Un eslabón débil
Aunque nuestro sistema judicial sea uno de los menos cuestionados de Europa, no está atravesando su mejor momento
En vísperas de la celebración del juicio del procés a los independentistas catalanes que intentaron dar un golpe a la Constitución se va creando un clima de desprestigio del sistema judicial.
La sentencia de Estrasburgo sobre el juicio que, según el fallo, no fue justo para Otegi y sus compañeros en el año 2011. Los bandazos del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas y la intervención del presidente del gobierno desautorizando al alto tribunal, han puesto en jaque a la justicia española.
El mejor activo de Pedro Sánchez en las próximas elecciones es tener el conflicto catalán encauzado
Nada es casual. Todo va encadenado. Pedro Sánchez ha vuelto a confirmar su intención de agotar la legislatura. A pesar de sus dificultades para sacar adelante los presupuestos. No le importa. Necesita tiempo para minimizar las responsabilidades penales del golpe a la Constitución.
Aunque sus socios independentistas no le apoyen en las cuentas públicas. Su mayor activo, cuando vuelva a ser candidato en las próximas elecciones, es tener el conflicto de Cataluña, al menos, encauzado. Vía concesiones, vía presiones a la justicia que jamás se reconocerán en público. Vía contradicciones.
Sánchez cuestionó en sede parlamentaria la existencia del delito de rebelión en el procés. Palo al juez Llarena y palo a sí mismo. Porque el pasado mes de mayo, desde la oposición, creía «clarísimamente» que los procesados del 1-0 habían cometido un «delito de rebelión».
El Tribunal Supremo ha cambiado de jurisprudencia dos veces en quince días
Su asignatura pendiente es el procés. Necesita llegar a las próximas elecciones como el presidente que consiguió rebajar la fiebre secesionista. Sin calcular el precio que deberá pagar por ello.
De momento, la Sala Tercera del Tribunal Supremo no lo ha podido hacer peor. Cambiando de jurisprudencia dos veces en quince días. Pero el oportunismo político del gobierno quedará grabado para la historia.
La pirueta judicial sin precedentes fue aprovechada por el presidente en apuros, que vio su oportunidad. Veintitrés años después de que Felipe González creara ese tributo a cargo del cliente que ahora todos acaban de descubrir, quienes se han comprado vivienda, incluidos nuestros gobernantes, han pagado.
Hasta que llegó Sánchez y mandó parar. No para suprimirlo sino para volver a cargarlo a la banca, contradiciendo la última resolución del Tribunal Supremo. A golpe de decreto. Sin esperar a valorar los fundamentos del alto tribunal. Prefirió enmendarle la plana. De poder ejecutivo a poder judicial.
Con la decisión de Sánchez, queda inaugurado el concurso de la demagogia
Y así ganarle por la mano a su socio Pablo Iglesias, colgándose la medalla populista de la semana frente a Podemos.
La banca contra las cuerdas. Que paguen los capitalistas. Aunque la medida acabe recayendo en los sufridos clientes. Queda inaugurado el concurso de la demagogia. Dice Sánchez que su decreto ley, para que el impuesto lo pague la banca, es para garantizar la «seguridad jurídica».
Pero no hay más inseguridad jurídica que ver a un presidente de gobierno enfrentándose al alto tribunal para contradecirle anunciando un decreto ‘exprés’ que anula su última resolución. ¿A partir de ahora, qué? ¿Sánchez volverá a retocar los fallos judiciales que le resulten incómodos?
La Sala de lo Contencioso – Administrativo ha quedado desautorizada por el presidente del Gobierno. Un gesto que debilita al Tribunal Supremo en un momento decisivo, en vísperas del juicio del procés.
La sentencia del Tribunal de Derechos Humanos
Estrasburgo acaba de sentenciar que Otegi no tuvo un juicio justo porque la presidenta del Tribunal (influenciada por la macabra historia de ETA) no fue imparcial. Y Otegi se fue a celebrarlo con Puigdemont para unificar su campaña contra el Estado español.
Es cierto que nuestro sistema judicial es de los menos cuestionados de Europa por el Tribunal de Derechos Humanos. Pero no está atravesando su mejor ciclo. Lo más valioso del sistema democrático son sus instituciones.
El Gobierno en lugar de apoyar al poder judicial lo deja al albur de la sospecha. Si consigue que la justicia sea el eslabón débil del procés, a base de predisponer a la opinión pública en contra de la prisión provisional de los encausados y de que no se les condene por rebelión, el Tribunal Supremo llegará al juicio muy presionado. Una justicia desprestigiada es más débil.
Por lo tanto más influenciable. Nos estamos alejando del Estado democrático con separación de poderes.