Una prospectiva energética con un solo futuro

“Curiosamente, no hay mención alguna a medidas fiscales en el sector eléctrico, a pesar del papel destacado que este sector está llamado a tener en la descarbonización”

La prospectiva a largo plazo es un ejercicio habitual de la política energética: las inversiones tienen un plazo de ejecución largo, y una vez construidos los activos se mantienen en operación durante decenas de años. A su vez, son muchas las incertidumbres tecnológicas en el medio y largo plazo, lo que aconseja adoptar un enfoque metodológico prudente y flexible, alejado por ejemplo de la planificación energética, un instrumento habitual en el pasado.

La utilidad de simular escenarios en el largo plazo, 2050 o incluso después, no es solo incorporar la previsible evolución de las tecnologías, sino también analizar las interrelaciones entre las variables: nuestro país, por ejemplo, ha asumido ambiciosos objetivos de reducción de emisiones en el marco del acuerdo de Paris, pero al mismo tiempo está comprometido a mantener unos precios energéticos competitivos para los consumidores,  incrementar el peso de las actividades industriales en el conjunto de la economía, o aumentar el nivel de las interconexiones eléctricas con nuestros vecinos. Algunos de estos objetivos pueden resultar contradictorios, al menos en horizontes cercanos. Considerar simultáneamente todas las variables de interés permite analizar de forma sistemática sus interrelaciones y trade-offs.

Los ejercicios de prospectiva energética han sido habituales y recurrentes en los últimos años: en España, una subcomisión del Congreso de los Diputados aprobó en 2011 un “análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años” y, posteriormente, el Ministerio de Industria encargó a una comisión de expertos, algunos de los cuales han participado ahora de nuevo, la elaboración de un “informe sobre la transición energética” cuyas conclusiones culminaron en 2018. La Comisión Europea, por su parte, publicó en el año 2012 un “Roadmap a 2050”, que ha sido actualizado recientemente, adoptando el ambicioso objetivo de convertirse en la primera economía neutral en CO2 en el horizonte 2050. 

El capítulo 4 del documento España 2050, con el título “Convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático” analiza los retos que plantea la descarbonización de nuestra economía. El capítulo parte de un diagnóstico detallado y a grandes rasgos acertado de la situación española, aunque a veces se mezcla la exposición técnica, como el incremento de la temperatura (“el verano térmico es ahora cinco semanas más largo, el número de días de olas de calor al año se ha duplicado, y la temperatura en 2020 ha sido la más alta del registro histórico), la disminución de los recursos hídricos disponibles o el número de días por año con peligro de incendio alto-extremo, con un abuso, en ocasiones, de lo que parecen planteamientos pre-concebidos, como el que atribuye, sin ninguna cuantificación ni explicación causal, un papel relevante a la denominada “moda rápida y barata” en la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España en los últimos años.

Con todo, lo más sorprendente del capítulo es que no nos encontramos propiamente ante un ejercicio de prospectiva: no se definen escenarios alternativos, como es habitual en los análisis de prospectiva energética ya señalados, por ejemplo uno con un mayor desarrollo del sector eléctrico, frente a otros protagonizados por tecnologías alternativas, como el denominado “hidrogeno verde”, o el ahorro y la eficiencia energética.  

Al contrario, el capítulo establece una serie de objetivos (objetivos 21 a 27), tales como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% en 2050, una reducción de la demanda total de agua de un 15% para 2050, o la reducción de la reducción de la intensidad energética primaria en un 63% en 2050. Al renunciar a plantear escenarios alternativos, la prospectiva pierde su valor para analizar la interrelación entre las variables y los pros y contras de las diferentes opciones, sino que se convierte en una especie de “misión aspiracional”, en la línea de las tesis de economistas como Mariana Mazzucato.   

La parte final del capítulo, que incluye hasta once “frentes” o conjuntos de propuestas, se resienten de una redacción probablemente más apresurada. Incluso las medidas más concretas, como el “fortalecimiento de la fiscalidad ambiental” están enunciadas de forma genérica (salvo la elevación de los tipos impositivos sobre el consumo de diésel y gasolina, aunque en este caso no se prevé plazo).  Curiosamente, no hay mención alguna a medidas fiscales en el sector eléctrico, a pesar del papel destacado que este sector está llamado a tener en la descarbonización, ni las que estaban en marcha en la fecha de publicación del documento (como el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico), ni las anunciadas con posterioridad sobre las instalaciones hidráulicas y nucleares, un ejemplo más de las contradicciones que pueden estar implícitas en los escenarios climáticos (se apuesta por un mayor papel de la electricidad al mismo tiempo que su precio se incrementa).

El resto de medidas adolece de una cierta reiteración de los conceptos sin apenas desarrollarlos, en ocasiones casi una aliteración de los mismos (el “aumento de la resiliencia de las explotaciones agrícolas”, fomentar “paisajes resilientes al fuego y al cambio climático”, incrementar la “resiliencia de nuestras infraestructuras costeras y marinas”) o directamente entran en el terreno más anecdótico, como “fomentar la incorporación de opciones vegetarianas y veganas en los menús ofertados en instituciones públicas”. En definitiva, un saludable ejercicio a largo plazo, más robusto en el diagnóstico que en las recomendaciones, que adolece de una limitación metodológica al suponer que el futuro solo puede ser de una única manera.