Y si se suspende la autonomía de Cataluña, ¿qué pasa?
El Gobierno central –vamos a recuperar poco a poco el lenguaje que el nacionalismo ha tergiversado—se está tomando las cosas en serio. Además de las palabras de Mariano Rajoy, en las que ha dejado claro que aplicará «los instrumentos políticos y jurídicos» a su alcance, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha contactado con todos los grupos políticos para informarles de la situación en Cataluña. La idea es aplicar la ley, sin aspavientos, pero con determinación.
Una de las curiosidades –aunque se trata en realidad de una grave anomalía—es que en los debates públicos en Cataluña es de buen gusto criticar también al Gobierno del Reino de España si se vierte un acerado reproche al Gobierno de la Generalitat. Así se compensa. Es decir, si se critica que el independentismo está cometiendo excesos, se debe decir también que Mariano Rajoy es un inmovilista.
Pero, ¿qué ha ocurrido? Es cierto que Rajoy no es precisamente el más rápido del lugar. Y que, propio de un dirigente político conservador –él hace gala de ello y está bien que lo haga, porque esa es su principal característica y no engaña a nadie—no ha actuado con propuestas activas para solucionar el problema catalán. Lo más importante, sin embargo, es saber diferenciar y tener claro que Rajoy no ha vulnerado la legalidad. Ha actuado con una premisa: no empeorar las cosas.
El independentismo, en cambio, ha ido alimentando su propio relato. Y se cree firmemente todos los agravios que, supuestamente, ese ente extraño al que se llama Madrid ha ido imponiendo a Cataluña. Lo más grave es que ha sido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el que ha abanderado ese movimiento.
Y el cambio sustantivo ahora es que Rajoy ha querido ir acompañado del resto de dirigentes políticos españoles. También es verdad que ni Pedro Sánchez, ni Albert Rivera ni tampoco, pese a sus diferencias, Pablo Iglesias, pueden ni quieren permanecer en un segundo plano.
Ya no se trata de quien aprovecha electoralmente la defensa de una posición firme contra el independentismo, sino de ir juntos, precisamente, para que nadie lo utilice como un arma arrojadiza. Y eso, la verdad, es un gran avance.
Rajoy, Sánchez y Rivera –en menor medida Iglesias, pero se deberá ver tras los encuentros que se mantendrán este viernes— están convencidos de un hecho: primero cumplir la ley, y actuar en consecuencia. Con mesura, pero sin claudicar. Luego, ya se verán las fórmulas para encauzar el problema político.
Si eso pasa por suspender la autonomía, se deberá aplicar. ¿El coste? Todos lo deberán asumir, aunque, ciertamente, como dice Rivera, la sensatez indica que no se debería llegar a ese extremo.
El problema es la propia perversión del movimiento independentista: ¿es eso lo que pretenden, una reacción del Gobierno tras una acción como una declaración de ruptura con España sin ningún precedente? Y después, ¿una acción tras la reacción del Gobierno? El sentido común indica que no se llegará a eso.
