‘Vacacionar’ en Madrid
Madrid en agosto es una ciudad fantasma. Los pocos habitantes de la capital que se quedan en ella durante las vacaciones se encuentran de repente con que tienen la Gran Vía, la Plaza Mayor o la Puerta de Sol sólo para ellos, como si se hubiesen convertido en escenarios de una película de Amenábar.
Agosto en Madrid es un infierno. Las altas temperaturas provocan que arda el asfalto y éste se pegue a la suela de los zapatos. Madrid, en verano, es una ciudad donde los ministerios y demás organismos oficiales están cerrados a cal y canto. Hasta el atardecer es mejor prevenirse del sol y de la ardiente brisa africana del mediodía.
Y sin embargo, este último viernes el Consejo de Ministros en funciones, que lo es desde diciembre del año pasado, ha aprobado la presentación de un incidente de ejecución de sentencia contra el Parlamento de Cataluña por la aprobación de las conclusiones de la comisión de estudio del Proceso Constituyente, abriendo así la vía penal contra la presidenta del legislativo, Carme Forcadell.
Que Rajoy y Rivera sean un par de pervertidos políticos no es ninguna novedad, pero que también lo sean Pedro Sánchez y Pablo Iglesias da pena. Deberían tomar lecciones de John Rawls, Ronald Dworkin o Jürgen Habermas, grandes filósofos contemporáneos de lo que se entiende por justicia. Sánchez incluso podría echar mano de Philip Pettit, el icono republicano del zapaterismo, para dilucidar lo que es moralmente aceptable.
Pero los progresistas que viven en Madrid están de vacaciones desde mucho antes de que el PP tomase la decisión de trasladar al Constitucional la patata caliente de lo ocurrido en el parque de la Ciutadella esta semana. A Iglesias, como hemos podido constatar, le van las emociones fuertes aunque, según su propia confesión, no se le pone dura por casi nada. Por lo que se ve ni siquiera la movilización soberanista catalana les estimula el glande.
Cuentan las crónicas que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, telefoneó a Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias al finalizar el Consejo de Ministros para explicarles personalmente los últimos pasos que ha adoptado el Gobierno para intentar frenar el desafío soberanista catalán.
Por lo que ha transcendido, Rivera ha aprovechado su conversación con Rajoy para declararse fan del castigo divino contra los insurgentes, en concurrencia con Sociedad Civil Catalana, su brazo armado. En cambio, no se sabe nada de lo dicho por el PSOE y Podemos. La callada por respuesta, no fuera caso de que el Madrid oficial y patriótico les pusiera en un brete. Es un tópico pero es absolutamente cierto: el español de derechas es el hermano siamés del español de izquierdas y sus homólogos en Cataluña se convierten en palmeros de la troupe flamenca y cañí. Son fans del TC y aliados del PP.
Lo que debería denunciar la izquierda y sus altavoces mediáticos es que el Constitucional demolió el Estado de derecho con la sentencia de 2010. Eso sí que fue un golpe de Estado en toda regla, puesto que uno grupo de jueces designados a partir de sus adscripciones políticas se cargaron lo que había aprobado en referéndum el pueblo de Cataluña.
La ruptura del pacto constitucional fue esa y no lo que está ocurriendo ahora. Mi buen amigo y director del CEO, Jordi Argelaguet, me dijo un día que el pacto constitucional de 1978 consistió en un doble acuerdo: Cataluña no podía decidir por ella misma su grado de autonomía ni España podía imponer nada a Cataluña que el pueblo catalán no ratificase en referéndum. La sentencia de 2010 consagró el final de esa doble premisa. Se cargó el pacto y su legitimidad.
Que los federalistas del PSOE y Unidos Podemos no hayan querido reconocer que la violación unilateral —subrayo: unilateral— del pacto constitucional tendría consecuencias y que echen la culpa a los soberanistas apoyando al PP, es la demostración de que en Madrid los helados se derriten antes que en ningún otro lugar. Si la sentencia del Constitucional se hubiese votado en referéndum en Cataluña puede que estuviésemos hablando de otra cosa.
Lo cierto es que la cerrazón política de los líderes españoles no permite explorar el pacto y les resta toda legitimidad. Y lo que no es legítimo no debe obedecerse ni respetarse, según dicen los politólogos.
En Cataluña, la mayoría parlamentaria soberanista da el aval necesario a las decisiones que toma soberanamente el Parlamento. Aunque los diputados de PP y Ciudadanos abandonasen el hemiciclo para escenificar una presunta división social y de que los representantes en la mesa del Parlamento de CSQP y PSC se cubrieran las espaldas con discursos insolidarios que no aplicarían a ningún político palestino, pongamos por caso, la legitimidad de la mayoría para aprobar lo que responde al mandato electoral es total. Lo demás es fundamentalismo nacionalista. Nacionalista español, claro.
El lunes próximo, a las 12:30 del mediodía, en plena canícula madrileña, los miembros del Constitucional se reunirán para estudiar la petición del Gobierno español que le reclama otra respuesta exprés contra la actuación de los parlamentarios soberanistas. Esperemos que a la cuadrilla del alto tribunal les funcione el aire acondicionado para que no organicen un aquelarre cuartelario, como es costumbre en España, en plenas vacaciones.
Entretanto, seguro que Iglesias estará chateando con el profesor Monedero para ver quién se la pone dura. De Pedro Sánchez ya no se espera ni eso. Algo inaudito entre los que dicen defender la democracia.
