Y luego le llaman justicia…

El 9 de mayo de 2006, un juez intervino una empresa llamada Afinsa. No fue la única. Con aquella orden también se intervenía Fórum Filatélico. Ambas compañías habían perpetrado en España el verdadero timo de la estampita, y no en sentido figurado precisamente.

Muchos españoles de diferente signo y condición (como pasó años antes con Gescartera) habían depositado sus ahorros en una compañía de inversión que tenía los activos filatélicos como principal especialidad. Fueron unos sinvergüenzas más de los que pululan por nuestra sociedad que llevaron a cabo una estafa piramidal basada en los sellos. Ayer, ochos años y unos meses después, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz les ha condenado a 15 años de inhabilitación para el cargo de administradores de empresas y a restituir el agujero de 1.825 millones de euros que generó la empresa Afinsa.

Fueron unos 150.000 los clientes que perdieron parte o del todo sus ahorros. No es una cifra menor. Estos macroprocesos judiciales suman demasiado papel y destilan poca justicia. Con todo el respeto por la labor y la tarea de los jueces, parece una broma que alguien que ha perdido sus ahorros sepa, al cabo de más de ocho años, que quienes fueron responsables de ese desaguisado son condenados a una pena casi simbólica y que, de lo perdido, no verán ni un euro, o prácticamente.

Por tanto, es difícil comprender que algunos se quejen de que el Tribunal Constitucional pueda emitir un veredicto en unos meses. Eso es casi alta velocidad, urgencia. Lo de los sellos y los timadores, en cambio, es una muestra de que nuestro sistema jurídico vive demasiado atrofiado. Por más que nos empeñemos en llamarle justicia, con esos calendarios no lo será jamás.