Votar en defensa propia
El error de Pedro Sánchez, jactándose de su control sobre la Fiscalía General del Estado, da bazas a Carles Puigdemont
Pasear en libertad por las calles. Transitar sin amenazas por las carreteras. Expresarse en cualquiera de los dos idiomas oficiales de Cataluña (artículo 6.2 del Estatut), que no se manipule la historia y que la lengua y la ideología no sean un impedimento para los inversores, creadores de empleo. Que los comerciantes que no quieran vivir sometidos al régimen nacionalista no tengan que echar la persiana de su negocio.
Lo que parece una carta petitoria no es más que la descripción de la anomalía democrática que padece una de las comunidades autónomas de España que está echando a perder todo su capital económico y cultural por culpa de las ensoñaciones rupturistas.
Si el gobierno en funciones ha reconocido estos días su preocupación por la alteración del orden este fin de semana (en la jornada de reflexión y el día de las votaciones) es debido a su conocimiento del plan que tienen las tropas de los CDR y Tsunamis para reventar la convivencia y el libre derecho a votar de los ciudadanos.
Porque sabe que el foco desestabilizador podría estallar si no existen los refuerzos policiales, con órdenes precisas de intervención, para impedir que la amenaza y el caos de los reventadores totalitarios campen por sus respetos. El grado de inquietud es máxima después de haber trascendido la declaración de los CDR detenidos ante el juez.
Los acusados de terrorismo reconocieron que su plan violento de asaltar el Parlament estaba ordenado por Quim Torra. Si la Generalitat mueve los hilos de los CDR, el poder catalán, que ya intentó dar un golpe a la Constitución, sigue al frente de la revuelta. En las instituciones, las universidades y la calle.
Estábamos con estas inquietudes sobre el 10-N, persuadidos de que la gestión sobre los acontecimientos en Cataluña podían influir en el resultado de las elecciones cuando Pedro Sanchez entró en escena como un elefante en una cacharrería. Los estudios demoscópicos (todos menos el Cis de Tezanos) habían detectado movilización de voto después de la última semana violenta de Cataluña.
Pedro Sánchez se comprometió a traer de vuelta a Puigdemont, una decisión que todo el mundo sabe que no le compite menos él
Pero Sanchez, de un plumazo y con un par de frases, se ha cargado esta semana el trabajo que el Estado había estado realizando durante dos años para extraditar al prófugo Puigdemont. Desbordado por las maniobras de la Generalitat insurreccional, se comprometió en el debate de televisión a traer de vuelta al huido de la justicia. Una decisión que, como todo el mundo sabe menos él, no le compite.
Y puso la guinda al disparate, en la radio pública, al jactarse de tener controlada a la Fiscalía General del Estado. Como si fuera la Abogacía a la que dar órdenes de rebajar delitos y poder destituir al primer Edmundo Bal que se le pusiera por delante. La Fiscalía es poder judicial. Pero no es poder ejecutivo. Su máximo representante es nombrado por el gobierno.
Pero no se trata de una institución de su propiedad. Aparte de la indignación de las tres asociaciones de fiscales por la apropiación indebida de Sánchez, que se toma a sí mismo como si fuera el jefe del Estado, sus torpes declaraciones han dando una baza muy golosa al propio Puigdemont, instalado en su propaganda contra España. La credibilidad de la Fiscalía, touchée.
La imagen de la separación de poderes, también. Sanchez se metió en un lío. Y, de paso, involucró a todo el país. No se recuerda a un presidente (ni siquiera en funciones) que haya sido víctima de tan insaciable arrogancia hasta llegar a presumir de que la Fiscalía General del Estado también le pertenece. Su continuos mensajes contradictorios reflejan su descontrol.
Su intento de corrección en términos genéricos aludiendo a su cansancio, no fue creíble. En cuestión de diez días pasó de presumir de que el poder ejecutivo “afortunadamente” nada tenía que ver con las decisiones judiciales a jactarse de que la Fiscalía estaba a sus órdenes.
Con esta inconsistencia argumental huye de cualquier pronunciamiento sobre alianzas postelectorales. Su inacción durante los días más violentos de Barcelona fue interpretada como un gesto hacia sus posibles socios independentistas.
Se trata de elegir entre progreso y libertad o regresión y caos
Para no contrariarlos. Por eso en el debate de televisión no rechazó descartar pactos con ERC o dejarse apoyar por Otegi. Y en consecuencia, su anuncio de recuperar el delito del referéndum secesionista, que derogó en su día Zapatero, fue acogido con descreimiento.
El foco desestabilizador de Cataluña influye en el estado de desasosiego que vive todo el país. Con la idea de que el Estado deberá hacerse respetar en Cataluña (después de tantos años de incomparecencia física y argumental), Ciudadanos va desplomándose en las encuestas.
Y sigue subiendo Abascal, conteniendo el despegue de Casado. Se trata de elegir entre progreso y libertad o regresión y caos. Lo dice Rosa Díez, subida al carro del PP. Hasta los más desencantados tendrán que admitir que en ocasiones como ésta, hay que ir a votar en defensa propia.
Si volvemos a tener un gobierno rehén de partidos que planean romper el Estado democrático, seguiremos instalados en el polvorín.
