Una justicia terriblemente española
Escribí en mi artículo de la semana pasada que «la justicia española es bananera y lo que ha pasado en este juicio [el del 9-N] lo ratifica». Esta semana, una vez conocida la sentencia del caso Nóos, me ratifico.
Y es que la Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a la infanta Cristina de los dos delitos fiscales de los que se le acusaba, aunque el tribunal, integrado por las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonora Moyá, le impone una multa de 265.088 euros por su responsabilidad civil a título lucrativo. La multa ya está pagada e incluso le van a devolver lo que pagó de más.
En cambio, el marido de la Infanta, Iñaki Urdangarin, ha sido condenado por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública. La suma de las penas es de 6 años y tres meses de prisión, 7 años de inhabilitación y una multa de 512.553,68 euros, que supongo que pagará con lo que le retornen a su mujer.
Que la justicia española se cebe en Urdangarin no tiene mucho mérito. Este hombre ya estaba condenado cuando se constató que sus argumentos para defenderse eran muy débiles. Además, él es un don nadie en el Madrid de los borbones. Un advenedizo que el deporte encumbró hasta lograr entrar en el círculo real de la Villa y Corte por la vía de camelarse a la infanta Cristina. Casar plebeyos con miembros de la realeza no funciona en ninguna parte.
Cuando Diana Spencer y el príncipe Carlos de Gales se casaron, un especialista en casas reales me quiso convencer de que la decadencia de las monarquías europeas empezó el día que algunos de sus miembros pretendieron casarse «por amor».
Si uno pertenece a una familia regia, afirmaba él, debe seguir las reglas y casarse con sus iguales. A mí me importa un pimiento con quien se casen los miembros de una familia real, porque, de entrada, creo que la monarquía es una forma de gobierno muy discutible y demodé, cuya existencia es contraria a la organización democrática de la jefatura suprema de un Estado. Pero, bueno, ya que existe la realeza, por lo menos que sus miembros sean profesionales.
¿Qué convierte en reina a un simple periodista divorciada y sin otra alcurnia que haber coincidido con un joven príncipe tomando copas en un bar? La libido y el posterior matrimonio. ¿Qué cosas, verdad? Te tomas unas copas con un aspirante a rey y acabas siendo reina para toda la vida. Una Infanta sale de juerga con un apuesto deportista y éste entra a formar parte de la familia real hasta que tú cuñado te echa a patadas para protegerse él mismo del desaguisado que has montado.
La expulsión es una decisión muy aparente y muy legal, encubierta sin embargo por la defensa de la hermana «tonta», embaucada por el jugador de balonmano, a cargo de una padre de la Constitución que es capaz de declarar, sin ruborizarse ni tener en cuenta lo que está pasando en Cataluña, que «todos los ciudadanos son iguales ante la ley» y que ante la sentencia absolutoria de su clienta los ciudadanos «deben creer en la justicia». El poder del dinero está maltratando la inteligencia de mucha gente.
El juez José Castro, que instruyó durante cinco años el caso Nóos, ha afirmado que «no esperaba este tipo de sentencia», con tantas absoluciones, entre ellas la de la infanta Cristina, pero ha matizado que ahora tendrá que leerla y entender los razonamientos del tribunal para llegar a esta decisión.
Esperaremos a leer la sentencia, pero de momento uno tiene la sensación de que algo huele a podrido en España y que la justicia no es igual para todo el mundo, como afirma el antiguo dirigente nacionalista catalán.
La semana pasada se hundía la democracia española porque unos «malvados» políticos catalanes supieron engañar al Estado para que más de dos millones de persones fueran a votar el 9-N, y a la siguiente nos quieren hacer creer que la absolución de la infanta Cristina se ajusta al Estado de derecho.
El soberanismo de Artur Mas merece la inhabilitación política, ser Infanta te lleva a la absolución. El régimen del 78 está perdido definitivamente. Puede que debamos esperar para verlo, pero tarde o temprano se derrumbará, y con él caerá la monarquía.
Pedro Horrach, el fiscal anticorrupción del caso Nóos, pedirá que Urdangarin entre inmediatamente en prisión, antes de que se presente y se resuelva el recurso en el Tribunal Supremo, a diferencia de lo que ocurre habitualmente. Al conocer la sentencia, el fiscal advirtió de que «la gravedad de la pena implica un riesgo de huida» y por este motivo se estudian las «medidas necesarias para minimizar el riesgo». Por lo que se ve, ese señor aún no se enterado de que Urdangarin está en Suiza tan ricamente y puede decidir no volver a España para que le enchironen.
En el caso, para mí remoto, de que se produjese el ingreso en prisión del todavía cuñado del rey Felipe VI, den por segura la condena de Artur Mas, Irene Rigau, Joan Ortega y Francesc Homs. La justicia española es terriblemente previsible: está contaminada por la política y es arbitraria, empezando porque se puede juzgar a cualquier cargo público elegido democráticamente menos al jefe del Estado, en manos de un rey que no elige nadie. Les pagamos el sueldo y se permiten el lujo de estafarnos.
Todo el mundo sabe, aunque no se pueda demostrar, de dónde salía el dinero de los lujosos safaris a los que era tan aficionado el rey emérito y que normalmente acababan con ese final feliz de los masajes chinos. Lo legal, lo que se ve, lo pagamos todos los ciudadanos, como la multa de la Infanta; lo otro, cada día está más claro quién lo paga.
