Un cartel informativo en una tienda de ropa de Valencia sobre las medidas del plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno, que han entrado hoy en vigor y que limitan, entre otras, la temperatura del aire acondicionado en lugares públicos. EFE/Ana Escobar
Con la entrada en vigor del decreto de medidas de ahorro, España empieza a dar cumplimiento al compromiso de reducir su consumo energético en un 7% para noviembre de 2023. Cada país de la Unión Europea ha prometido reducir su dependencia ante la amenaza de los cortes de gas por parte del Gobierno ruso, pero, en comparativa con los planes ya presentados por parte de los grandes países comunitarios, sólo España ha decidido tomar acciones obligatorias y sancionables si no se cumplen.
El acuerdo ante Bruselas es irrevocable. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ya recordó en un tuit de esta semana que varios países de la Unión Europea estén aplicando ya planes del «vital» ahorro energético que precisa la UE para garantizar el abastecimiento cuando llegue la estación fría. «El ahorro de energía es vital para la seguridad energética de Europa».
Von der Leyen señaló que el plan comunitario de emergencia «para reducir la demanda de gas en toda la UE ya está en vigor», y agregó que «varios Estados miembros ya han tomado valiosas medidas voluntarias» para lograr el objetivo conjunto de reducir el consumo de gas en al menos un 15 %. Pero el resto de países se han quedado, por el momento, en meras recomendaciones y han pactado las acciones con los actores implicados, como señalan fuentes de la Comunidad de Madrid a Economía Digital, tras señalar diversos ejemplos.
Francia negocia con los supermercados el apagado
Es el caso, por ejemplo, de Francia. París ha promulgado una ordenanza municipal que prohíbe a los locales que utilicen el aire acondicionado tener las puertas abiertas. «O una cosa o la otra, bajo la amenaza de multa de 750€», recuerdan las fuentes. Supermercados y grandes superficies se han reunido para elaborar un protocolo con algunos acuerdos, como es el apagado de los carteles luminosos desde la hora de cierre hasta la de apertura.
En el país vecino son los supermercados los que están elaborando sus protocolos, «a diferencia de aquí que las normas las fija el Gobierno». «En Francia se negocia, a diferencia de las imposiciones y la falta de diálogo y acuerdos tanto con empresarios como con las CCAA».
El llamado “plan de sobriedad energética” galo, que todavía no se ha aprobado, incluye el apagado de la iluminación nocturna de los escaparates de 1 a 6 de la mañana. El horario es lo que más choca en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño. «A partir de hoy, Madrid estará a oscuras tres horas antes que París», lamentan.
Alemania no ha exigido medidas a nivel nacional
Alemania, por su parte, no ha hecho de momento imposiciones por parte del Gobierno central, sólo recomendaciones que cada ciudad aplica según su circunstancia. Berlín y Hannover, por ejemplo, han optado por apagar sus edificios emblemáticos de noche. Nada de comercios.
En el caso de Hannover, la ciudad también apaga la calefacción y corta el agua caliente en edificios públicos, así como piscinas, pabellones deportivos y gimnasios. Será hasta finales de septiembre y, desde entonces, la temperatura estará limitada a un máximo de 20 grados. Augsburgo ha apagado sus semáforos y gran parte del alumbrado público de noche.
Además de estas medidas aprobadas por los ayuntamientos, el Gobierno Federal de Alemania presentó a mediados de julio un nuevo paquete de ahorro de energía. Se incluyen recomendaciones, que pivota, principalmente, sobre evitar calentar las estancias que no se encuentren muy frecuentadas como «pasillos, grandes salas, vestíbulos o salas técnicas, a menos que existan requisitos de seguridad».
Italia, Portugal o Polonia
Por otro lado, en Italia, las medidas no hablan sobre apagar iluminación, sino de “atenuar”. El Gobierno italiano prevé recortar la iluminación pública en hasta un 40 % y avanzar la hora de cierre de los locales y oficinas públicas. Este pasado mes de julio el país avanzó que en los borradores que está trabajando su Ejecutivo, que también se incluirá regular el alumbrado nocturno de las ciudades, el suministro eléctrico a las empresas o el cierre anticipado de oficinas y tiendas. Pero aún no es una realidad.
Otros países como Polonia, República Checa o Portugal no tienen ningún plan, de momento. Otras, como Grecia, sí que han anunciado que sus monumentos se apagarán a las 3 de la mañana.
Las CCAA piden tiempo y flexibilidad
Después de que Madrid anunciara su intención de recurrir el plan de ahorro energético por invasión de competencias por parte del Estado a lo que corresponde a las autonomías, otras comunidades gobernadas por el PP han venido señalando que se dan un tiempo para comprobar si el decreto del Gobierno invade sus competencias y en consecuencia deciden también impugnarlo.
La Junta de Andalucía ha puesto plazo a ese tiempo: tres meses en los que sus servicios jurídicos estudiarán la norma antes de decidir la presentación o no de un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque mientras tanto cumplirá el decreto. La Xunta de Galicia, a través de su vicepresidente primero, Francisco Conde, ha avanzado que recurrirá el decreto de ahorro energético si la asesoría jurídica autonómica concluye que realmente existe una invasión de competencias.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido de que el recurso de anticonstitucionalidad será una realidad si el Gobierno sigue en la «unilateralidad» y no presenta una justificación técnica que lo respalde, aunque antes quiere explorar todas las vías, entre ellas una reunión de presidentes autonómicos.
Mientras, la Comunidad de Madrid, que se califica como «la única capital europea» que tendrá que apagar los escaparates a las 22:00 horas, ha encontrado ya «al menos diez puntos inconstitucionales» en la norma del Gobierno, como la ausencia del «carácter básico» alegado por el Estado para «invadir competencias», el «choque» con la normativa por la pandemia que establece la necesidad de ventilación de los locales, la colisión del horario de apagado de escaparates con la ley madrileña que permite abrir los comercios las 24 horas y la «defectuosa configuración del régimen sancionador» del decreto.
