¿Tomará Sánchez prestados, también, nuestros ahorros?
Los proclamados alcaldes progresistas no parecen preocupados por preservar la autonomía de su gestión sino por no poder gastar más de lo que ingresan
Lo más inquietante de la propuesta de quedarse con el dinero municipal es hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué impide a Sánchez plantearse meter mano a los ahorros de particulares para pagar los gastos del Estado?
Históricamente los alcaldes reclamaron que el reparto del gasto público en España fuera del 50%, el 25% y el 25% para el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, respectivamente. Fue un sueño que nunca se materializó.
Las CCAA no paraban de subir en su porcentaje de gasto público mientras los municipios no supieron hacer lobby seguramente porque no ponían y quitaban presidentes del Gobierno y jamás llegaron, ni de lejos, al 20%, a la vez que tenían que asumir muchos gastos sobre competencias que no les son propias en ámbito asistencial o educativo.
Los municipios fueron siempre la cenicienta de la hacienda pública en un país donde más de 5.000 municipios tienen menos de 1.000 habitantes y, por lo tanto, tienen una infrafinanciación dependiente de la participación en ingresos del Estado y las aportaciones de las diputaciones provinciales.
Esa financiación imposible por falta de capacidad de generar recursos propios vía IBI, IAE o licencias de obras llevó, en el pasado, a los ayuntamientos a endeudarse y a Cristóbal Montoro en 2012 a decretar lo que ya estaba en la Ley de haciendas locales, que no es otra cosa que la exigencia de realizar presupuestos sin déficit. Desde entonces las haciendas locales han mejorado y la deuda municipal se ha reducido.
Cuando Montoro exigió a los ayuntamientos cumplir la ley los alcaldes de izquierdas pusieron el grito en el cielo. Ellos querían libertad para gastar y endeudarse aunque fuera a coste de generaciones futuras. El revolving a gran escala en los presupuestos municipales es un vicio de muchos munícipes.
Para un alcalde, es más cómodo endeudarse que subir los impuestos
Así las cosas, gracias a Montoro y a la gestión de los alcaldes muchos ayuntamientos generan recursos que luego se incorporan como ingreso al año siguiente y eso permite que, el que gestiona bien, mantenga la presión fiscal en limites razonables o tenga mayor capacidad de inversión. El ahorro siempre tiene premio, también en la gestión municipal.
Pedro Sánchez pidió a los Ayuntamientos que le entregaran sus remanentes positivos de tesorería para hacer frente al gasto del Estado derivado del coronavirus, y los alcaldes socialistas, pensando que nadie diría ni pio, entregaron a Sánchez la autonomía municipal consagrada en la Ley de Bases del Régimen Local.
La propuesta de Sánchez de quedarse con parte del dinero de los ayuntamientos es algo así como el renacimiento inverso del Banco de Crédito Local. Los alcaldes de todos los partidos se han opuesto a la pasada de cepillo de Sánchez; unos, los del PP, alegando que se vulneraba la autonomía municipal consagrada en un Ley orgánica.
Otros, los del PSOE y Podemos, porque aspiraban a que Sánchez les dejará gastar más de lo que ingresaban y a endeudarse para así arruinar a los ayuntamientos y dejarlos sin capacidad de inversión y quien sabe si de mantenimiento de los servicios públicos en un futuro.
Los proclamados alcaldes progresistas no parecen preocupados por preservar la autonomía de su gestión sino por no poder gastar más de lo que ingresan.
Para un alcalde, en el momento de gastar, es más cómodo endeudarse, aunque sea más caro, que subir los impuestos, dado que la ciudadanía no percibe ese endeudamiento de forma inmediata.
Apropiarse de los recursos municipales anula la diferencia entre buenos y malos alcaldes
Es una especie de huida hacia delante practicada por muchos ayuntamientos el año previo a las elecciones para poder realizar obras, fiestas y regodeos que luego pagará la administración entrante.
Apropiarse del dinero de los ayuntamientos no solo es ilegal, también es cobarde, dado que los alcaldes no tienen capacidad alguna de incidir sobre el Gobierno de la nación a diferencia del poder que sí tienen, por ejemplo, Íñigo Urkullu o Miguel Ángel Revilla.
Apropiarse de los recursos municipales resultado de la buena gestión anula la diferencia entre buenos y malos alcaldes, y convierte la vida política municipal en una mera carrera demagógica de gasto desaforado que arruinará a los ayuntamientos y empeorará el paisaje urbano a medio plazo. Si todos los ayuntamientos se quedan sin recursos, ¿cómo se podrá distinguir quién es buen y mal gestor?
