónica de haber optado por estas compañías fue por “dar continuidad a los proveedores ya existentes en la radio 3G y 4G con una estrategia similar a la de otras operadoras del grupo”. Una justificación muy bien elaborada, y que dejaba a Huawei sin margen de mejora.

Por si todo esto fuera poco, en la pasada primavera MásMóvil y Ericsson alcanzaron un acuerdo para transformar la actual red ‘core’ del operador amarillo en España desplegando lo último en tecnología 5G SA para ofrecer los últimos servicios disponibles en esta tecnología.

Una polémica de precios y también legal

En este contexto, y pese a que las cifras millonarias de los acuerdos no están trascendiendo de forma pública, voces del mercado llevan meses alertando de que dichos contratos ganados por Ericsson y Nokia estarán teniendo costes muy elevados debido a la falta de competencia por parte de los chinos. Una situación de la que nadie en la industria se ha querido pronunciar de forma pública. Unos porque se han beneficiado; y los otros porque el algún momento sacarán su rédito.

En todo caso, resulta paradójico que esta situación se haya ejecutado sin el marco legal que ha sido demandado por la Unión Europea. Y es que a Ley de Ciberseguridad 5G, que debe otorgar un marco adecuado para la realización de inversiones y la seguridad jurídica, acumula diversos retrasos. Una situación similar a la Ley de Telecomunicaciones, que tras su aprobación en Consejo de Ministros, todavía no ha iniciado los trámites parlamentarios.

El Ministerio de Asuntos Económicos, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ya publicó entre los meses de septiembre y diciembre de 2020 los anteproyectos de estas dos leyes y los sometió a sus correspondientes procesos de audiencia pública. Aunque el proceso se ha paralizado.

En el momento del anuncio de los distintos planes, la intención del Gobierno era que estas dos leyes -junto a la Ley Audiovisual- pudieran entrar en vigor a lo largo de 2021. Sin embargo, los plazos iniciales no solo no se han cumplido, sino que los marcos temporales que se van fijando no terminan de cumplirse. En el caso de la Ley de Ciberseguridad 5G, esencial para el desarrollo de esta tecnología en España -sobre todo por la creación de un marco jurídico estable y seguro-, se espera que pueda estar para verano. Pero solo es una esperanza.