Un juez para Spanair
La sentencia que loa la toma del Parlament ha terminado por dinamitar la escasa confianza que muchísimos depositan en la justicia. Que el CIS detecte que la corrupción es el principal motivo de preocupación ciudadana tiene que ver, como apuntaba Xavier Salvador, con el temor que genera el corporativismo de los magistrados y la confusión de funciones que, extrañamente, han desarrollado los miembros de la judicatura española.
Quienes le conocen, destacan que el principal togado de la Audiencia Nacional que ha puesto en la calle a los exculpados asaltantes de la cámara autonómica es de una brillantez aplastante. Pero no se trata de ser más o menos solvente, sino de tener claro si se ejerce de juez o de ideólogo. Es decir, de político frustrado.
En Catalunya este cruce de planos se asimila con normalidad. Artur Mas se rasga las vestiduras con la sentencia pero cabe recordar que hay 30 jueces que se han proclamado separatistas –es decir contra la Constitución cuyo cumplimiento deberían garantizar— sin que nadie se arremangue la toga. Las instituciones catalanas en vez de controlar estos excesos corporativistas, los ha blindado.
Y entre tanto lío ha pasado con cierta discreción un proceso judicial que tiene también su componente política: la quiebra de Spanair. La deriva la han admitido los propios implicados en una vista que termina hoy. Ferran Soriano, Tatxo Benet, Joan Gaspart, Josep Mateu Negre, Miquel Martí, Agustí Cordón y Jordi Bagó han tardado dos años y medio en sentarse frente al juez.
En contra de la cúpula de Spanair se ha expuesto un rosario de prácticas dudosas, cuando no improvisadas, que terminaron con el alumbramiento de un señor boquete de 600 millones de euros. El argumento de la defensa, muy bien armado en los despachos de Garrigues, es que la compañía de bandera nacionalista, quiero decir, catalana, era sostenible porque la Generalitat pagaba las facturas.
El fiscal pide la inhabilitación de todos ellos durante dos años y 72 millones en indemnizaciones. Soriano pretende zafarse admitiendo lo que jamás reconoció a Economía Digital: Spanair era un negocio político y la culpa es de la Generalitat. Ése y no otro fue el verdadero problema de la compañía.
Confiemos un atisbo de esperanza a que los juzgados mercantiles aún tengan claro su papel: proteger una economía de libre mercado que se cuenta, a pesar de todos los esfuerzos por derruirla, entre las más avanzadas del mundo. Deseamos leer, probablemente en dos semanas, una sentencia técnica, sin interpretaciones que no corresponderían. Deseamos un juez para Spanair y no otro político.
