El sector inmobiliario alerta: el límite del 2% a la subida del alquiler reducirá oferta y elevará precios

Alerta y preocupación en el sector inmobiliario por la última medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del Plan de choque contra el impacto de la guerra de Ucrania de limitar al 2% la actualización de los precios del alquiler hasta el 30 de junio: buena parte del sector teme una mayor restricción de la oferta y un incremento de los precios.

Los principales agentes, portales y expertos consultados por Economía Digital muestran su «sorpresa» y «desconcierto» por el anuncio de una medida que en función de cómo se termine articulando, advierten, podría ser anticonstitucional, tener un escaso impacto respecto a los objetivos perseguidos o distorsionar el mercado del alquiler.

De forma excepcional y con el fin de evitar una subida de alquileres con motivo de la alta inflación que perjudique a los arrendatarios, el Gobiernon incluye en el real decreto-ley del Plan de choque que aprueba este martes en el Consejo de Ministros un límite del 2% en las revisiones de los precios de los alquileres durante los próximos tres meses (del de abril al 30 de junio).

Esta subida se aplicará en todos los casos, y no solo en el de grandes tenedores, según confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales, con el fin de evitar una revalorización con arreglo al IPC, después de que la tasa interanual cerró febrero con un alza del 7,6%, y el que se publique el miércoles el INE referido al mes de marzo reflejará un alza muy superior al 8%, lo que supone que la medida contendrá en más de cinco puntos el precio de los alquileres en las actualizaciones de los contratos que toquen en estos tres meses.

Según cálculos de Idealista, la aplicación del límite del 2% a los alquileres medios en marzo supondrá que la subida nacional se topará a en torno 14 euros (168 euros anuales), muy por debajo del aumento medio de alrededor de 85 euros mensuales (más de 1.000 euros al año) que conllevaría la vinculación al IPC en ciudades como Madrid o Barcelona en los que el alquiler ronda los 1.200 o 1.300 euros, según cálculos de Fotocasa.

El sector pide compensaciones: «El Gobierno vuelve a cargar contra los propietarios»

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, explica a Economía Digital que muchos actores del sector ya habían recomendado no aplicar una subida del 100% y otra buena parte solo aplicaba una parte, por lo que critica que el peso de la medida recaiga de nuevo sobre el propietario en una “tendencia a desincentivar que el propietario sea dueño de una o dos viviendas o se vea menos interesado en invertir”, haciendo un mercado «menos atractivo para el inversor y que retiren su inmueble en alquiler».  

Font teme que el parque de vivienda en alquiler se verá más reducido y envejecido, ya que se va a “desequilibrar” la balanza entre la oferta y demanda. Por todo ello, coincide en la necesidad de que las administraciones sean “más flexibles” a las necesidades de los propietario y le compensen, aunque no sea económicamente, tal vez con deducciones o iniciativas en fiscalidad. 

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, lamenta que “el Gobierno vuelve a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración y obliga a que no se cumpla la claúsula de actualización de los contratos de alquiler«, con un anuncio que a su juicio supone un «nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone».

Aunque desde el portal inmobiliario Fotocasa valoran que en estos momentos la desvinculación temporal de las renovaciones de los alquileres del IPC, supondrá un claro respiro para los inquilinos, que desde el segundo semestre de 2021, comenzaron a ver cómo hacer frente al pago de su renta supone una dificultad cada vez mayor, advierten que el arrendatario también se verá perjudicado, no solo porque dejará de percibir una cantidad en la que la variación estaba estipulada en el contrato mientras el coste de la vida sigue en aumento, sino que «varios de los gastos directos de la vivienda a los que el propietario tiene que hacer frente también es probable que se incrementen».

Por ello, Fotocasa considera que la Administración debería añadir medidas adicionales para que este límite del IPC, no recaiga sobre los hombros de los propietarios, sino que también se apliquen fórmulas de compensación para que no se vean afectados. «La responsabilidad de las subidas de precios no debe recaer de nuevo sobre los propietarios particulares, ya que la situación económica y de mercado global no depende de ellos», defiende.

El presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), Iñaki Unsain, defiende en declaraciones a Economía Digital que «lo más justo» sería recibir una compensación vía reducción de impuestos, mediante bonificación del IBI o una mejora de la bonificación de la renta, tras lamentar una propuesta que «se pasa a los hombros de los propietarios de vivienda» que «en un 85% son pequeños ahorradores».

Reducción de la oferta y subida de precios

El efecto que puede lograr, advierte Iñareta (idealista), puede ser justo el inverso al deseado, ya que «la experiencia vivida en Cataluña ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas como la retirada de producto del mercado, la subida de los precios y la dificultad al acceso para las personas que buscan una vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables«.

Al estar en mano del arrendatario si pone su vivienda en el mercado del alquiler, y si se encuentra en un ambiente desincentivador con modificaciones de la normativa continuas, Fotocasa ve «probable» que prefiera el mercado de la compraventa y pueda llegar a retirar su vivienda del alquiler, lo que contraería aún más la oferta.

El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, también muestra su “atonía” ante la medida, ya que advierte de su carácter anticonstitucional si se aplicase con carácter retroactivo, mientras que prácticamente no tendría “ningún efecto” si solo se aplica en los próximos meses. Carroza coincide en que este límite podría generar “pavor” de los arrendadores y hacer que retiren del mercado sus pisos en alquiler.  

“Tanto si termina siendo ilegal o si es una medida irresponsable a secas provocará un trastorno gordísimo”, alerta, ya que cree que ante este límite muchos arrendadores no alquilarán sus viviendas y esperarán a que venza la iniciativa. Distinto sería si fuese un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos en la que se fijase ese tope de subida del 2%, en línea con lo sucedido con la Ley de Vivienda, que puede provocar una «distorsión» del mercado.

El portavoz de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), Gerardo Neistat, ve “bien” la medida pero considera que llega “bastante tarde”, y es que, según explica a Economía Digital, los precios ya se habían disparado a finales del año pasado y se venía advirtiendo del encarecimiento del alquiler. Aunque la Agencia Negociadora abogaba por una bajada del IVA u otros impuestos que puedan repercutir en disminuir la inflación, cree que el impacto de la medida si dura tres meses como está inicialmente previsto sería “limitado”.

Eso sí, si se posterga más allá en tiempo tendría ya un “carácter intervencionista” al coartar a los propietarios poner el precio de alquiler limitando la actualización de la renta. “Es una media muy quirúrgida, si se extiende en el tiempo será totalmente intervencionista sobre los precios”, avisa.  Coincide en ello Unsain (AEPSI) al señalar que si la medida se posterga se vería una caída de la oferta y tensiones en precios, así como la vicepresidenta, Montse Moreno.