El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su intervención en el debate sobre el estado de la nación en el Congreso. EFE/ Chema Moya
El descanso estival está en pleno apogeo, pero el inicio del nuevo curso se acerca y la lista de cosas por hacer antes de que termine el año, a nivel legislativo, deja una imagen clara: el Gobierno tiene varias de sus leyes clave aún en tramitación parlamentaria y el mes de septiembre en el Congreso de los Diputados estará lleno de actividad, antes de encarar un otoño con claro regusto electoral.
El 2023 será año de elecciones: primero, en el mes de mayo, con comicios municipales y autonómicos en la mayoría de comunidades; pero también a final de año, con la celebración de las elecciones generales, si el presidente Pedro Sánchez cumple su promesa de agotar la legislatura. Porque en este mandato quedan apenas dos periodos de sesiones en Congreso y Senado: de septiembre a diciembre y de febrero a junio.
Así, y antes del parón por la disolución de las Cortes, España debe dar salida a las decenas de leyes pendientes de aprobar, algunas desde hace más de un año, como la Ley de Vivienda o la derogación de la Ley Mordaza, aunque la vuelta al cole cuenta con un protagonista natural: la habitual presentación de los Presupuestos Generales del Estado, para que puedan ser aprobados en tiempo y forma.
Ahorro energético e impuesto a la banca
Además, la lista de tareas pendientes es gruesa. En septiembre, el Gobierno debe presentar el Plan de Contingencia de medidas de ahorro energía y actuaciones solidarias con el resto de la UE, que incluirá, tal y como anunció Sánchez durante la rueda de prensa de balance del mes de julio, una reforma del mercado eléctrico con la intención de desacoplar la evolución precio del gas al precio de la electricidad y poner un tope al precio de las emisiones de Co2.
El llamado impuesto a la banca y a las eléctricas, enmarcado en el mismo contexto de crisis energética, se vuelve prioritario y se convertirá, de este modo, en otra de las primeras leyes que se voten en el Congreso. Es un compromiso que adquirió el presidente durante la última gran sesión de la Cámara, con la celebración del Debate sobre el estado de la Nación.
Pero también hay varios proyectos de ley que tendrán que volver a ser votados en el Congreso, debido a las enmiendas introducidas en el Senado durante el último pleno de julio. Son la ley del «sólo sí es sí», la ley concursal o la nueva ley de Ciencia, que costó tramitar en el Congreso y cuyo texto vuelve ahora retocado por la Cámara Alta.
Memoria, Autónomos, Secretos Oficiales
Otras de las leyes que vienen son la Ley de Memoria Democrática, procedente del Senado, que no viene exenta de polémica, porque el pacto con Bildu para sacarla adelante ha escamado a la gran mayoría de grupos políticos; la Ley de Secretos Oficiales o la reforma de los autónomos.
Del mismo modo, también formará parte de este frenesí legislativo otros asuntos que requieren el refrendo de las Cortes, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para la que aún no hay acuerdo a pesar de que su mandato está caducado hace tres años, y del tercio de magistrados que corresponde al Gobierno en el Tribunal Constitucional.
Finalmente, también se tendrá que convalidar con el sí de las Cámaras el visto bueno de España a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, que requiere la aprobación tanto en Congreso como en Senado.
La prostitución o el aborto, pendientes
Todo esto viene después de un semestre bastante prolífico. Desde enero, las Cortes aprobaron más de una veintena de leyes, entre las que destacan la reforma laboral, la ley audiovisual, la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la ley de planes y fondos de pensiones o la ley de residuos y de Convivencia Universitaria.
Aún quedan pendiente asuntos capitales para el Gobierno, sobre todo de cara a las elecciones, y donde marcará perfil y sacará músculo. Destaca especialmente una nueva legislación sobre la prostitución o sobre el aborto.
