Mendiluce pide seguridad jurídica en la colaboración público-privada

En la XXI Jornada Anual del Club Inmobiliario ESADE Alumni celebrada hoy, Eduard Mendiluce, CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria —y vicepresidente del Club Inmobiliario— ha reclamado seguridad jurídica y transparencia para que la inversión privada se implique en los planes de colaboración público-privada previstos por el Gobierno.

En esta nueva Jornada Anual, que se ha desarrollado bajo el lema «La vivienda en un nuevo entorno», han participado también David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda; Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de APCE; Iñigo Fernández de Mesa, presidente de Rothschild España y vicepresidente de CEOE; y Albert Saiz, Associate Professor of Urban Economics and Real Estate del MIT. La sesión ha estado moderada por Joan Clos, presidente de ASVAL.

Antes del inicio del debate, como introducción, el catedrático Josep Oliver ha expuesto algunos datos relativos al impacto de la Covid-19 sobre la accesibilidad a la vivienda de alquiler en España. Según Oliver, en 2019 y antes de la pandemia, el 45% de las familias en alquiler de mercado (1,4 millones del total de 3,1 millones de contratos de alquiler) dedicaba más del 30% de sus ingresos al alquiler, mientras que aquellas familias con renta inferior a 1.000 euros/mes (unas 700.000 familias) atendían pagos medios de alquiler por encima del 45%.

La pandemia, probablemente, agravará más esta situación, ya que según sus previsiones, 1,8 millones de familias deberán destinar más de un 30% de sus ingresos al pago de su alquiler.

Para combatir la situación de accesibilidad a la vivienda, y tal como ha explicado David Lucas, el Gobierno prepara un Plan Estatal de Vivienda que pasa por ampliar la oferta de viviendas públicas e impulsar la rehabilitación y renovación del parque. No obstante, los participantes han incidido en la necesidad de facilitar ayudas públicas directas a los inquilinos que no pueden afrontar los pagos del alquiler, sobre todo en un panorama en el que ya se ha detectado un incremento del 15% en el número de impagos.

En concreto, se solicita al Gobierno un fondo de ayuda directa para poder atender el pago del alquiler que tendría un impacto sobre 350.000 familias, según ha mencionado Mendiluce.

Todos los participantes en el debate han coincido en señalar la conveniencia de un plan que tenga como objetivo «ofrecer vivienda digna a precios asequibles» y «generar empleo a través del sector inmobiliario», en palabras de David Lucas. No obstante, piden garantizar cambios estructurales que favorezcan el acceso a la vivienda por parte de familias vulnerables y jóvenes, así como medidas que no supongan la intervención en la regulación del precio del alquiler, ya que un 95% personas físicas complementan así sus ingresos o pensiones.

En opinión de Iñigo Fernández de Mesa, la participación del sector inmobiliario  en el plan para la ampliación del parque «no es opcional»: el enorme déficit y la deuda pública acumulada por el Estado, incluso antes de la pandemia de Covid-19, deja al Gobierno «sin margen» presupuestario para asumir este plan sin contar con el capital privado.

La colaboración público-privada, más que necesaria es «obligatoria»

En su intervención, Fernández de Mesa ha expuesto las fortalezas y debilidades con las que España afronta esta crisis, y de qué manera afectan al sector inmobiliario.

Por un lado, Fernández de Mesa destaca que España ha sabido corregir en los últimos años problemas y errores embrionarios de la crisis de 2008. En su opinión, la situación actual difiere en aspectos como el endeudamiento empresarial y familiar —muy inferior hoy con respecto a los niveles de 2008— y la fortaleza del sector financiero, «saneado, con músculo y con capacidad de préstamo.»

Otro diferencia positiva, señala Fernández de Mesa, tiene que ver con la postura del BCE y su plan de apoyo de 140.000 millones a España. «El BCE quiere evitar otra crisis de deuda y del euro,» señala.

Entre las debilidades con las que España afronta esta crisis, según Fernández de Mesa, destaca que el tejido empresarial del país está formado principalmente por pymes y microempresas, más vulnerables a este tipo de situaciones. Además, España partía en esta crisis con una tasa de desempleo alta: del 14% antes de la pandemia, que todo apunta llegará el 20% a finales de este año.

Finalmente, la debilidad más importante de España no tiene nada que ver con la Covid-19: el endeudamiento público ya se había disparado en 2019 y no se corrigió con el crecimiento registrado aquel año. El endeudamiento es el principal motivo por el cual Fernández de Mesa considera que la colaboración público-privada «no es solo necesaria, sino que es obligatoria.»

España necesita un Plan Estatal de Vivienda «coherente»

Si bien Fernández de Mesa coincide con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, en que la mejor política para gestionar los precios de la vivienda es aumentar la oferta, para que la receta funcione considera necesario que el plan sea «coherente»: sin limitar los precios para no limitar la oferta, sin intervención del Estado para no interferir en el mercado y, en coincidencia con Mendiluce, siendo siempre muy escrupulosos con la seguridad jurídica para incentivar la inversión privada.

Además, el CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria ha pedido pliegos «claros y transparentes» para que esa colaboración público-privada que propone el Gobierno funcione.

El sector inmobiliario, clave para la recuperación económica, del empleo y social

Los participantes en la XXI Jornada Anual del Club Inmobiliario ESADE Alumni también han coincidido en destacar que el sector inmobiliario es clave para la recuperación económica, tanto para la recuperación del PIB como del empleo y toda vez que la actual crisis —a diferencia de la anterior, como reconoce Juan Antonio Gómez Pintado— es ajena al sector.

Explica que la crisis en este caso es exógena al sector, que, por el momento, se ha visto «poco afectado» y actualmente funciona «casi al 100% de su capacidad productiva».

Además, el sector inmobiliario ha recuperado a más de la mitad de los trabajadores afectados por un ERTE —que fueron 26.000 personas de un total de 1,8 millones— y no ha registrado caídas significativas en los precios de las viviendas de obra nueva.

Admite Gómez Pintado, sin embargo, que estamos ante un «momento importantísimo para acelerar procesos de cambio» en el sector, especialmente los mencionados problemas estructurales que dificultan el acceso a la vivienda a familias vulnerables y jóvenes.

Gómez Pintado reclama además un plan de formación profesional que genere el «interés y la formación» que necesita el sector para asumir cambios como la economía circular, la descarbonización y que proporcione un entorno regulado y reglado y, sobre todo, que garantice la fuerza laboral necesaria para asumir los cometidos en el plan de vivienda y la renovación generacional en un sector que se enfrenta a la jubilación de más de un tercio de su fuerza laboral en apenas 15 años y que, en el contexto actual, se considera clave para la recuperación económica y social.