Una Generalitat tóxica

Cataluña sigue perdiendo oportunidades por culpa de una política tóxica. Los partidos que forman el gobierno de la Generalitat se acusan mutuamente de haber perseguido una amistad peligrosa con el régimen de Vladimir Putin.

Ahora sabemos que en Esquerra también había “señoritos que se paseaban por Europa con la gente equivocada porque así durante un rato se creían James Bond”. Ay, Rufián, tanto bandazo desconcierta a cualquiera.

De hecho, la delegada adjunta de la Generalitat en Bruselas Erika Casajoana ha equiparado, en el Parlamento de Flandes, a España con Rusia, y uno ya no sabe si esa boutade en boca de una separatista es un elogio o un insulto. Lo que está claro es que comparar el sufrimiento de los ucranianos con la situación de los catalanes no solo es asquerosamente inmoral, es una estúpida manera de ahuyentar a los pocos inversores que aún se plantean crear puestos de trabajo por estos lares. 

Sin ir más lejos esta semana el grupo Volkswagen y Seat ha anunciado que no instalará su gran planta de baterías en Cataluña. La ciudad agraciada con 3.000 empleos será la valenciana Sagunto.

Otra oportunidad perdida. Y a uno le viene a la memoria la ausencia del presidente Pere Aragonès en el gran acto en las instalaciones de la Seat hace un año.

La gesticulación infantil también tiene consecuencias. No es la primera vez.

Sus deseos fueron órdenes y pocos días después cerró la planta de Nissan en la Zona Franca, y miles de trabajadores se quedaron en la calle

Recordarán a la teniente de alcalde de Barcelona Janet Sanz proclamar: “Debemos evitar que se reactive el sector automovilístico”. Sus deseos fueron órdenes y pocos días después cerró la planta de Nissan en la Zona Franca, y miles de trabajadores se quedaron en la calle.

Y es que la hegemonía cultural que impregna la política catalana se fundamenta en el populismo identitario, en una improductiva mezcla de amarillo procesista y soberbia ecopija. Ni liberales, ni obreristas.

Es la nueva y mala política. Vivimos horas graves.

Cataluña, como el resto de España, se ve amenazada por la temida estanflación, un estancamiento de la economía mientras los precios no dejan de subir. La inflación supera el 7% y para nada son descartables los dos dígitos en las próximas fechas.

La situación es desesperante en el campo y en la ciudad. Y la ideología de los actuales gobiernos -catalán y español- no puede ser más contraproducente.

Ante los problemas de inflación el manual populista les dicta la impresión de moneda a destajo, la subida de impuestos y el control de los precios. Esta receta siempre obtiene el mismo resultado, a saber, más inflación, pobreza y escasez de productos. Gracias a Dios, la política monetaria depende del Banco Central Europeo y no de Pere Aragonès (o Pedro Sánchez), porque en ese caso ya estaríamos pagando la barra de pan con una bolsa de billetes.

No obstante, igual que la Generalitat subió el impuesto de sucesiones en plena ola pandémica, ahora con la escalada del precio del carburante nos manda el denominado impuesto del CO2 que, en realidad, no grava al que más contamina, sino a quien menos tiene, a quien no se puede comprar un coche eléctrico, ni se puede cambiar la furgoneta. Es indecencia fiscal. 

Frente a los problemas de inflación la buena política sería: reducir el gasto público, bajar los impuestos y eliminar regulaciones y barreras burocráticas para aumentar la competencia y la competitividad

Frente a los problemas de inflación la buena política sería: reducir el gasto público, bajar los impuestos y eliminar regulaciones y barreras burocráticas para aumentar la competencia y la competitividad. Sin embargo, la Generalitat no está por la labor.

En el Parlament, Aragonès reconocía que estaba esperando a ver qué hacía el gobierno de España, que, a su vez, está esperando las decisiones de la Unión Europea. Es decir, ofrecen absoluta pasividad ante una inflación galopante, que no solo es un problema económico, ya que, como demuestra la experiencia histórica, siempre acaba provocando una tremenda inestabilidad social e, irremediablemente, política. 

La Generalitat se queda, pues, de brazos cruzados. Se niega, una vez más, a ejercer el autogobierno.

Mucho discursito revolucionario, pero total parálisis reformista. Así lleva toda una década.

Pero tiene competencias, y debería ejercerlas, para aliviar la reducción de la capacidad adquisitiva de los catalanes. Debería reducir los tramos autonómicos del impuesto sobre la renta y rebajar la inflación impositiva.

Mientras la Comunidad de Madrid elimina todos sus impuestos propios, en Cataluña ya alcanzamos la cifra récord de 18. Y serían 22 si no fuera por el Tribunal Constitucional.

Deberían eliminarse duplicidades y costes innecesarios

Debería también eliminar burocracia y facilitar las actividades económicas y comerciales. Deberían eliminarse duplicidades y costes innecesarios.

Si la Generalitat se apretara algo el cinturón, la sociedad y la economía catalanas podrían respirar algo mejor. Pero podemos esperar sentados:  la Generalitat anuncia nuevas falsas embajadas, cuyos delegados cobran más que los ministros y comparan España con Rusia.