El Gobierno cede ante el CGPJ y aprueba la Ley de Vivienda con cambios para aclarar competencias

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, con un mes de retraso respecto a lo previsto, la remisión inmediata al Congreso del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda para su tramitación por la vía de urgencia, pero finalmente ha acabado cediendo al incluir «matices» a varios preceptos y puntos de la ley para aclarar el aspecto competencial de la norma tras el informe crítico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo ha confirmado la propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que tras analizar con «detenimiento» el informe se han incluido «algunas observaciones y consideraciones» de mejora para aclarar «ciertos conceptos y el entendimiento entre las competencias del Estado y las CCAA», haciendo referencia a la clarificación en determinados preceptos y artículos donde entra la normativa autonómica, en caso de que se apruebe por parte de las CCAA.

Fuentes del Ministerio explica a Economía Digital que los cambios son «matices que se han incorporado en todo el proceso, atendiendo también al proceso de información pública y a las alegaciones de otros ministerios», y de ellas «algunas coinciden también con algunos comentarios del CGPJ». La ministra ha indicado, no obstante, que el ámbito del informe del CGPJ debía circunscribirse solo a tres artículos referidos a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La semana pasada la ministra de Transportes dejó entrever que no se incluirían cambios en la norma y defendió a ultranza la seguridad jurídica y el cumplimiento legal de la norma a pesar de las críticas recogidas en el informe del CPGJ, pero finalmente sí se han introducido pequeños cambios aclaratorios, sobre todo en lo referido al ámbito competencial.

Los cambios introducidos: claridad competencial y coordinación entre administraciones

Según Sánchez, las modificaciones introducidas «no son de carácter sustantivo», si bien ha detallado que las interpretaciones se refieren a cuestiones para clarificar el entendimiento de por qué el Estado tiene competencias para regular esta materia, en virtud del artículo 149 de la Constitución.

Así las cosas, se han añadido «mejoras y referencias» a la legislación autonómica en materia de vivienda para la aplicación de medidas en la exposición de motivos y la disposición final sexta del anteproyecto, de forma que se clarifica y especifica que se tiene que tener en cuenta la legislación autonómica. «Reconocemos expresamente el principio de cooperación en el que se basa el Estado y se identifican los órganos de cooperación a los que se refiere el artículo 21», ha ahondado.

En este sentido, se clarifica y refuerza la coordinación entre las administraciones y, en definitiva, se trata de aclaraciones que ayuden al «respeto» entre las competencias del Estado y las CCAA que incidirán en la «claridad expositiva y la técnica normativa» de la ley.

El informe del CGPJ

Los cambios de menos calado introducidos en la norma se han producido después de que el pasado jueves el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobase por mayoría, con 15 votos a favor y seis en contra, el informe crítico con el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno, del que fueron ponentes los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas tras el rechazo al primer informe del vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta.

El informe, de carácter preceptivo pero no vinculante, cuestionaba la invasión de competencias autonómicas en la que incurre la norma del Gobierno y la intromisión en el derecho a la propiedad privada, al tiempo que critica el “farragoso” límite a los precios de alquiler. El documento ve en la nueva Ley de Vivienda un “problemático encaje en el orden constitucional de competencias” al recordar que la política de vivienda es una materia de titularidad autonómica.

En cualquier caso, Sánchez ha repetido que la norma «no invade ninguna competencia autonómica» y, de hecho, ha recordado que el Estado tiene competencia exclusiva a la hora de garantizar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos, reconociendo las competencias de las CCAA en la materia y poniendo a su disposición «todos los instrumentos».

Ione Belarra carga contra los fondos de inversión y grandes propietarios

Por su parte, la secretaria general de Podemos y actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha celebrado la aprobación de la norma para dejar atrás el boom y las «burbujas inmobiliarias», a pesar de ser «muy difícil»por los «intereses económicos y políticos muy fuertes». Ante la actual burbuja del alquiler que ha supuesto entre 2015 y 2020 un alza de los precios de alquiler de hasta un 50%, ha defendido la norma al haberse beneficiado principalmente los fondos de inversión y los grandes rentistas.

En este sentido, ha cargado contra «los propietarios que viven del alquiler por muchas viviendas que han heredado y que no trabajan». También ha criticado que durante «muchos años» en el sector inmobiliario se haya trabajado con «la ley de la selva, sin ningún tipo de regulación». «El Gobierno tenía la obligación, para muchos ha sido la gallina de los huevos de oro y también el fracaso de muchas economías familiares que se han visto enormemente comprometidas al dedicar una parte muy importante de los ingresos a pagar el alquiler y las hipoteca», ha enfatizado.

Belarra ha incidido sobre todo en la relevancia de las medida de obligar que un 30% de las viviendas se dirijan a la vivienda protegida y, de ello, un 15% al alquiler social, una medida «fundamental» para construir un parque público de vivienda. La ministra ha subrayado que se «reequilibra» la balanza porque la ley «protege a los inquilinos, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios» en la garantía del derecho a la vivienda consignado en la Carta Magna.

El Gobierno pide apoyo: baraja reducir el plazo de 18 meses para los índices de precios

Tanto la ministra Raquel Sánchez, del ala socialista, como Ione Belarra, de la facción de Unidas Podemos, han mostrado su predisposición a trabajar para recabar los apoyos parlamentarios suficientes que permitan culminar con éxito la tramitación de la norma por el procedimiento de urgencia, aspecto para el que han pedido el apoyo de todos los grupos.

Ante las reticencias de varios de los socios habituales del Gobierno al periodo máximo de 18 meses fijado en la norma para establecer el sistema de índice de precios de referencia que permita a las CCAA limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, Sánchez ha aclarado que se trata del «periodo máximo que no necesariamente tiene que agotarse» pero, en cualquier caso, ha avanzado que se intentará reducir «si es posible».

Con todo, ha apuntado que hay que tener en cuenta que la fijación del sistema acarrea «cierta complejidad», ya que hay que recabar la información y no todas las regiones disponen de esos datos. Belarra ha tendido su mano para «trabajar, escuchar y seguir mejorando la ley, que siempre es posible, para alcanzar la mayoría lo antes posible», si bien ha insistido en que la norma es «muy urgente».

La ministra de Derechos Sociales ha pronosticado que «seguramente muchos dirigentes del PP» acabarán aplicando la norma una vez se apruebe, ya que tendrán que rendir cuentas si en sus regiones no disminuyen los precios del alquiler y sí en otras autonomías como la Comunidad Valenciana, Cataluña o Baleares que opten por aplicarla. En este sentido, ha recordado que el exalcalde de Badalona, el ‘popular’ Xavier García Albiol, reguló los precios del alquiler en el municipio bajo el paragüas de la normativa catalana.