Los pisos para desahuciados de los bancos se alquilan al ralentí

La renta de entre 150 y 400 euros mensuales parece escasa, pero no lo suficiente como para que las entidades financieras al Fondo Social de Viviendas –uno de los instrumentos que puso en marcha el Gobierno presidido por Mariano Rajoy en 2013 para dar una salida al aluvión de desahuciados que, por entonces, se producían– hayan podido desprenderse de las casi 10.000 aportadas.

De no prorrogarse su vigencia, este fondo dejará de estar operativo en enero de 2017 y todavía existen 3.000 viviendas disponibles.

Apertura a más beneficiarios

El mismo número aproximado que se logró arrendar entre enero de 2013 y septiembre de 2015, y también una cantidad similar a las viviendas alquiladas en los últimos 12 meses, lo que demuestra que la medida tomada por el Gobierno en septiembre de 2015, de abrir el abanico a más beneficiarios, logró surtir el efecto buscado.

Inicialmente, el fondo se constituyó con casi 5.900 viviendas, con acceso limitado aquellos que hubieran perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de la hipoteca o que no tuvieran recursos suficientes para abonar el alquiler.

Los ayuntamientos tiran del carro

Pero, en mayo de 2014, se permitió que también pudieran acogerse a estas viviendas aportadas por los bancos los mayores de 60 años y los matrimonios o parejas de hecho sin hijos.

Además, también se previó que, al menos el 5% de estas viviendas, se destinasen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios. Y que, en lugar de realizar los contratos directamente entre el banco y los afectados, se hicieran a través de los ayuntamientos. La vía por la que se han colocado la mayoría de los inmuebles a través de 550 entidades locales.

Problema amortiguado, pero lejos de estar solucionado

A pesar de que, aparentemente, la situación de emergencia que, en relación a este asunto, se vivía hace cuatro años, se ha amortiguado notablemente, un dato remitido al Congreso de los Diputados por la Comisión de Control del Código de Buenas Prácticas (CBP) hace pensar que todavía el problema persiste.

Lo evidencia el hecho de que, en el primer semestre de 2016, se han registrado 4.000 solicitudes más que un año antes para para acogerse a las medidas del código.

Deudas inferiores a 50.000 euros

Las características de los préstamos contraídos por las nuevas familias que no pueden pagar responden a un tipo medio del 2,85%, con una vida media de 22 años. Y la cuarta parte, unas 1.000 solicitudes, son familias que adeudan menos de 50.000 euros.

El filtro para que la solicitud sea aceptada sigue dejando fuera a muchos solicitantes. De las más de 16.000 solicitudes cuya tramitación concluyó entre enero y junio, el 34% fueron denegadas por el incumplimiento de algún requisito.

23.000 lanzamientos suspendidos

 familiaDesde que en marzo de 2012 se firmara el convenio del CBP con la práctica totalidad de las entidades con actividad hipotecaria en España, han sido 40.000 las familias que han visto aliviada hipotecaria.

La mayoría, cerca de 34.000, a través de la reestructuración de la deuda, y los restantes 6.700 con acuerdos de dación en pago.Entre el fondo social y el código, la suspensión de los lanzamientos a través de moratoria hipotecaria ha sido otra de las vías de la que se han beneficiado casi 23.000 familias en los últimos cuatro años.