El nuevo decreto sobre vivienda subleva al sector inmobiliario

El decreto ley sobre alquiler y vivienda aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante el Consejo de Ministros de este viernes no ha gustado al sector inmobiliario. La razón, las medidas relativas al sector inmobiliario, que amplían los plazos y regulan el precio de los pisos de alquiler, protegen la vivienda habitada frente al inmueble vacío y limitan la gestión de las viviendas turísticas, entre otros.

El asesor del fondo Blackstone, Claudio Boada, ha expresado su desaprobación ante el decreto, que ha definido como discriminatorios hacia los operadores profesionales del sector del alquiler. Boada cree que las nuevas medidas provocarán un aumento de los precios del mercado y una la reducción de la oferta, y, por tanto, complicarán la adaptación de los inquilinos y de aquellas familias que dependen del mercado del alquiler.

Desde Blackstone se quejan de los frecuentes cambios a los que se ha sotmetido la normativa que regula la vivienda, un hecho que incrementan la inseguridad de jurídica del alquiler. Actualmente, el alquiler es la fuente de ahorros para 4 millones de familias, y la alternativa vital de 10 miliones de inquilinos, y Boada cree que una situación de inseguridad jurídica en el mercado podría afectar no solo a propietarios e inquilinos españoles, sino también a la inversión extranjera.

Acorde con estas declaraciones, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid han afirmado que los precios de los inmuebles podrían subir a corto y medio plazo, e incluso retirar algunos pisos del mercado. El portal inmobiliario Idealista secunda esta idea y cree que las regulaciones del decreto motivarán a los titulares de los pisos a salir del mercado.

Gustavo Rossi, presidente del portal Alquiler Seguro ha criticado las medidas por ser «cortoplacistas» y considera «insostenibles» los recientes cambios en la normativa. Rossi ha pedido al Gobierno que rectifique y trabaje en una «situación de consenso». En una línea distinta, el asesor inmobiliario Fotocasa opinan que, para resolver el problema del sector inmobiliario en España, el Gobierno debería premiar con incentivos fiscales aquellos arrendadores que ofrezcan precios asequibles y medidas que estimulen el acceso al alquiler.

¿Qué medidas plantea el nuevo decreto-ley sobre vivienda?

En ocho meses, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende crear un índice estatal de referencia sobre el precio de las viviendas en alquiler, para poder hacer un seguimiento del mercado de cara a posibles medidas fiscales, sin que eso signifique la creación de sistemas de regulación.

El decreto amplía la prórroga obligatoria de los contratos a cinco años o a siete si se trata de una persona jurídica, y se amplía el período de aviso previo a cuatro meses por parte del propietario y a dos meses para el inquilino. En cualquier tipo de contrato, se limita la subida anual de la renta al IPC. También se facilita el acuerdo entre propietarios e inquilinos para poder hacer reformas y subir el precio de la renta durante la vigencia del contrato.

Los pisos vacíos deberán enfrentarse a un gravamen sobre el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), mientras que las viviendas habitadas recibirán una bonificación del 95% del mismo, siguiendo la jurisdicción que acuerden los Ayuntamientos y eliminando el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual. En caso de deshaucio, deberá especificarse la fecha exacta de éste, y los servicios sociales deberán proteger a los desahuciados en caso de vulnerabilidad y agilizar el proceso.

Además, el Gobierno da preferencia a las Administraciones Públicas en la adquisición de un inmueble con arrendamientos en venta, y modifica los términos de la Ley de Arrendamientos Urbanos referente a los pisos turísticos para que los regulen las CCAA. Se añade, además que sea una mayoría de tres quintas partes de las comunidades de propietarios quienes limiten estas viviendas.