El bloque independentista comienza a ceder posiciones

Las posiciones están fijadas, y el Govern de la Generalitat y el Ejecutivo español mantienen sus respectivos guiones, a la espera del encuentro entre Artur Mas y Mariano Rajoy. Pero se están produciendo cambios. El bloque independentista comienza a ceder posiciones, siempre que haya un gran consenso, y admite que se pueda cambiar la pregunta y la fecha de la consulta del 9 de noviembre.

Ha sido Òmnium Cultura, a través de su presidenta Muriel Casals, la primera en abrir fuego. Casals ha defendido este viernes un posible cambio en la fecha y la pregunta de la consulta, siempre, eso sí, que el President Mas lograra de nuevo un pacto con los partidos favorables al derecho a decidir, CiU, ERC, ICV y la CUP.
“Nosotros votaremos una consulta convocada por los representantes políticos. Si ellos deciden algo diferente, nos adaptaremos”, ha afirmado Casals. Aunque ello no supone otra cosa que respetar lo que acuerden los representantes políticos, la actitud de Òmnium supone un cambio, porque hasta ahora el bloque independentista había insistido en que se debe poder votar el 9N, y que no se debía variar esa hoja de ruta, tras acordar la pregunta del referéndum.

Hace unas semanas hacía lo propio la presidenta de la ANC, Carme Forcadell, al insistir también en que la entidad defenderá lo que acuerde el Parlament de Catalunya. Es decir, el bloque soberanista está a la espera de lo que decida el President Mas una vez compruebe que no puede realizar la consulta. Si decide seguir adelante, como es su objetivo, y gobernar hasta, hasta, por lo menos, bien avanzado el próximo año, las movilizaciones de las entidades soberanistas en la calle se producirán, pero no se lanzará un ultimátum, o se forzará la situación.

En quien recae la máxima responsabilidad ahora es en Esquerra Republicana, que, por una parte, tiene interés en seguir adelante, y llegar a las elecciones municipales, pero por otra tiene la tentación de forzar unas elecciones anticipadas.
Mas reúne este viernes el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir que agrupa a todos los partidos y entidades que avalan el referéndum. El mensaje que se desea ofrecer es que el presidente Rajoy permita la consulta, con el argumento de que su resultado no es vinculante.