La Justicia teme un nuevo colapso por casos como el del IRPH

La ingente cantidad de recursos de apelación sobre asuntos hipotecarias que llegan a las secciones mercantiles está comenzando a desbordar a la Audiencia Provincial de Madrid  Las conclusiones del Abogado General de la Unión Europea sobre la comercialización de hipotecas referenciadas al IRPH han dado algo de optimismo a  los más de un millón de afectados por la firma de este tipo de préstamo, pero han puesto en alerta a la Justicia española. 

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Pablo Gónzalez, ha advertido de que la Justicia «no está preparada» para sumir este tipo de litigios en masa.

«El Ejecutivo debe articular mecanismos alternativos para evitar las demoras y los gastos innecesarios de los ciudadanos», ha aseverado durante la presentación de la Memoria anual de esta sede judicial correspondiente al año 2018.

En el caso de las hipotecas referenciadas al IRPH, las asociaciones y compañías dedicadas a servicios legales recomiendan ir prepararando las reclamaciones hasta tener la sentencia definitiva, lo que podría suponer que, una vez conocida (se espera el fallo definitivo en 2020) los más de un millón de afectados reclamarán lo correspondiente ante la justicia. 

La Audiencia reclama más magistrados

La Audiencia madrileña constituye el tribunal más grande de España con 146 magistrados y 30 secciones, quince de la jurisdicción civil y quince en la jurisdicción penal. Las secciones civiles cuentan solo con siete magistrados, una cifra «insuficiente» ante la avalancha de recursos sobre condiciones generales de contratación (4.000 más respecto al 2017).

En cuanto a sus demandas, González ha reclamado más magistrados en secciones penales y civiles, más equipos psicosociales para las secciones de familia y la implantación del expediente digital, ya que considera que se está «muy atrasado» en este aspecto.

Durante 2018, la cifra de asuntos ingresados en las secciones penales aumentó 564 asuntos, ya que en 2017 se registraron 32.877 asuntos y en 2018 33.441, aumentando un 1,71 por ciento. La memoria destaca que la situación es «óptima» ya que cuenta con un tiempo de respuesta de 1,82 meses, si bien la carga de trabajo continua siendo muy alta.

«La lentitud es un estereotipo y no se puede aplicar a todas las secciones», ha destacado Juan Pablo González en referencia a la jurisdicción penal, quien ha detallado que un magistrado al año puede firmar cerca de 1.200 resoluciones de asuntos penales, unas seis al día (tres sentencias y tres autos).