Un ejercicio de propaganda

Dejemos de lado el autobombo, los elogios acríticos hacia la evolución de España desde la Transición y la ausencia de comparación con lo logrado por nuestros vecinos en el mismo periodo de tiempo. Aún con la mejor de las disposiciones, hay que concluir que este ejercicio de (supuesta) prospectiva no tiene más que un objetivo, que no es el que sus responsables declaran. Más bien es el que da título a este artículo.

Algunos de los participantes en el estudio se encuentran entre los mejores profesionales españoles en sus áreas respectivas. Y como recopilación de datos de la evolución socioeconómica de España en los últimos 40 años no está mal. Los aspectos sobre los que recoge información son cuantiosos y están bien presentados en gráficos atractivos y tablas.

Lamentablemente, los reparos que se pueden poner a este estudio son mucho más numerosos, empezando por su irregularidad: unos capítulos están logrados, pudiéndose entender la lógica que conduce desde el presente hasta ese futuro que se pretende brillante (o “deseable”, en la jerga que recorre el documento).

Olvidando la incertidumbre

Otros capítulos, por el contrario, acumulan desatinos. Por ejemplo, no tener en cuenta la incertidumbre, elemento esencial en un estudio de prospectiva a largo plazo. No es que no la mencionen, sino que la olvidan para determinar que el escenario más favorable es además el más probable.

En otros casos el lector buscará en vano una metodología detallada que permita saber cómo demonios pasamos de unos indicadores muy poco favorables a las mejores cifras de Europa.

Todos los indicadores recogidos en el estudio, y son muchos, mejoran, la mayoría de forma notable. Independientemente de su situación en 2021, España será en 2050 un país con un desempleo mucho más bajo, con una tasa de actividad mucho más alta, con déficits y deuda mucho más bajos, con una desigualdad de ingresos mucho menor, y con un acceso a una lista interminable de servicios y bienes públicos mucho más equitativo.

Un cambio de rumbo poco creíble

Esto no sólo supondría un inaudito cambio de rumbo respecto al modo en que se ha comportado la economía española en los últimos 40 años, con características estructurales y path dependencies conocidas que debieran tenerse muy en cuenta en cualquier estudio serio, sino que parece evidente que en condiciones de escasez (por definición, aquellas en que se encuentra cualquier economía) todos los resultados no pueden mejorar simultáneamente.

A corto plazo, o se elige rebajar el déficit público o se gasta más en educación, o se reduce la deuda o se dedican más fondos a financiar el sistema de atención sanitaria. A medio y largo plazo, que algunas de estas cosas puedan ser compatibles dependerá del nivel de crecimiento, del propio y del de tus vecinos. Lo primero no se puede lograr por decreto, y lo segundo está fuera del alcance del gobierno español.

Los efectos del COVID-19 no están adecuadamente recogidos. Que la pandemia constituya una de las mayores crisis socioeconómicas globales desde la posguerra hubiera merecido ser conservadores en la atribución de probabilidad a los distintos escenarios futuros. En su lugar, se nos dice que, dado que aún no se pueden estimar los efectos “cuantitativos”, sólo se tratarán “desde un punto de vista cualitativo”. En otras palabras, esos efectos -cruciales- serán sólo comentarios o notas a pie de página, en su caso.

O dinero, o servicios públicos, no las dos

Los incrementos del déficit público y de la deuda pública, consecuencia del parón económico provocado por la estrategia del gobierno para luchar contra la pandemia, están entre los más elevados de la UE, y aún no han sido enteramente recogidos en los estudios de predicción habituales. Es decir, es muy probable que sigan empeorando en los próximos meses.

Lo mismo cabe decir de la tasa de desempleo, muy elevada (en especial la de desempleo juvenil, la mayor de Europa), y cuyo descontrol ha sido evitado (de momento) mediante un plan de expedientes de regulación temporal de empleo que registra múltiples problemas de diseño, financiación y ejecución.

Las restricciones en materia de políticas públicas que comporta la participación en el programa europeo NextGenerationEU tampoco se consideran en el documento. Nos olvidamos de dos importantes aspectos: que parte del dinero hay que devolverlo, lo cual restringe las opciones de política económica a disposición de éste y de futuros gobiernos, y que la financiación europea tiene como contrapartida la puesta en marcha de una serie de reformas que restringirá aún más si cabe las opciones del policy mix hasta 2050.

Objetivos imposibles

En otras palabras, no todo lo que dice el informe que se va a hacer para alcanzar los objetivos propuestos se podrá hacer, aunque existiera financiación para ello, porque las prioridades en el campo de las políticas públicas deberán determinarse juntamente con la Unión Europea.

Con todo, las objeciones más destacadas que, a mi juicio, se pueden plantear, son cuatro:

1. Muchos de los obstáculos previstos se salvan con “incentivos”, eufemismo para las transferencias del gobierno o incentivos fiscales, es decir, fondos públicos que se gastan o se dejan de ingresar, restringiendo una vez más los fondos disponibles para otras medidas.

2. La consecución de los objetivos del plan, objetivos loables e incluso necesarios en gran medida, está divorciada del análisis. Por un lado, tenemos una descripción de la situación en que nos encontramos en cada una de las áreas para las que el plan prevé actuaciones. Por otro lado, están los objetivos que se pretende alcanzar en 2050. Pero el estudio es mucho menos claro a la hora de explicar cómo llegamos de una situación a otra, del presente al “futuro deseable”. En la mayor parte de los capítulos simplemente hay un salto desde 2021 hasta 2050 sin enunciar qué medidas concretas hay que tomar hasta entonces, cuál es el calendario específico y cómo interactúan unas medidas con otras.

3. De lo anterior se deduce que el estudio no sirve como ejercicio de prospectiva. El verdadero interés de un análisis de proyecciones o escenarios futuros como éste no es tanto conocer lo que va a suceder dentro de tres décadas, sino enumerar las medidas de política económica, social, energética, etcétera, que se tienen que tomar hoy para alcanzar los fines deseados, y establecer un calendario de ejecución lo más preciso posible. En este sentido, el documento no sirve como prospectiva, y la enunciación de sus objetivos es un mero wishful thinking.

4. No obstante, incluso si ignoramos todo lo anterior y creemos que nos vamos a acercar a lo que se propone, entonces el triunfalismo mostrado por el gobierno al presentar la España de 2050 como una Arcadia feliz está de más, porque lo que tendría que haber explicado en su lugar es que el intento de conseguir todo esto va a requerir de un considerable sacrificio por parte de varias generaciones de españoles.

Innecesario riesgo electoral

Por ejemplo, el capítulo dedicado a la sostenibilidad del sistema de pensiones señala correctamente los problemas existentes, pese a sus eufemismos y expresiones ambiguas. Lo que no dice es que para conseguir dicha sostenibilidad hay que elevar cuanto antes la edad de jubilación, que (independientemente de las reformas que se escojan al final) las pensiones públicas se van a reducir para una mayoría de trabajadores, y que la necesaria introducción de forma generalizada de una capa adicional de pensiones privadas (o públicas que funcionen como un sistema de capitalización y no bajo el principio de pay-as-you-go) va a aumentar la desigualdad de rentas entre los pensionistas futuros. Y podemos llegar a conclusiones parecidas en la mayor parte de las áreas cubiertas por el estudio.

Haberse dirigido a los ciudadanos como personas adultas hubiera implicado correr un innecesario riesgo electoral, cuando el objetivo era justo el contrario. Pero esto, es obvio, tiene un nombre. Búsquenlo en el título que encabeza el artículo.