Ética social del catalanismo político
El proyecto independentista catalán se vende como una salida para mejorar, pero deja sin responder muchas preguntas que acucian a toda Europa
Una parte del conflicto político que vive Cataluña tiene que ver con el movimiento independentista y otra con una profunda transformación de la sociedad europea. Todo va unido, pero lo segundo es más relevante y ofrece pistas sobre lo que va a determinar el debate social y político en Occidente en los próximos años.
Los catalanes no son más demócratas que los españoles, ni mas espabilados, simplemente han encontrado un argumento global, una idea fuerza que ha actuado como catalizador de problemas más complejos. Van un poco avanzados, pero no han descubierto la sopa de ajo.
El culpable más cercano
Muchos catalanes viven España como un problema y creen que se trata de un Estado fracasado. En cualquier caso es nuestro Estado de referencia y parece lógico que la frustración y el desconcierto se concentren en señalar los defectos de la actual política estatal, aun sabiendo que el problema es general y que afecta en similar medida al conjunto de los países democráticos.
Pongamos, pues, sobre el papel tres elementos que están modificando la percepción del concepto de Estado-nación y del Estado del bienestar.
Primero. La idea de un Estado piramidal que administra la información y los servicios de manera vertical, aceptando como una verdad incuestionable que su carácter provisor está directamente relacionado con los recursos disponibles, ha saltado hecha trizas cuando la tecnología disminuye linealmente los ingresos públicos.
La información permite opinar libremente sobre la gestión pública y el crédito personal que hemos otorgado al Estado para administrar educación, sanidad y jubilación está en peligro.
La idea de un estado piramidal que administra la información ha saltado hecha trizas
Segundo. La idea de democracia se empequeñece si la capacidad de participación de los ciudadanos es tecnológicamente inmediata pero no se utiliza en la medida que el sistema educativo que debería garantizar la madurez política de los mismos no es demoscópicamente fiable.
Tercero. A la transición digital que crea una barrera generacional hay que superponerle una segunda disrupción determinada por el conflicto entre una parte de la sociedad que vivió la construcción del Estado del bienestar después de grandes conflictos bélicos frente a otra que lo da por supuesto sin cuestionarse la fragilidad del modelo.
Reestructuración social y tecnológica
Estos tres elementos han creado un colapso de gestión y un colapso democrático que, convenientemente argumentado sobre la base del “solos lo resolveríamos mejor”, suponen una ilusión insoslayable para muchas personas.
Podemos debatir el conflicto catalán desde cualquier perspectiva, incluso repensar el catalanismo como un espacio de consenso y no de disenso, podemos buscar soluciones jurídicas al colapso actual, pero si dejamos de lado los puntos anteriores no resolveremos el problema de fondo porque nos instalaríamos de manera fija en el limbo de las esperanzas sin afrontar los problemas reales.
Las nuevas tecnologías son un lenguaje en sí mismo sobre el que hay que educar
Hay que educar en el entorno de las nuevas tecnologías porque mas allá de su valor como espacio de acceso a la información son un lenguaje en si mismo.
Por ello sorprende que a tantas escuelas, con cierta complicidad editorial, les cueste dar el paso necesario para introducir el uso de internet (y de las redes sociales) como recurso educativo básico. No desarrollar una pedagogía de la red significa retrasar innecesariamente la regulación ética y prescriptiva (que no legal) que requiere el mundo virtual.
Hay que repensar las estrategias fiscales del siglo XXI con el objetivo de cumplir escrupulosamente con el pacto implícito que supone el hecho que cada trabajador haya adelantado un crédito financiero al Estado. Debemos aplicar una tasa fiscal al rendimiento de la tecnología en la medida que sustituye al trabajo personal.
Hay que pactar los principios básicos de convivencia (lo que en términos generales llamamos bases constitucionales) periódicamente, renovándolos e incluyendo progresivamente aquellos elementos que, de común acuerdo, formen parte de la evolución del contrato social entre el Estado y los ciudadanos.
El problema catalán deberá resolverse en un contexto europeo de renovación del contrato social con el Estado
Si todo ello se defiende mejor o no desde una Cataluña independiente está por ver pero, de momento, se habla poco de ello. En cualquier caso son cuestiones relevantes que deberán resolverse en el contexto europeo con independencia del conflicto territorial.
Este debate puede anticiparse en Cataluña porque existe una conjunción de elementos particulares como la ubicación territorial, la singularidad lingüística, la tradición jansenista y una proyección cosmopolita que aparentemente la distinguen de España. El resto es pura vanidad.