Un martillo de herejes (o no) en la vida de los Pujol
Luis Pascual Estevill (Cabanés, Tarragona, 1933) fue un triunfador en la carrera judicial. Antes de llegar intentó hacer carrera política como procurador en las Cortes franquistas y como senador. No tuvo éxito, se le dio mejor el oficio de pastor de cabras que ejerció en su juventud que la cuestión pública. Se licenció en derecho a los 33 años y sí consiguió entrar en la judicatura, aunque tiene en su currículum ser uno de los magistrados que despierta un recuerdo más infausto y peor en su gremio.
El jurista pasó unos años por ser un martillo de herejes capaz de sacudir a los principales apellidos de la burguesía barcelonesa. El caso de los pagarés falsos de BFP, el de Macosa, Prenafeta… todos ellos pasaron en uno u otro momento por sus manos. Los grandes empresarios le temieron sin saber que era más arbitrario que cualquier otro juez y que un poco de efectivo era capaz de ablandar su voluntad aparentemente incorruptible. Luego, y jamás se supo la razón (ahora tenemos elementos para opinar), CiU lo convirtió en el catalán que iba al Consejo General del Poder Judicial, organismo en el que finiquitó su vida profesional por una excedencia voluntaria en 1996. En 2005 fue condenado a nueve años de prisión y a una multa de un millón de euros por delitos de cohecho, prevaricación, extorsión y detención ilegal.
La información que hoy publicamos tiene mucho que ver con aquellos nombramientos y arroja luz sobre las sospechas de corrupción que se cernían sobre la familia Pujol a principios de los años 90 y que ahora empiezan a juzgarse de manera lenta y formalmente compleja. Se ha culpado a la prensa y a la oposición política al pujolismo de que se mantuviera tan silenciosa y cauta con lo que sucedió durante décadas en el entorno del clan familiar. Casi nadie ha apuntado hacia el mundo de la justicia en esa recriminación.
Estevill, sin embargo, admite haber contribuido a falsear las sospechas que la fiscalía de la época tenía sobre los negocios irregulares de la familia, en concreto del hijo mayor Jordi Pujol Ferrusola, Júnior. En el libro Pujol KO, editado por Economía Digital, damos cuenta de algunos de ellos, pero ni tan siquiera el juez Pablo Ruz que investiga el caso en la Audiencia Nacional tiene todos los elementos para finalizar con éxito su proceso.
Lo que el juez hizo fue tapar la verdad. Encubrió a un posible delincuente. Hoy, en forma de exclusiva periodística, lo confiesa y admite. Han pasado nueve años desde que fue condenado. Es obvio que esos delitos están prescritos en su mayoría y que reconocer ahora la culpa sólo sirve para señalar que lo acontecido en aquella época era una sucesión de actuaciones corruptas que dieron pábulo a una financiación irregular en un partido y al enriquecimiento ilícito de una familia apegada al poder. Una pura satisfacción personal del magistrado delincuente.
Podrán darse más datos, más evidencias, más pruebas… Lo que resulta ya incuestionable es que durante una época, el más reputado martillo de herejes del mundo económico barcelonés era más martillo que perseguidor de herejes. Y que lo de 1993, con un jefe policial y el entonces fiscal Jiménez Villarejo como protagonistas pasivos, fue una triquiñuela más de un clan nepótico y clientelar que dirigió el país durante tres décadas sin complejos éticos ni remordimientos morales de ningún tipo. Ellos y quienes con ellos vivieron, se aprovecharon o colaboraron como corruptores.
