Vamos de compras al Sincrotrón
Ha saltado la alerta entre las patronales del pequeño y mediano comercio de Catalunya por el anuncio de la creación de diez planes directores estratégicos impulsados desde el Departamento de Territori que tienen por finalidad básica, digámoslo claro, sacarse del encima el máximo de metros cuadrados de la gran propietaria de suelo que es la Generalitat, gracias a Incàsol.
Esta necesidad perentoria de ahora, obligada por la situación de caja vacía de la Generalitat, podría provocar que se cayera en graves errores de consecuencias económicas nefastas. Sobre el tema de la planificación de urbanismo comercial me ha tocado muchos años llevar esta cuestión. Primero, diez años desde el Parlament, y después siete años desde el Gobierno.
La lucha por un mercado libre de verdad y, por lo tanto, con reglas, siempre se ha hecho en contra de las presiones de los grandes grupos comerciales que tienen voluntad de oligopolio y de las presiones urbanizadoras: del lobby formado por promotoras inmobiliarias; ayuntamientos de todos los signos, obsesionados con crecer territorialmente y a la vez cobrar más impuestos y recibir en especie de las empresas implantadas; la inversión para urbanizar la expansión; y la Conselleria, que en todos los Gobiernos ha defendido los intereses expansionistas urbanos, en concreto la de Territori.
Hay una premisa que se tiene que esclarecer previamente para saber el signo de un Gobierno. ¿Quién marca la política de promoción económica?, ¿Las consellerias productivas? ¿O las consellerias del tocho?, con todo el respeto por los albañiles. Porque está claro que las decisiones sobre la prioridad de implantaciones urbanas comerciales, o sobre
implantaciones de industria y tecnología o logística tienen consecuencias diferentes. Y muy elementales de entender por todo el mundo. No es lo mismo que junto al Sincrotrón se priorice la instalación de industrias y centros tecnológicos o que se llene de supermercados.
En el negocio de comprar y vender, para saber qué aporta en un país, hay que responder a dos preguntas: a quién se compra y a quién se vende. Si el comercio va destinado a vender al mercado interior está claro que la demanda
es rígida demográficamente y que sólo oscila en función de la bonanza económica.
Esto quiere decir que todas las teorías burdas de que una gran superficie creará muchos puestos de trabajo, no dicen que por cada puesto creado en una gran superficie, se pierden dos o tres en el comercio de proximidad. Comparen ustedes el número de trabajadores autónomos y asalariados que viven de una gran superficie cooperativa como es un mercado municipal con decenas de microestablecimientos, con el número de trabajadores que tendría la misma superficie en metros cuadrados en manos de un solo propietario. Por lo tanto, las nuevas implantaciones destinadas al mercado interior se limitan a repartir, de otro modo, un pastel inelástico.
Cuando el mercado al cual va destinada la nueva implantación es un mercado exterior, por ejemplo de turistas, o de visitantes puntuales, tiene perfectamente lógica. Por eso, personalmente tampoco comparto la crítica global a todo tipo de implantación periurbana. En su momento, por ejemplo se habían previsto implantaciones de outlets y superficies de atracción en las fronteras de Catalunya, principalmente con Francia, y en un segundo estadio en las principales vías de comunicación con Aragón y Valencia. Sólo viendo los miles de compradores franceses que atraviesan diariamente la frontera para acceder en La Jonquera o al Pas de la Casa entenderán de qué les hablo.
La necesidad de consenso parlamentario, hizo rebajar este planteamiento, que tenía toda la lógica porque no iba destinado a repartir el pastel ya existente, sino a ampliarlo. En el mismo sentido hay algún tipo de outlet que está especializado en cliente turístico y, por lo tanto, tiene un cierto sentido.
Preguntémonos, ahora, de dónde compran las grandes superficies. Los grandes grupos comerciales ayudados por unas leyes que permiten las morosidades más bestias de Europa, actúan de oligopolios ante los proveedores. La carencia de sostenibilidad que arrastran la mayor parte de artículos por su gasto energético de transporte, por las dudosas condiciones sociales de producción, por los dudosos controles de seguridad del producto por la carencia de normativa europea seria de trazabilidad, hacen que las grandes implantaciones, no sólo sean un problema para el cliente local, –que se ve sometido a precios de cártel– sino para los productores locales, que son exprimidos hasta la extinción, a menos que quieran ser sustituidos por proveedores de las antípodas.
Pero incluso si prescindiéramos de los problemas de falsa competencia de este mercado oligopólico y no entráramos en la polémica entre grande y pequeño formato, hay una cosa que la legislación aprobada a mediados de la década pasada dejaba clara: el crecimiento comercial sólo se podía conseguir en trama urbana consolidada. Es decir, los comercios grandes, medios o pequeños tienen que estar junto al cliente, junto al transporte público, accesibles por razones de sostenibilidad ambiental, por razones de equidad social (no dejar colgada a la gente mayor o la gente con poca capacidad adquisitiva, en barrios sin comercio, como pasa en Francia); por criterios de urbanismo inclusivo y mediterráneo (nuestras ciudades son compactas y tienen vida a la calle; sin comercio no hay vida).
Todo lo que acabo de decir no salva por definición el papel del pequeño comercio. Éste, como ya hacen los sectores más innovadores, se tiene que reinventar: esos comerciales, centrales de compra, cooperativas de segundo grado, servicios a domicilio, venta on line, evolución hacia el serviproducto… No vale sólo ir llorando y no aportar soluciones innovadoras. Por ejemplo, ¿para cuando el banco de traspasos? ¿Cuántos comercios perfectamente viables cierran sólo por el factor de la edad de jubilación de sus propietarios?
En fin, dicho esto, y por lo qué ha motivado este artículo, la pregunta es : ¿Quién marca la política de promoción económica: Santi Vila o Felip Puig?
