Un Estado, unos mismos impuestos, y menos inventos
Quienes creen que los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios difícilmente pueden entender el marasmo normativo fiscal que vive España. Mientras el Estado común sea el que es, no tiene ningún sentido que impuestos como el que grava las sucesiones, las donaciones, el patrimonio, el IRPF, los que pagamos en las transmisiones de bienes, etcétera, tengan regulaciones distintas que han fomentado durante muchos años una feroz y cainita competencia tributaria entre autonomías. Realidad que si ha contribuido a alguna cosa no ha sido justamente a la descentralización política regional.
La llamada capacidad normativa de los gobiernos autónomicos sólo ha servido para edificar administraciones más o menos golosas con los impuestos de sus ciudadanos. Igual ha pasado, aunque en menor medida, con los pocos tributos locales que aún subsisten y que en muchas ocasiones obedecían más al capricho de las castas políticas del momento que no a las realidades diferenciales de los territorios. Tenemos demasiados faraones que sólo aspiran a construirse unas pirámides con las que pasar a la historia. Y sí, es posible tener un código civil en un territorio, por razones históricas, de tradición y cultura, pero en este siglo no se sustenta la diferenciación impositiva.
Hoy, gracias a ese extraño juego de supuesta descentralización tributaria (quizá mejor llamarlo parche político para solucionar la irregular financiación autonómica establecida), cualquier catalán está sometido a una mayor presión fiscal que otro ciudadano de España. Sobre todo, y gracias al clarividente presidente Artur Mas, en materia de renta como personas físicas.
En los últimos años, algunas grandes fortunas catalanas se marchaban a domiciliarse (que no a residir) a Navarra u otros puntos de la geografía para procurar que ante una eventual sucesión los impuestos fueran inferiores. Esa deslocalización impositiva, también se produjo hace años con las empresas vascas y sus criticadas y derogadas vacaciones fiscales.
Lo último en aplicación de la capacidad normativa autonómica en materia tributaria fue el céntimo sanitario, que varias comunidades aplicaron con la teórica (sólo teórica) voluntad de que su recaudación se aplicase de manera finalista al gasto sanitario. Bruselas, lógicamente, también se lo ha cargado.
Cuando alguien se domicilia en Andorra (recuerden el caso de la tenista Arantxa Sánchez Vicario) o Suiza (país al que podríamos considerar la segunda residencia de los españoles ricos) nos parece que su actuación esconde una enorme insolidaridad por la búsqueda de la elusión de impuestos. Y tampoco es un caso sólo español, aún resuena la polémica en Francia cuando el actor Gérard Depardieu, un icono cultural, decidió trasladar su residencia fiscal a Rusia para tributar menos.
Que a la Unión Europea le falta para ser unión lo que se conoce como armonización fiscal es una obviedad mayúscula e imperdonable. Pero difícilmente Europa será capaz de unificar su política fiscal cuando la solidaridad parece que sólo es exigible a los alemanes y otros países ricos en forma de fondos para el subdesarrollo del sur español o las agriculturas subvencionadas de Francia y otros lugares (avellana de Reus incluida). Pero que Irlanda y otros estados pueden permitirse seguir atrayendo empresas sólo por que allí pagan menos impuestos de sociedades no deja de ser una auténtica barbaridad en el siglo XXI. Eso no es competitividad, es puro dumping fiscal.
Por eso ahora que el ministro Cristóbal Montoro (con quien no nos unen demasiados intereses y al que no le gustamos de forma especial), esté pensando en cargarse los impuestos autonómicos no parece ninguna barbaridad salvo que el nacionalismo dominante en Catalunya lo convierta en otra agresión más a la sufrida patria chica.
Seamos realistas, ¿quienes abogan por la soberanía catalana permitirían a un hipotético territorio independiente establecer internamente diferentes políticas y presiones fiscales según en qué comarca o veguería catalana se residiera?
