El presidente de La Caixa y de la CECA, la patronal de las cajas de ahorros españolas, ha sido uno de los grandes protagonistas silenciosos de las reformas que sobre el sector financiero se van a introducir en breve. ¿Pretensión? Para el Gobierno, los cambios anunciados el lunes intentaban acallar las voces críticas con estas entidades de crédito que desde los mercados internacionales claman insistentemente por su falta de transparencia y alta exposición a la burbuja inmobiliaria. Para el sector –defendido por Isidro Fainé– se trata de dejarse las mínimas plumas necesarias en esta inevitable transformación, que desde hace años patrocina el potente lobby bancario.
Las cajas han sido durante años tanto un lastre como una virtud y, sobre todo, una singularidad española. Lastre porque han permitido la injerencia política (véanse los casos de Caja Castilla la Mancha), el nepotismo clientelar (por ejemplo, en Cajasur, que estuvo controlado por la Iglesia cordobesa) o situaciones intermedias (los escándalos del presidente de Caixa Girona) pero que tomaban un poco de ejemplo de las anteriores, y que eran las más extendidas. En ese segmento habría que inscribir a una buena parte de las catalanas.
Pero estas entidades financieras, distintas de los bancos en que no tienen propietarios en sentido clásico, capitalista, han constituido una virtud en términos de competencia bancaria (lo que ha obligado a sus competidores a aguzar el ingenio) y han ayudado al Estado subrogándose vía obra social algunas de las responsabilidades atribuibles a las administraciones públicas en planos como la cultura, la atención a la tercera edad, la discapacidad, el patrimonio arquitectónico…
Con el diseño que la vicepresidenta económica Elena Salgado explicó el lunes, las cajas no volverán a ser lo que eran. Podrán mantener su nombre, pero la suerte está echada. El jueves La Caixa, la líder del sector, la que marca las pautas al resto de instituciones de crédito, tratará en su consejo de administración la conversión en banco. No figura expresamente en el orden del día de la convocatoria que los consejeros han recibido para invitarles a la tradicional reunión. Al contrario, se les cita para conocer unos informes del presidente, del director general y, por supuesto, para requerirles la aprobación de las cuentas de 2010. Pero nadie en ese consejo duda ya de que el asunto se aborde e, incluso, de que se adopte una resolución en firme.
Los consejeros de La Caixa estaban esperando cómo resolvía Salgado la crisis. A la vista de las decisiones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha adoptado, la decisión en las torres negras de la Diagonal es obvia: si la regulación legislativa se ha hecho para bancarizar a las cajas, la lógica lleva a pensar que la primera entidad del sector, y cuyo presidente ha negociado en nombre de todos los cambios, será la más fervorosa defensora de los acuerdos alcanzados.
Fainé ha conseguido una victoria pírrica: las cajas seguirán con transformaciones más que cosméticas. El modelo, convenientemente mutilado, proseguirá frente a quienes tenían en su punto de mira la definitiva desaparición de las cajas.
Ahora serán bancos, se gestionarán como tales y el gobernador del Banco de España tendrá menos recato a la hora de aplicarles cirugías invasivas. Su perfil político quedará más desdibujado. Los virreinatos de los partidos, las administraciones locales y las autonómicas son de tal magnitud que ni la última ley ha conseguido erradicarlos (véase la composición del consejo del SIP de Caja Madrid, por ejemplo) . Esta reforma sí parece que tranquilizará a los mercados y a quienes consideraban que al excelente modelo español de cajas le hacía falta remozarse en serio.
