Educación solo tiene dos inspectores para controlar el 25% de castellano y no pueden entrar en los colegios catalanes

El Govern de Pere Aragonès solo tiene 12 días para ejecutar el 25% de castellano en todas las escuelas públicas catalanas, pero la Generalitat quiere hacer oídos sordos a la sentencia. La Alta Inspección del Estado es la encargada de vigilar que las escuelas catalanas aplique la sentencia aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero se va a encontrar con algunos obstáculos.

Y es que Educación solo cuenta con dos inspectores en Cataluña que deben supervisar unos 5.000 centros educativos. Además, estos inspectores no pueden entrar en los colegios y solo pueden pedir informes, según ha adelantado El País. El Gobierno también se enfrentan a problemas políticos, ya que están en plena crisis con el Govern por el espionaje independentista.

Otro de los problemas que debe afrontar es que el Estado no puede sustituir los mecanismos autonómicos, como los inspectores de la Generalitat, dado que en 2018 el Tribunal Constitucional señaló que el Estado debía «velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo» pero «sin desbordar las competencias».

Govern: «Es un ataque contra el catalán en las escuelas»

No obstante, la Generalitat ha rechazado la sentencia, por lo que habría que esperar para saber si finalmente deciden usar a los inspectores catalanes para garantizar la sentencia que tildan como «un ataque contra el catalán en las escuelas».

Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenaba al Govern el «cumplimiento inmediato» de la sentencia que establece que un 25% de las clases deben impartirse en castellano, al que solo ha dado 15 días para implantarla. De esta manera, los colegios de Cataluña deberán incluir, como mínimo, la docencia de la misma lengua y otra asignatura troncal.

El Tribunal ha exigido a la Alta Inspección del Estado que supervise su cumplimiento, mientras da carta blanca al Govern para elegir como implementar el castellano en sus aulas. La consejería de educación presentará un recurso de reposición para la suspensión de este plazo.

Asimismo, el responsable de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los centros escolares y ha pedido a los directores y profesores de las escuelas catalanas que sigan trabajando de la misma manera, sin ningún cambio.

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró este martes que «las sentencias están para cumplirlas» y que las lenguas cooficiales suponen una «riqueza cultural» para el país y no deben utilizarse «como una fuente de enfrentamiento». “La Alta Inspección actuará dentro de sus competencias y la jurisprudencia para dar cumplimiento al mandato del tribunal”, sentenció la portavoz.

ERC pide a Junts recapacitar sobre la Ley de política lingüística

Desde el Parlament, los republicanos urgen a los posconvergentes a aprobar de una vez la reforma pactada entre ERC, PSC, Comunes y Junts a finales de marzo sobre la Ley de Política Lingüística y el decreto de uso de las dos lenguas en el sistema educativo, una reforma de la que Junts se desvinculó a último momento. Aragonès envió un mensaje a los de Carles Puigdemont a través de Twitter para recapacitar y unirse de nuevo a la reforma: «Ahora más que nunca hace falta consenso y sumar fuerzas».