Me comentaban el otro día empresarios que suministran bienes y servicios a diversas administraciones y comunidades su incomprensión por un tipo de concursos que sistemáticamente parecen estar configurados para que sólo ganen los grandes grupos multinacionales. Ya sea por su musculatura financiera o su potencia tecnológica. La paradoja del momento es que la situación de asfixia de la administración puede justificar sobre el papel del abuso del low cost en la hora de las adjudicaciones ya sean de paquetes informáticos, servicios de limpieza o de concesiones de cátering para escuelas.
Pero esta histeria colectiva que nos ha dado y que nos impulsa a mirar el céntimo a corto plazo nos puede abocar a la miseria en el medio plazo. El barrido sistemático de las pymes catalanas de los concursos públicos se añade al alto nivel de morosidad de las administraciones que serán señaladas como responsables primeras de la quiebra de numerosas empresas perfectamente viables.
En mi paso por el Gobierno catalán luché denodadamente para, acogiéndome a las grietas de las normativas europeas, facilitar una norma de concursos que no contribuyera a desertizar laboralmente nuestro país. De hecho, recuerdo que cuando era un simple diputado en la oposición ya conseguí aprobar una resolución que obligó al gobierno de entonces a encargar un estudio sobre todas las posibilidades que había para favorecer la pyme propia: segmentación de concursos, facilidades para a las UTE entre empresas, cláusulas sociales, etc.
Parte de estas recomendaciones se pudieron introducir en el paquete de medidas de simplificación administrativa y de facilidades para pymes que se redactaron desde el área de la Oficina de Gestión Empresarial orientada por el entonces secretario general, Enric Aloy. Lamentablemente, el tiempo para implementarlo fue corto y por otra parte, el otro gran grueso de las administraciones: Estado, diputaciones y ayuntamientos, mayoritariamente, han caído y caen en los mismos graves errores a la hora de diseñar estos concursos.
Las grandes empresas ganadoras, muchas veces con sede fuera de Catalunya, utilizan sistemáticamente como proveedores otras empresas situadas lejos del país –y muchas veces no por motivos de precio o calidad, sino porque acaparan beneficios hacia la casa madre–. Cuando estamos llegando a una cuarta parte de la población desempleada es una irresponsabilidad o directamente una agresión al pueblo no repensar a fondo los modelos de concursos públicos. Y no estoy hablando del amiguismo y el clientelismo tan habitual en versión nostrada o multinacional practicada por los grandes partidos cuando gobiernan. Estoy hablando de normas claras, transparentes pero a la vez claramente priorizadores del empleo propia.
Y eso pasa indefectiblemente tanto para facilitar paquetes más pequeños y accesibles a las pymes, como, sobre todo, para garantizar en los concursos cláusulas sociales a favor del empleo local y del mundo cooperativista. Y en ciertos ámbitos, cuando se venden productos, la introducción progresiva de penalizaciones por la huella ecológica. Esto quiere decir que las comidas de las escuelas y de los hospitales deben ser kilómetro cero y progresivamente ecológicos. Que de las instalaciones hay que valorar los costes ecológicos de su transporte y otras derivadas éticas asi como también si han sido producidos en países con derechos democráticos y sociales reconocidos.
O Europa, y en particular Catalunya nos atrevemos a avanzar, o bien no sólo facilitaremos la miseria en nuestro país, sino que contribuiremos a la insostenibilidad del planeta.
