Un Govern al margen de la realidad: el caso ATLL
Sólo una voluntad insuperable de contumacia en el error puede explicar el sostenella y no enmendalla de la Generalitat en el ya tristemente famoso caso ATLL, la concesión irregular del servicio de abastecimiento de agua a la metrópoli barcelonesa.
Sólo desde la más absoluta irresponsabilidad, tras al menos media docena de reveses judiciales, se puede insistir en seguir adelante con una decisión calificada ampliamente de arbitraria. Sólo desde la ceguera o la defensa de intereses inconfesables se puede salir a estrenar como portavoz del Gobierno una consellera que asume, prácticamente punto por punto, las tesis de uno de los protagonistas en conflicto, el de la concesionaria Acciona.
El otro actor, aparte de Agbar, la denunciante, es la propia Generalitat y aquí si cabe una mayor comprensión con la actitud de Neus Munté.
Y, sin embargo, en ésas estamos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fallado de nuevo. Es la sexta sentencia judicial contra un acto administrativo que todo el mundo ve irregular, chapucero y hasta torpe, impropio de una administración pública que se pretende moderna y desde luego en las antípodas de una imagen como esa del «Gobierno de los mejores».
¡Madre mía, cómo las palabras hacen prisioneros a los hombres que las pronuncian irreflexivamente! Por cierto, una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la Generalitat, y van…
No deja de ser curioso que haya sido Neus Munté, la nueva portavoz del Gobierno de Artur Mas que debía aportar un barniz más «social» al Ejecutivo autonómico, la que haya tenido que salir a la palestra a anunciar nuevos recursos y procedimientos judiciales, cuyos cuantiosos costes económicos sólo pueden acabar recayendo sobre las espaldas de los contribuyentes catalanes y en esto, ¡ay!, que poco tiene que ver de nuevo la pérfida Madrid.
No deja de ser curioso que, medio escondida, la concesión lleve la firma de Mas-Colell, el brillante teórico economista y a lo que se ve pésimo político, que está hipotecando con esta antirreglamentaria decisión una parte del próximo presupuesto autonómico.
Pero con la persistencia en este error, por no entrar en otras sospechas, el Govern de Artur Mas no sólo confirma un cierto desprecio por la legislación vigente, sus normas y procedimientos, sino algo que es mucho peor: que está al margen de la realidad, que absorto y convencido de que su destino está por encima de las leyes terrenales (no sólo las españolas) en vigor, sus decisiones, fuera pues de los cauces legítimos, sólo esperan ya la validación del aquelarre de palmeros que ellos han creado.
