«Walk the talk»: los retos de la política energética para el nuevo Gobierno
La política energética y la transición ecológica constituyen, sobre el papel, una de las prioridades del nuevo Gobierno. Por primera vez, las competencias se han situado en una Vicepresidencia de nueva creación, encabezada por Teresa Ribera, en reconocimiento al éxito de organización con motivo de la celebración de la COP25 el pasado mes de diciembre en Madrid.
«Mientras la Comisión Europea ha convertido la financiación climática en uno de los ejes de actuación de su Pacto Verde, en los planes del Gobierno español se echa en falta una atención semejante a los mecanismos de financiación y los detalles concretos»
En una de sus primeras medidas, en su reunión del pasado 21 de enero, el nuevo Gobierno declaró la «emergencia climática», comprometiéndose a adoptar treinta líneas de acción prioritarias en la lucha contra el cambio climático, cinco de ellas en los primeros cien días.
La declaración de emergencia climática parte del consenso científico sobre los efectos del calentamiento global en el planeta, para definir a continuación un «proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política».
Entre las medidas anunciadas en el corto plazo, el Gobierno prevé la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, «con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050», presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la creación de una «Asamblea Ciudadana del Cambio Climático», que «contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes», y finalmente, la aprobación de «Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento».
El Gobierno configura así un importante conjunto de compromisos en el largo plazo: la «neutralidad climática en 2050» implica un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de vehículos con «emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro recorrido», y un sistema agrícola neutro en emisiones de CO2. El reto para conseguir esta transformación de los modelos productivos, por el lado de la oferta, y de los patrones de los consumidores, por el de la demanda, es sencillamente colosal. Basta señalar que el parque de vehículos en España asciende en la actualidad a 30 millones, mientras las ventas de vehículos eléctricos (de los cuales ahora mismo ninguno cumpliría con los requisitos de cero emisiones) es de apenas unas 10.000 unidades al año.
El verdadero reto para el Gobierno es acompañar la batería de compromisos a largo plazo, con medidas concretas que permitan recorrer los primeros años de la transición ecológica, que desde el punto de vista coste-beneficio son los más exigentes. Mientras la Comisión Europea ha convertido la financiación climática en uno de los ejes de actuación de su Pacto Verde, en los planes del Gobierno español se echa en falta una atención semejante a los mecanismos de financiación y los detalles concretos. De acuerdo a los últimos datos publicados por Eurostat, España cerró 2018 con un 17.4 por ciento de participación de las energías renovables en el consumo final de energía, lejos del objetivo del 20% previsto para 2020, cuyo cumplimiento está por tanto en riesgo. El Gobierno no ha desarrollado todavía la reglamentación técnica del real decreto de autoconsumo eléctrico, sobre el que los responsables del Ministerio muestran un entusiasmo muy por debajo de la efervescencia de sus objetivos a largo plazo, a pesar del papel decisivo que el autoconsumo está llamado a tener en el crecimiento del sector renovable en los próximos años. El retraso en las subastas eléctricas refleja también una situación estructural del sector, más que un problema puntual: a pesar de que en 2019 se añadieron al sistema unos 6.500 MW de potencia renovable nueva, la participación de las energías limpias en el mix de generación cayó hasta el 37.5% de la demanda (frente al 38.5% del año anterior), mientras el gas natural ocupó el hueco térmico hasta ahora reservado al carbón. Después del acuerdo del Gobierno con los operadores eléctricos, la generación nuclear no cerrará hasta el período 2030-2035, lo que implica que en los próximos años el recorrido al alza de las energías renovables estará severamente limitado por la evolución de la demanda eléctrica. Basta señalar que en España hay más de 110.000 MW de potencia eléctrica instalada, frente a un pico de demanda que apenas supera los 40.000 MW (y cuyo máximo histórico, en 2008, fue de 45.000 MW).
El Gobierno, hasta ahora, ha anunciado ambiciosos planes en el largo plazo. La duda es si se quedará ahí, o los acompañará de medidas concretas en los próximos años. Si, como dicen los ingleses, el Gobierno está dispuesto a caminar en la dirección de sus proclamas («walk the talk») o le basta con navegar en las aguas de las promesas. El reto de la transición ecológica es colosal: pero por algún sitio habría que empezar si de verdad queremos llegar al destino.
