Una política constitucional para la España de hoy

Las divisiones ideológicas de hoy se han modificado: el consenso sobre el Estado social –en crisis desde el auge liberal de los ochenta– es ya historia; y la defensa de Occidente y sus realizaciones más notorias (la economía de mercado, la democracia parlamentaria y el estado de derecho) han perdido interés tras la derrota del comunismo en 1989, el enemigo que cohesionaba a fuerzas dispares. Hoy tales logros son cuestionados por las fuerzas populistas. Surgen nuevas banderas políticas entorno a identidades fragmentarias (territoriales, de género, culturales…).

Ello supone un repliegue defensivo en grupos frente a las comunidades políticas nacionales, que hasta ahora combinaban el binomio pluralismo-integración. También va asentándose un nuevo sistema de valores sociales que se presenta con el lenguaje de nuevos derechos, como elemento legitimador de aspiraciones y políticas de parte (Glendon). Al mismo tiempo, la ciudadanía exige al Estado protección frente a la incertidumbre (Esteve Pardo), que va más allá de la económica para abarcar demandas de seguridad frente a la inmigración descontrolada o la pérdida de estabilidad y promoción sociales. A esto se suma la desconfianza de la población frente a representantes y gobiernos, que ya no son percibidos como articuladoras del bien común.

En el caso español, este escenario de crisis se completa con la crisis secesionista en Cataluña, que socava la democracia constitucional y el estado de derecho. Asimismo, se asiste a la impugnación de la Transición –y lo que supuso: la reconciliación entre españoles—, la monarquía parlamentaria y la Constitución, a través de la memoria histórica. Todo ello componía el consenso constitucional, en crisis por la emergencia de fuerzas políticas que lo impugnan –Podemos y nacionalistas catalanes– y el tacticismo por el PSOE. En este contexto, la división de los grupos de centro y derecha parece más profunda que la concurrencia de tres partidos y emergen divisiones políticas entre socioliberales-libertarios y conservadores-liberales.

Ante los retos de la sociedad española, ¿cuáles son los temas para una agenda liberal y conservadora en relación con la política constitucional? Se pueden resumir en dos pilares:

1.–Un reformismo político que corrija distorsiones que se han ido consolidando en la práctica, sin provocar un cambio de modelo institucional. Así, parece necesario contrarrestar el intervencionismo sofocante en la iniciativa individual y social apostando por la subsidiariedad; distinguir claramente la esfera política de la social, circunscribiendo a los partidos a la primera; hacer que la separación entre poderes de decisión y de control sea efectiva, garantizando la independencia del poder judicial y el Tribunal Constitucional, al tiempo que se favorezca la colaboración leal entre instituciones; promover las reformas necesarias para dotar de estabilidad al Ejecutivo (desde 2015, los gobiernos en minoría suelen gobernar al margen del Parlamento); impulsar la rendición de cuentas; rediseñar un Estado autonómico adecuado a la pluralidad de España, eficaz y al servicio de los ciudadanos; y preservar la democracia representativa de los abusos de la mayoría, de tentaciones plebiscitarias y de la ideología de la democracia participativa.

2.–Una identidad y unos valores integradores. La nación española es una comunidad política, forjada por sucesivas generaciones con vocación proyectiva (Julián Marías), de ahí la responsabilidad intergeneracional (fiscal, ambiental y de la propia continuidad de la misma). Frente a la exacerbación por los poderes públicos de identidades particulares urge el reconocimiento de lo que es común. El patriotismo no es meramente constitucional, pero la Constitución supone la actualización de dicha identidad histórica. De ahí la necesidad de reforzar la protección de las decisiones constitucionales fundamentales que dan fisonomía a la comunidad: la unidad de la nación española como espacio básico de convivencia y solidaridad, inseparable del reconocimiento de los derechos históricos forales y las autonomías, la lengua común y las demás lenguas territoriales sin contraponerlas; la aconfesionalidad del Estado, compatible con la valoración de las creencias religiosas y la aportación de la iglesia católica a la configuración de la misma nación; y la monarquía parlamentaria y la corona como institución fundamental que la encarna.

Por último, toda comunidad política se hace inteligible entorno a unos valores que la identifican: la dignidad de la persona (vinculada y enraizada frente al individuo aislado frente al poder) y unos derechos fundamentales (libertades e instituciones protectoras de la vida y seguridad personal, familiar y asociativa), la igualdad ante la ley, y deberes como el de solidaridad, en particular con los más necesitados.

Un programa constitucional moderado para la España de hoy debería incorporar la lucha por el mantenimiento de España como nación o comunidad política reconocible históricamente (frente a tendencias disgregadoras, confederales y uniformistas) y como espacio compartido de valores y libertades, así como la defensa del orden constitucional vigente y sus instituciones medulares (frente a la devaluación del pacto constituyente), sin perjuicio de su puesta al día.