Universidad y sociedad
Cuando una institución es afectada por una disfunción, puede ser por causas endógenas o exógenas o, por supuesto, por una combinación de ambas. Es más, con frecuencia ambos tipos causales están interrelacionados, pero siempre suele ser una línea de defensa cargarle todo el muerto a lo externo. La universidad española no es una excepción a lo dicho. Los lamentos, justificados, son constantes sobre el grave retroceso financiero que supuso la crisis económica y que está todavía por enjugar. Pero debe asumirse que no todos los problemas de nuestra universidad se limitan al tema presupuestario, ni datan de tiempos recientes. Como resulta imposible en un corto espacio como este hacer un análisis pormenorizado de todas las disfunciones que afectan a nuestros centros de enseñanza superior, me limitaré a dos.
«¿Fue acertada la transferencia de la enseñanza superior? En un país como España, proclive al clientelismo, ha conducido a una proliferación de ofertas en determinadas enseñanzas que ni se corresponde a la demanda laboral ni a las necesidades de aporte científico y tecnológico»
En primer lugar yo destacaría la falta de planificación de centros y de títulos. Los cálculos son un tanto contradictorios, pero parece que el número total de universidades con relación a la población es la que cabe esperar en un país de nuestro entorno. Otra cosa muy diferente es la dispersión, mediante el sistema de colegios universitarios, que quizá sea inadecuado para aproximar la oferta a la demanda. Me pregunto si alternativamente una política adecuada de becas no resultaría más eficaz, permitiendo al estudiante su formación en un centro consolidado. Es posible que incluso resultara más económico para el erario público. Ahora bien, no olvidemos que la posible solución al dilema no depende tanto del Estado, como de las comunidades autónomas y con eso entramos en otra cuestión: ¿fue acertada la transferencia de la enseñanza superior? En un país como España, proclive al clientelismo, dicha descentralización ha conducido, a mi parecer, a una proliferación de oferta en determinadas enseñanzas que ni se corresponde a la demanda laboral, ni a las necesidades de aporte científico y tecnológico. Como comparación, Argentina, un país con un sistema federal consolidado, en el que sin embargo todas las universidades públicas son nacionales.
La segunda disfunción importante atañe a la gobernanza universitaria, tanto a su composición, como al sistema de elección.
El actual sistema de elección de componentes del claustro y, sobre todo, de rector, se lo debemos a la reforma llevada a cabo por la ministra Pilar del Castillo, que ocupó la cartera en gobierno Aznar entre 2000 y 2004. La citada reforma sorprendió, creo yo, a propios y extraños. Dada la ideología del PP se temía una iniciativa de corte neoliberal, que, dejando de lado aspectos negativos, aumentara la competitividad para, por ejemplo, la provisión de plazas. Contrariamente, y por lo que a eso respecta, se estableció un sistema que bajo el equívoco término de «habilitaciones» suponía volver a las oposiciones de la era franquista. Afortunadamente en ese punto hubo pronto una, digamos, contrarreforma. Por el contrario el sistema chapucero de elección de rector, aún sigue vigente.
Dicho sistema solo se puede calificar de populista. Se basa en el sufragio universal ponderado de los diferentes estamentos. Eso conlleva que el claustro universitario se vea desprovisto de la que precedentemente era una de sus funciones principales, la elección de la máxima autoridad académica. Por otro lado, es un sistema falsamente democrático. Ejemplo concreto: a una participación del estamento estudiantil normalmente ínfima, le corresponde un porcentaje de voto ponderado nada despreciable (30%), si se compara con el del profesorado numerario (51%) y, sobre todo, el de los docentes contratados (tan solo 9%). De igual manera si nos fijamos, como ejemplo, en el claustro de la Universidad de Barcelona vemos que el profesorado elige 180 representantes (153 numerarios y 27 contratados), mientras el estudiantado elige 80. En definitiva, no solo los votos del alumnado son muchas veces determinantes para la elección del rector (el caso más reciente es el de la citada Universidad), sino que esa sobredimensión del voto ponderado estudiantil es la causa de que, en los últimos años, las sesiones claustrales de las universidades catalanas se hayan dedicado más a poner en tela de juicio la actuación de la justicia, entre otras cuestiones extraacadémicas, que a discutir los asuntos propios de la institución, que son para los que se supone que los claustros existen.
Discusión aparte, e in extenso, merecería el problema de la inserción de la sociedad civil en la gestión universitaria, articulada actualmente a través del Consejo Social, cuya representación en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona, una vez más, implica tres representantes, frente a 50 de la comunidad universitaria. Me pregunto si tiene demasiado sentido ese esquema y si no sería mucho más operativo un patronato, integrado por representantes de la comunidad universitaria y de la sociedad civil.
De lo expuesto, es sin duda la reforma del sistema de elección de la gobernanza, prerrogativa del Estado, la tarea más urgente.
