Un buen momento para rectificar
Aquellos polvos le traen al Partido Popular estos lodos. Solo meses después de haber ganado las elecciones generales prometiendo todo lo contrario, la derecha triunfante ya había metido mano en los pilares del estado del bienestar: la sanidad y la educación. Vía decreto y junto a otras iniciativas duras, como una reforma laboral para abaratar el despido, precarizar el empleo y desactivar la negociación colectiva.
Una de las contrarreformas más hirientes la aplicó en seguida en el ámbito de la sanidad pública. Entre otras muchas cosas, redujo el gasto sanitario introduciendo copagos, también de los pensionistas, o dejando fuera de cobertura muchos medicamentos (exactamente 400) para afecciones no graves, pero sí muy comunes y de uso necesario y habitual, sobre todo entre los mayores. Hablamos de tratamientos para inflamaciones reumatoides, diarreas, congestión nasal, migrañas, estreñimiento, varices, psoriasis. El día a día de la consulta del médico de familia. Lo habitual en la farmacia del barrio. Como consecuencia, mucha gente no retira medicamentos porque no puede afrontar los copagos. O se deja de medicar porque su presupuesto de pensionista no da para dejar 40 ó 50 euros en la botica cada mes.
El gobierno de Rajoy trasladó a las familias un gasto que antes cubría la Seguridad Social. Si se prefiere, más técnicamente, privatizó parte de la financiación de la sanidad trasvasando el gasto público al gasto familiar.
No fue la única medida, porque lo que el Partido Popular planteó fue un verdadero cambio de modelo sanitario, que sirvió para dejar fuera de cobertura a cientos de miles de personas. Hace unos días, todos los partidos políticos españoles, con excepción del PP y de Ciudadanos (atención a este posicionamento de la formación de Rivera) firmaron un acuerdo que los compromete a recuperar el carácter universal de la sanidad pública y devolver la atención gratuita a los inmigrantes irregulares, cruelmente excluídos en la contrarreforma de Rajoy.
En términos económicos, los brutales recortes aplicados a la sanidad española se saldaron con una caída del 14% en el presupuesto de hospitales y centros de salud. Un total de 10.000 millones menos que antes de la crisis, según los datos del Ministerio de Hacienda publicados este fin de semana. Nada menos que casi un punto del PIB.
Se argumentó entonces que se trataba de medidas excepcionales. Que «no había más remedio» para garantizar el futuro del sistema sanitario público. Ahora, el Gobierno insiste en que la economía se recupera y hemos salido del fondo del abismo. Hay indicadores ciertos de que es así, pero la evidencia empírica es que no revierten las tasas de paro y se incrementan las de precarización laboral.
El mensaje de que ya vamos bien no cuaja. Era el arma electoral de Rajoy y los suyos para este año de urnas. Es posible que de aquí a las elecciones generales de fin de año el Gobierno revierta alguno de los palos dados a la sanidad pública para disminuir el cabreo de los votantes. Los suyos también. En justicia ya se ha dado marcha atrás parcial con algunas tasas manifiestamente injustas.
Es posible, pero no probable. Porque mucho me temo que los recortes en sanidad no eran solo cuestión de urgencia presupuestaria, ni de imposición para que la UE rescatase nuestra banca con 41.300 millones. Si las cosas ya van bien, como dicen, para que el personal se lo crea sería el momento de dar marcha atrás en asuntos tan sensibles como el medicamentazo y los copagos implantados en un infausto mes de abril de 2012. ¿O no?
