Un dilema inmoral: presos políticos o políticos presos

El auto de la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, justifica la prisión provisional de los líderes de ANC y Òmnium por el riesgo de reincidir en la comisión de delitos y de destrucción de pruebas. Delitos tan graves como sedición.  Delitos difícilmente discutibles frente al relato de los hechos.

Si las imágenes en televisión facilitaron la indignación de muchos por las cargas policiales del 1 de octubre, las del cerco de los manifestantes a la consejería de economía el 20 de septiembre, con la destrucción en directo de bienes y vehículos de la Guardia Civil, son una prueba evidente de la violencia y coacción de aquellos manifestantes. Impedir la actuación de la policía judicial con métodos violentos es la base en que radica la acusación de sedición. Y allí, encaramados a vehículos, con altavoces en la mano, dirigiendo a los manifestantes, los dos ingresados ahora en prisión.

Es un auto bien razonado al acusar de delitos de sedición, que comportan importantes penas de prisión. Y el asunto no ha hecho más que empezar, porque existen imágenes grabadas, no solo de la actuación como dirigentes e impulsores de aquellas acciones de Jordi Sànchez y Jordi Cruixat, sino de la participación de personas concretas en aquellas algaradas. También de la pasividad de los mandos de la policía autónoma para impedir la comisión de aquellos presuntos delitos y proteger la acción judicial. La prudencia de la magistrada se ha demostrado en las actuaciones con los mandos de los Mossos investigados. Quiere realizar más investigaciones para determinar y, en su caso ampliar, las acusaciones contra ellos.

Conviene leer la declaración de la secretaria judicial que se personó en la consejería de economía para efectuar un registro por mandato judicial. El pánico que sufrió hasta tomar la decisión de saltar por las azoteas para huir ante la imposibilidad de salir del edificio por otros medios, por la amenaza de la turbamulta gobernada por los dos «jordis».

Hagamos algunas reflexiones

La justicia tiene sus propios tiempos que no obedecen a razones políticas de oportunidad. Cada juez, en su causa, es el único soberano solo sometido al cumplimiento de la ley. Determinar que la magistrada Lamela actúa por instrucciones del Gobierno es una acusación de prevaricación no soportada, siquiera, en un indicio razonable.

La justicia española es tremendamente garantista. Un código napoleónico que se circunscribe a la tipificación de las conductas para que puedan ser constitutivas de delito. Garantías que son agotadoras hasta llenar centenares de miles de folios de pruebas y contrapruebas en cada causa, donde los acusados tienen todos los medios para defenderse.

Impedir la actuación de la policía judicial con métodos violentos es la base en que radica la acusación de sedición

En ese sentido, con la servidumbre de lentitud de los procedimientos que exigen las garantías, es un código modélico.

Los decretos de una prisión provisional exigen algunos requisitos que no se pueden soslayar. Riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de alarma social grave, son algunos de los riesgos que tiene que razonar el juez que decreta esa media cautelar.

Es difícil ignorar la concurrencia de estos factores en las razones por la que la juez Carmen Lamela determinó la prisión provisional de los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural por los sucesos de los que tienen que responder.

Solo hay un inconveniente grave. Enfrente, los dirigentes y partidarios de la revuelta secesionista se consideran liberados no solo del sometimiento a la ley, la del Estado y la de la autonomía, sino de la más mínima lealtad institucional e intelectual. Negar la evidencia, manipular los hechos y construir la mentira como relato forma parte del universo en el que desenvuelven su actuación política.

El soberanismo adjudica voluntad política en el ingreso en prisión provisional de los encausados, pero ignora un auto judicial razonado

Imposible tener un debate razonable y razonado porque no respetan ninguna ley, incluidas las que promulgan, ni están sometidos a la verdad objetiva de los hechos. Su tecnología es la trampa sin rubor en ejercerla.

Han decretado la existencia de «presos políticos» perseguidos por sus ideas, haciendo abstracción de la realidad que determinan las imágenes de violencia y el secuestro de funcionarios públicos atendiendo un mandato judicial.

Se adjudica voluntad política del gobierno en el ingreso en prisión provisional de los encausados, ignorando un auto judicial razonado por delitos graves.

Se adjudica la responsabilidad de esa iniciativa al Gobierno, ignorando que en España está garantizada la separación de poderes. Y se decreta que el ingreso en prisión de los «jordis» es la respuesta política del Gobierno de España a la oferta de diálogo que según ellos habría formulado el president de la Generalitat. Un supuesto diálogo que circunscriben a la forma en materializar la independencia de Cataluña.

Es imposible tener un debate razonable y razonado con el soberanismo porque no respetan ninguna ley

Desde la Generalitat se han hecho llamamientos a la movilización en la calle antes estas detenciones que para ellos no son judiciales sino políticas.

Existe una enorme coherencia en los comportamientos de los secesionistas formulados desde la institucionalidad de unos cargos que ya no tienen adscritas sus potestades en ninguna legalidad.

Se ha combinado sin ningún pudor la actuación institucional como representantes ordinarios del Estado en Cataluña con la subversión callejera. Cuando quieren son gobierno y cuando les conviene agitadores, porque como se ha dicho no están sujetos a ninguna regla que son tan eclécticas como les conviene en cada caso.

Llegados a este punto, la primera conclusión que debiera imponerse es que, en estas condiciones, sin un mínimo de lealtad dialéctica y a la ley, no hay diálogo ni negociación posible porque son unos tramposos congénitos e incurables que no merecen la mínima consideración a la palabra dada.

Con un comportamiento fanático, los insurrectos tienen una turbamulta de seguidores que repiten consignas como miembros de una secta irredenta; construyen verdades a su medida sin ningún rubor.

El aislamiento internacional y la fortaleza del estado ha sentenciado el fracaso de la DUI

Como los mismos acusados han establecido amenazas ante la magistrada que le ha enviado a prisión provisional, cuando le dijeron: «nos esperan días de tensión y de algaradas». Un clima que irá in crescendo a medida que se vayan quedando sin espacio ni perspectiva para su ensoñación. España, por imperativo constitucional y por convencimiento que radica en su soberanía, no puede negociar el fraccionamiento de la nación.

A pesar de que la cruda realidad económica, el aislamiento internacional y la fortaleza del estado que quieren destruir ha sentenciado el fracaso de esta intentona, la vía elegida es la inmolación.

Hay decenas de causas abiertas sobre las acciones que se han llevado a cabo contra la Constitución y el Estado de derecho. «Dura lex, sed lex«. La ley es dura, pero es ley. Un principio del derecho Romano en donde radica que la ley no puede dejar de aplicarse y obliga a la dureza frente a quien la incumple.

El Gobierno, PSOE y Ciudadanos han demostrado una paciencia infinita

Ese es el límite de la acción política que impide a los gobernantes legítimos ignorar la ley por conveniencia política. Sencillamente es imposible que el gobierno interfiera en la actuación de la justicia.

El Gobierno y quienes le apoyan, PSOE y Ciudadanos, nada menos que el 74 por ciento del Congreso de los Diputados, han demostrado una paciencia infinita. Agotados todos los procedimientos para dar oportunidad a los insurrectos para rectificar sus conductas delictivas y volver a la legalidad, no queda otro remedio que la aplicación de la ley para revertir la situación de insumisión y exigir responsabilidad a los culpables de este dislate.

Ahora se ha puesto en marcha el metrónomo de la justicia. Marca un compás constante y armónico en donde los tribunales actuarán frente a los delincuentes. Ningún observador internacional tendrá dudas de dos cosas incuestionables: el diálogo solo puede ser en el marco de la ley. Y los delincuentes tienen que responder ante los tribunales. No queda otra.