Un Gobierno contra el Estado
La izquierda española está haciendo el trabajo sucio al nacionalismo catalán, desgastando las instituciones del Estado y debilitando la democracia
Fueron condenados por graves delitos contra la democracia y, aún así, prometen volverlo a hacer, incluso buscando la complicidad de la Rusia de Putin. Siguen derrochando dinero público en propaganda antiespañola, mientras la suya es la peor gestión autonómica: líderes en deuda, en impuestos, en listas de espera en los hospitales y en barracones en las escuelas.
El nacionalismo solo sobrevive en un permanente estado de malestar, por eso lo financia con recursos y lo estimula con palabras. Con ese objetivo, no solo trata de atar en corto a los medios de comunicación autóctonos, también busca extender sus tentáculos más allá de nuestras fronteras, como bien explica el periodista Juan Pablo Cardenal en su libro La telaraña, la trama exterior del procés (editorial Ariel).
El chicle procesista es de una elasticidad infinita y ahí está, como prueba, el supuesto caso de espionaje a los líderes de la sedición. Se trata de una falsa polémica financiada por el separatismo o, mejor dicho, por todos, porque se ha pagado con recursos públicos.
El artículo fue publicado por la revista The New Yorker y se basaba en un informe de la organización Citizen Lab. El medio había recibido 28.000 euros de la Generalitat en 2018, y en la fabricación del informe participó el independentista Elies Campo. Este había estado a sueldo de la Generalitat y está siendo investigado por formar parte de Tsunami Democràtic, la organización que promovió la ocupación del aeropuerto de Barcelona y la violencia en las calles catalanas en 2019. Todo huele a montaje propagandístico, incluso el registro de la página web catalangate.cat meses antes de la publicación del artículo.
Lloran lágrimas de cocodrilo, porque -lo saben ellos y lo sabe todo el mundo- lo mínimo que cabe esperar de unos servicios de inteligencia, siempre bajo mandato judicial, es que investiguen a quienes anuncian que van a reincidir en contra de la democracia y de la integridad territorial.
El problema es que los separatistas, en esta operación de victimismo fraudulento, han encontrado en el Gobierno de España a su mejor aliado. Primero compra el relato, a pesar de estar sustentado en más proclamas que pruebas, y después difunde un supuesto espionaje a los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa en una rueda de prensa inaudita. Es decir, para apaciguar a los separatistas, el gobierno español mete fuego a las instituciones del Estado.
Ahora el ministro Bolaños culpa a la ministra Robles. La ministra Robles culpa al ministro Bolaños. Y, con todo el ruido, tratan de tapar la enorme irresponsabilidad de compartir los secretos de Estado con aquellos que pretenden su destrucción. Si el CNI, y la Justicia, consideraron que debían ser investigados, los independentistas nunca debieron ser socios de Gobierno y no deberían serlo ni un minuto más. No puedes pactar durante el día a quien espías (legítimamente) por la noche.
Sin embargo, Pedro Sánchez es capaz de traspasar cualquier línea roja de la democracia. Ha socavado poderes y contrapoderes, despreciando el Parlamento y entrometiéndose en la Justicia, pero el suyo es un cesarismo paradójico. Es un presidencialismo a mayor gloria del propio Sánchez, pero al servicio de los separatismos.
Así, la izquierda española está haciendo el trabajo sucio al nacionalismo catalán, desgastando las instituciones del Estado y debilitando la democracia. La enésima amenaza de Esquerra Republicana no resulta, pues, creíble. Los ultimátums de Gabriel Rufián ya tienen menos valor que sus promesas de dejar el escaño. Para qué romper, si están consiguiendo lo que ni siquiera soñaron en 2017.
