El tramposo término de desjudicializar

Las cábalas hechas por unos y por otros sobre la reforma de la sedición, la malversación agravada y la desobediencia de cara a los imputados en las causas que ahora llegarán a juicio sobre la causa del 1-O han dejado en entredicho todas las suposiciones. El largo listado declarativo por los líderes del PSOE, del PP, de ERC y de otras formaciones no han coincidido con la realidad. No es la primera vez que ocurre, pero en este caso todo ha quedado como muy evidente.

Las formaciones y sus líderes se olvidaban de una tipología de protagonistas fundamentales para que sus proyecciones se convirtieran en realidad: los jueces. Ellos son el otro poder del Estado que debe interpretar las leyes que llegan del legislativo. Así debe ser, al menos si consideramos de verdad que vivimos y queremos vivir en una democracia.

La desjudicialización de la política es un término con el que nos hemos desayunado casi cada mañana en algunas de las tertulias que podemos escuchar por toda España. Pero qué significa desjudicializar. ¿O es que la justicia se metió en política sin que esta fuera requerida? ¿Quién introdujo a los jueces en la obligación de poner orden en los desbarajustes políticos provocados por emociones equivocada y proyectos sin sentido? Los jueces entraron después. Las leyes no se las saltaron ellos. Fue la política mal entendida.

La Fiscalía Superior de Catalunya sólo ha hecho su trabajo frente a tres nuevos casos donde están implicados protagonistas del ‘procés’: Josep Maria Jové, Lluís Salvador y Natàlia Garriga. Puede que nadie contara que sólo se trataba de que hicieran su trabajo.

ERC pensó que una reforma de la ley solucionaba el futuro para los que ya habían sido juzgados y para los que todavía tenían que pasar por ello. El PSOE consideró que ganaba tiempo a la hora de pactar presupuestos muy al estilo de Pedro Sánchez. Que una decisión inmediata, rápida y fugaz, no vaya a fastidiar la fiesta de hoy.

Y el PP también ofreció un argumentario fácil de entender sobre todo entre sus parroquianos: considerar que los socialistas estaban dulcificando lo que en otra época fue muy grave. Parecía que la reforma daba alas a que otro 1-O fuera posible sin penas posibles.

Pues ni una cosa ni la otra. Ni la malversación se cuela como una pena de la señorita Pepis, ni la sedición desaparece como si fuera posible tomarle el pelo al Estado otra vez con la impunidad que se hizo en 2017.

La propia Esquerra reconoce que Jové y Salvador fueron los arquitectos del 1-O. Eso es tanto como decir que desde un punto logístico e intelectual ellos estuvieron detrás de todo el desastre. Los seis y siete años de cárcel que solicita Fiscalía, aunque la cárcel no sea jamás una solución, y unas inhabilitaciones de entre 28 y 32 años, son las que la justicia esperaba, no así la política. Ni unos, ni otros.

La decisión de Fiscalía beneficia, aunque resulte extraño decirlo, al interés que en estos momentos tiene Esquerra sobre la mesa. Criticada y desprestigiado su nivel independentista de los últimos años, insultada desde JxCat por arribista y pactista con el autonomismo, un golpe tan fuerte como el recibido la sitúa nuevamente entre los perjudicados por el Estado. Ya existen argumentos para rebatirlo.

Así se entienden las durísimas declaraciones realizadas por Jové al conocer la noticia: “Miserables, malas personas y, sobre todo, mucha cobardía”. No hay más que decir.

El caso equilibra a los que consideraron que ERC se había vendido por unas monedas. O por una reforma. Las interpretaciones son para todos los gustos. Pero lo cierto es que no parece que los inventores del 1-O se marchen de rositas para casa. Los indultos serán otro capítulo.