Un sindicalismo jurásico
La estrecha colaboración entre la UGT andaluza y el Ejecutivo autonómico del PSOE ha ido adentrándose en un laberinto oscuro y tal vez fatídico.
Ahora las sospechas de financiación fraudulenta ya se han llevado por delante al secretario general de UGT-A y tienen encañonado al todopoderoso Cándido Méndez, un ejemplo destacado de cómo el sindicalismo se aferra a su territorio jurásico, con comportamientos tal vez opacos.
Si la pregunta es ¿para qué sirve hoy un sindicalismo incapaz de evolucionar? , una respuesta es que el sindicalismo solo sirve para los sindicalistas. En lugar de adaptarse a nuevas realidades como el teletrabajo, la realidad post-industrial, el trabajo a tiempo parcial o la globalización, el sindicalismo jurásico persiste en el mito arcaico de la huelga general, con sus piquetes, votaciones a mano alzada y una nutrida selección de representantes liberados.
En lugar de perfeccionar los sistemas de interlocución, los sindicalistas prefieren ampararse en la caduca defensa de una clase obrera que en la Unión Europea ya no existe ni como concepto.
En UGT, las cuantiosas irregularidades de la cooperativa Promoción Social de Viviendas le estallaron en las manos al dirigente histórico Nicolás Redondo. Luego apareció Cándido Méndez, con influencia en las decisiones económicas del gobierno de Zapatero, aunque al final también hubo huelga. Durante el liderato de José María Fidalgo, CCOO esbozó una vía evolutiva hacia la concertación social, según el esquema europeo.
Pero se diría que la modernización del sindicalismo quedó frenada entonces y que su identidad se va agrietando por el peso tan masivo de una inercia que merma su relativa representatividad y limita su afiliación al sector público. El ropaje todavía es ideológico, pero la realidad es fundamentalmente de poder, de poder interno.
Al agravarse la crisis, empresarios y trabajadores en no pocas empresas llegaron por su cuenta a acuerdos con calendario pactado, pero el sindicalismo fue reacio, si es que no impidió tajantemente la buena fe de aquellos tratos.
Ahora sabemos que UGT de Andalucía hizo ya su ERE –justo en tal caso, pero salvaje cuando son empresas que volverán a generar empleo– y es posible que, en el mejor de los escenarios, algunos trabajadores afectados tengan en posesión esos archivos informáticos en los que supuestamente están las facturas falsas que justificaban la solicitación de ayudas a la Junta de Andalucía. Por ahí va y viene la juez Ayala con su maleta rodante.
