El Gobierno lanza ayudas del PERTE agroalimentario antes de las elecciones de Castilla y León
El nuevo PERTE agroalimentario dotado con 1.003 millones movilizará más de 3.000 millones para la España vaciada y creará 16.000 empleos
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes en Moncloa. EFE/Emilio Naranjo
El Gobierno ha centrado el anuncio y balance de medidas sobre el sector agroalimentario y de despoblación a las puertas de las elecciones autonómicas de este domingo 13 de febrero en Castilla y León. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario, dotado con 1.000 millones de euros que tendrán un impacto de 3.000 millones en el PIB, y su luz verde viene acompañada ya del lanzamiento de ayudas ligadas al mismo en materia de digitalización.
Así lo ha anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, acompañado de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la que ha detallado que ya se ha aprobado un real decreto sobre convocatorias basadas en el nuevo PERTE en materia de digitalización, para reducir la brecha digital especialmente acentuada en el sector primario y las zonas rurales, que se publicará previsiblemente en el BOE de este jueves, apenas cuatro días antes de los comicios castellanoleoneses.
Se trata de dos medidas por importe de tres millones de euros para información, formación y demostración en materia de tecnologías digitales, con una primera convocatoria dirigida a organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones y entidades dedicadas a tarea formativa y una segunda medida para el asesoramiento digital agroalimentario.
La aprobación del nuevo PERTE para el sector agroalimentario, gestionado por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como del de Ciencia e Innovación, ha ido unida al balance del plan de 130 medidas para abordar el reto demográfico. Estos dos asuntos han centrado la campaña electoral en Castilla y León y forman parte de la estrategia del Gobierno, que pone el foco en la España rural y el 16% de la población que vive de ello.
Planas ha detallado que el PERTE contará con una inversión pública de unos 1.002,91 millones de euros hasta 2023, que se prevé que genere un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.300 empleos, a lo que se sumarán los positivos por la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio y ahorros generados en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos.
El sector agroalimentario es estratégico para España al suponer más de 100.000 millones de euros anuales den valor añadido. bruto, el 10% del PIB, con un millón de explotaciones agrarias y ganaderas, 8.800 buques pesqueros, 30.500 industrias agroalimentarias, de ellas un 96% de menos de 50 trabajadores y un 79% de menos de diez. El sector exporta 59.500 millones y emplea a unos dos millones de personas, ha apuntado Planas, señalando que España es actualmente el cuarto país de la UE y la octva potencia mundial agroalimentaria y el objetivo es mejorar posiciones.
Objetivos y tres ejes
El Ejecutivo se ha marcado como objetivos con el nuevo PERTE para el sector agroalimentario el incremento de la competitividad del conjunto del sector, aumentar la sostenibilidad desde el punto de vista del cambio climático y la conservación del medio ambiente, y la trazabilidad y seguridad alimentaria.
El PERTE consta de tres ejes, el primero referido al fortalecimiento de la industria agroalimentaria, con 19 actuaciones y un importe de 400 millones, para mejorar los procesos de producción e incrementar la competitividad de la industria agroalimentaria. Al ser un PERTE «horizontal», Planas ha admitido que su preparación ha sido «mucho más compleja».
El segundo de los ejes, con 10 actuaciones y una dotación de 454,35 millones, pasa por el apoyo y adaptación digital de todos los agentes de la cadena de valor (producción primaria), transformación, comercialización y distribución del conjunto de la cadena alimentaria.
Por último, el tercer eje, que incluye cinco actuaciones a las que se dedicarán 148,56 millones, se centra en el apoyo a la investigación y la innovación en el sector agroalimentario, por ejemplo con la modernización de los laboratorios de sanidad animal y vegetal.
Inyección histórica de fondos públicos y compatibilidad
Así las cosas, el ministro de Agricultura ha subrayado que el PERTE, junto a los 47.724 millones de euros de la Política Agraria Común (PAC) entre 2021 y 2027, la cofinanciación nacional y autonómica se superará la cifra de 50.000 millones, sumándose la Ley de Cadena Alimentaria, el regadío sostenible y los seguros agrarios como pilares de la actuación del Gobierno para el sector. «La dotación pública en el quinquenio 2022-2026 será la cifra más alta de inversión de inyección económica de fondos públicos en el conjunto del sector agroalimentario que se haya producido jamás en España«, ha asegurado Planas.
El titular de Agricultura ha explicado que las actuaciones no pueden tener doble financiación pero sí es «perfectamente posible compatibilizar» el uso de diferentes fondos comunitarios para una actuación global. También ha explicado para que las ayudas del PERTE puedan llegar a las 17 CCAA y pequeñas y medianas empresa agroalimentarias se apoyarán en organizaciones sectoriales y cooperativas agroalimentarias.
Igualmente, ha admitido que pese a las actuaciones del Gobierno existen «dificultades reales» vinculadas al alza de precios de algunos insumos, como la alimentación animal o fertilizantes, por lo que ha abogado por políticas de sostenibilidad, como los regadíos sostenibles. Ha ligado esto el problema actual de sequía que el Ejecutivo sigue ya «muy de cerca» en las cuencas hidrográficas, como la del Guadalquivir en la que incide ya de manera «muy significativa», par adoptar medidas. Cree que se abordará también en dos semanas en el Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas.
Balance del plan de reto demográfico: El PP ve «batiburrillo y propaganda electoral»
El Gobierno ha aprovechado también para presentar el informe de seguimiento del Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico (Plan 130), aprobado en marzo del año pasado, y del que se han iniciado el 82% de las medidas, con la puesta en marcha de actuaciones por valor de 3.777 millones de euros.
Entre 2021 y 2022 se habrán invertido 8.000 millones en los pequeños municipios (4.200 millones en 2022), si bien las actuaciones del Plan 130 permitirán superar el objetivo de invertir 10.000 millones hasta 2030. El año pasado las ayudas llegaron a más de 4.300 municipios de menos de 5.000 habitantes (que suman 4,5 millones de residentes).
La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha criticado que el Consejo de Ministros «se ha saltado una vez más las normas de juego limpio», con un ·PERTE agroalimentario batiburrillo que agrupa de todo con solo 150 millones nuevos y la presentación sesgada de la ejecución de las medidas para la despoblación en donde todo está iniciado pero nada rematado”. En otro mensaje en Twitter ha insinuado que el «esperpento» podría deberse al proceso electoral.
En la misma línea, la secretaria de Agricultura y Despoblación del PP y portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, Mila Marcos, ha criticado el «tocomocho» agroalimentario, que considera «una nueva tomadura de pelo a un sector muy harto ya de mentiras, ninguneo y engaños». «Por supuesto que nadie les ha consultado, se les ha dado tarde y cerrado», ha denunciado Marcos, censurando la utilización del Consejo de Ministros como mesa de «propaganda electoral», al presentar lo que «ya presentó en agosto, pero sin dinero y con la intención de coincidir con la campaña electoral».
Según Marcos, de los 1.000 millones del PERTE agroalimentario, el primer eje para la industria agroalimentaria de 400 millones se divide entre 150 millones de ayudas y 250 que son préstamos; en el segundo eje de innovación y digitalización de 600 millones se destina a todos los sectores económicos, y el tercer eje de 60 millones «ya estaban asignados y presupuestados en fondos para la agricultura». «Solo hay 150 millones y con condiciones prácticamente imposibles de cumplir según el propio sector», denuncia.
