Contra todo pronóstico, y en un giro que pocos previeron vistas las palabras gruesas de las últimas semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no sólo ha salido vivo del examen al que él mismo se ha sometido en el Debate sobre el estado de la Nación y el pleno extraordinario encajado para rematar el curso, sino que ha podido consolidar un giro a la izquierda valiéndose de la no comparecencia -o abstención, utilizando el nombre técnico- del PP. Porque no están de acuerdo con su «doctrina económica», pero tampoco se han atrevido a taponar el paquete de medidas pactadas por los socialistas con Unidas Podemos y Bildu que tratan de paliar, de alguna manera, las consecuencias de la inflación.
Sánchez ha escenificado durante las 72 horas de celebración del pleno monográfico que ha examinado la acción del Gobierno durante el último año cómo se puede cambiar de socio preferente a la hora de pactar y seguir adelante sin titubear. Si antes era ERC, ahora es EH Bildu. Gracias a los votos de los abertzales, los verdaderamente imprescindibles, el Gobierno ha conseguido convalidar tres de sus grandes banderas durante estos meses.
No son temas menores: las leyes sobre Memoria Democrática, el decreto anticrisis y la reforma sobre Poder Judicial han salido adelante gracias a ellos. Y lo económico, el punto fuerte del PP, el pilar sobre el que el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha articulado toda su alternativa de Gobierno, también ha salido adelante gracias a la abstención de los populares, quienes han preferido ponerse de lado con la abstención para no darle un portazo al perfil social con el que también pretenden deslumbrar al votante de centro, donde saben que tienen su puente hacia la Moncloa.
Sánchez, adelante con su plan contra la inflación
Así, el principal proyectil político de Sánchez contra su mayor enemigo en la actualidad -la inflación- ha salido adelante. En él ha incluido las medidas que le permiten rearmarse ideológicamente tras unos meses más centrados, y enraizar en el terreno de la izquierda, sin medias tintas, en el año en el que se lo juega todo. Primero, con el punto de inflexión que supondrán las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, pero, después, en los meses que le separan -si no sucede el adelanto que se afana en negar- de los comicios generales, previstos para final del próximo año. Ya no hay nada que no sea susceptible de convertirse en arma para seducir y convencer.
Así, en este segundo decreto ley anticrisis, además de prorrogar las propuestas ya en vigor desde marzo –el descuento en los combustibles o el tope a los precios del alquiler, por ejemplo- también incluye algunas medidas de nuevo cuño, como el cheque de 200 euros para familias con bajos ingresos y patrimonio. Ése, además de la bajada del IVA de la luz, son los dos puntos que el PP ha utilizado para justificar su postura. Porque lo cierto es que, en origen, eran suyas: se incluían en el plan económico que Feijóo remitió a Sánchez nada más acceder a la presidencia popular en el mes de abril.
Pero el decreto también incluye el hachazo a la banca y las eléctricas, además de la reducción de los abonos para el transporte público y el aumento a las pensiones de viudedad e invalidez no contributivas, algo que ellos mismos consideran que no tiene aún seguridad para que no acabe repercutiendo en el bolsillo de los ciudadanos, en vez de en las cuentas de las grandes compañías. Lo tachan de «inconcreto y difuso por el momento», pero va en el paquete de medidas que sale adelante con su abstención.
Lo que realmente ha separado la abstención del sí, según fuentes populares, han sido dos medidas: la deflactación de la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros y el rechazo abaratar el coste de la Administración y de un gobierno con 22 ministerios y más de 800 asesores. Los del PP se habían mostrado muy críticos, arguyendo que Sánchez «sólo acierta cuando rectifica» y tildando de «electorales» las medidas, pero, «por sentido de Estado», le han avalado en esta ocasión.
El argumentario del PP para justificar la abstención
En Génova el argumentario es claro: el PSOE no apoya su propuesta de bajadas de impuestos a las clases medias de nuestro país, y por eso «el PP no apoyará subidas de impuestos que pueden afectar a los españoles». Sobre estas que han sido alumbradas este jueves, nada se sabe.
«Las medidas son útiles para congraciar a Pedro Sánchez con sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, pero no lo son para ayudar a los ciudadanos con sus problemas cotidianos», valoran fuentes populares. «No apoyamos la doctrina económica general de este Gobierno. Cuando se sustancie cada uno de los puntos a valorar fijaremos posición. Sin más información nuestro voto será contrario a las pretensiones de un Ejecutivo que renuncia a la centralidad política y copia las propuestas que inspiraron la creación del Podemos de Pablo Iglesias», insisten.
El texto legal anticrisis ha salido adelante con 186 votos a favor, entre ellos los de PSOE, Podemos, PNV, PdeCat y Bildu, 51 en contra y con 108 abstenciones, principalmente las del PP. También se ha aprobado por amplia mayoría su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Las medidas serán válidas hasta final de año y el presupuesto total es de 9.000 millones de euros.