Tiempo de reformas para un escenario inédito

El escenario actual, en el momento en que escribo estas líneas, debido, por un lado, a la crisis sanitaria de la pandemia y, por otro, a la guerra en Ucrania, constituye algo totalmente inédito en las últimas décadas, producto de una concatenación de circunstancias anómalas y de sucesos imprevistos que están afectando a las economías de todos los países.

Más que nunca es necesario tomar conciencia de esta realidad tan atípica para que la adopción de las decisiones económicas que tomen los gobiernos sean lo más adecuadas posibles y, sobre todo, que atinen a la hora de apuntar en la correcta dirección para paliar los efectos tan nefastos y desfavorables que estos factores están provocando en la mayoría de ciudadanos de todo el mundo.

Antes de abordar cualquier medida, es necesario conocer ciertas magnitudes económicas que condicionan las decisiones futuras y, además, es necesario también tener claros los objetivos que se quieren alcanzar –como, por ejemplo, a la hora de definir si se quiere, o no, mantener el actual estado del bienestar social– y, sobre todo, explicar a los ciudadanos qué reformas habrá que acometer para que puedan tomar conciencia de ellas.

Por un lado, es preocupante la galopante inflación en nuestro país. El último dato del mes de febrero la sitúa en un 7,6% y, más allá de frenarse la senda de subida, sigue su tendencia alcista en sintonía con la de los países de la eurozona, que en febrero ya se situaba en el 5,9 % frente al 5,1 % del mes de enero.

Por otro, en España tenemos un problema importante de deuda. En el año 2020 siguió creciendo, situándose en el 120 % sobre el PIB (recordamos que en 2019 era del 97,5 % y que, según las previsiones, podría llegar al 120,4 % para 2021, si bien es cierto que ya para el presente año se prevé una ligera disminución, estimándose en el 115,7 % sobre el PIB).

A nivel de los países de la eurozona, la media de la deuda es mucho menor, situándose en el año 2020 en el 97,3 % sobre el PIB, estimándose en un 96,6 % para el año 2021, y lo más seguro es que siga descendiendo en los años siguientes. Otra magnitud muy importante es el déficit o, lo que es lo mismo, la diferencia entre los ingresos y los gastos. En España, en el año 2020, se situó en -10,95 % sobre el PIB, casi cuatro veces más que en el año precedente que fue del -2,87 %.

Las previsiones para 2021, 2022 y 2023 son del -7,5 %, -4,8 % y -4 %, respectivamente. A nivel de los países de la eurozona la situación es más favorable, en 2019 se situó en -1 % y en 2020 subió, igual que hemos visto en España, al -7,9 %, estimándose para 2021, 2022 y 2023 en un -5,9 %, -3,2 % y -2,1 %, respectivamente.

Todas las magnitudes que hemos referenciado revelan la grave situación por la que está atravesando nuestra economía y las del resto de nuestros socios de la Unión Europea, que, sin duda, influirán a la hora de tomar decisiones macroeconómicas y microeconómicas.

“En estos momentos, lo mejor son pocas medidas, pero acertadas. Cuando dejemos atrás la crisis, deberemos abordar la reforma del sistema tributario. Será entonces, no antes, cuando habrá que rescatar las propuestas de los expertos que han elaborado el libro blanco y abrir el debate”

Valentí Pich

Ahora bien, hay que traer también a colación la política fiscal, dado que, para conseguir los objetivos últimos de las economías, esta variable cobra una especial relevancia y es a la que suelen acudir en masa todos los gobiernos como pieza clave del ajuste que se quiera realizar. Por tanto, se hace necesario conocer cuáles son los ingresos tributarios y para ello necesitamos saber el nivel de recaudación.

En nuestro país, en el año 2021, el incremento de recaudación con respecto a 2020 fue del 7,47 %, siendo el Impuesto que más aporta el de la Renta de las Personas Físicas, que en 2021 logró recaudar un total de 94.500 millones de euros, lo que supone el 42 % del total de los ingresos tributarios (más adelante analizaremos sobre qué contribuyentes recae el peso de la recaudación).
El siguiente tributo por importancia es el Impuesto sobre el Valor Añadido, que aporta a las arcas públicas casi el 33 % de la recaudación total, seguido muy de lejos por el Impuesto sobre Sociedades, que aporta un 12 %. Estos tres tributos son el eje vertebral de la recaudación en España y sobre los que pivotan la mayor parte de los ingresos.

De los datos publicados por la Administración tributaria, observamos que el 73 % de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas recae en las rentas medias y medias-altas, con rendimientos entre 21.000 y 150.000 euros, siendo el tramo de rendimientos entre 30.000 y 60.000 euros el que más aporta al total recaudado, en concreto un 36,69 %.
Este dato no es baladí porque si se aprieta demasiado a la clase media el efecto podría ser el contrario al que se persigue, de ahí que haya que ir con precaución en cuanto a las medidas que se quieran adoptar.

Pero, como es obvio, tampoco nos podemos olvidar de las rentas bajas que, aunque no sean quienes más aportan a las arcas públicas, necesitan capacidad económica para afrontar los gastos, sobre todo los más cotidianos y, por lo tanto, resulta indispensable ayudar a las personas que apenas logran llegar a final de mes.

Por parte de las empresas, es el Impuesto sobre Sociedades el que mide la recaudación. Este tributo, que venía incrementándose poco a poco desde 2014, se estancó en 2019 y, como era de esperar, descendió abruptamente en 2020.

Lo más relevante no es que en 2021 se haya superado la recaudación de 2020 con creces, sino que haya recaudado un 12,2% más que en 2019. Sin duda, esto tiene mucho que ver con el aumento de beneficios de las empresas el pasado año y, seguramente, con el fuerte incremento que tuvieron las firmas del Ibex 35.

Entre los tributos indirectos, el más importante es el Impuesto sobre el Valor Añadido que, como sabemos, lo pagan los ciudadanos. Recordamos que es neutral para los empresarios, salvo excepciones, por lo que cualquier rebaja en los tipos de gravamen no debería de producir, en principio, ningún efecto para los empresarios, solo para los ciudadanos que son los consumidores finales. Eso sí, el Estado recauda más por este tributo cuanto mayores son los precios de los productos, ya que el tipo de gravamen recae sobre la contraprestación, motivo por el cual en el último año la recaudación ha subido, fruto del alza de los precios de los productos, especialmente de ciertas materias primas.

Si se quiere de verdad rebajar este tributo es necesario tocar los precios porque la reducción del tipo de gravamen se diluiría, en un escenario de inflación, por el alza de los precios de los bienes. Una vez que se conoce la realidad, hay que emprender la tarea complicada de implantar las medidas más adecuadas para afrontar la situación a la salida de la crisis. Aunque no quiero ser apocalíptico, hemos de ser consciente de la difícil situación que supone para los gobernantes realizar los ajustes pertinentes, y que estos sean los más convenientes.

Si pensamos que la crisis es algo coyuntural, se podrían implantar medidas fiscales en el corto plazo, aunque no se debería olvidar un horizonte temporal a más a largo plazo para no perder de vista los objetivos que había antes de esta situación. Además, hemos de tener en cuenta que las ayudas europeas no son a coste cero y que, más tarde o más temprano, habremos de rendir cuentas sobre su ejecución y sobre sus resultados.

No es momento de grandes reformas, sino, como ya ha quedado dicho, de medidas puntuales y atinadas a sectores muy concretos. Hace unos días hemos conocido el Libro Blanco sobre la reforma tributaria, en el que a través de 800 páginas se ha realizado un diagnóstico del sistema tributario español, haciendo un recorrido por todos los tributos y en donde se analiza cada uno de ellos.

Es un documento que invita a la lectura y que servirá a los diferentes agentes económicos a profundizar, si cabe aún más, sobre cómo debe diseñarse el nuevo marco jurídico-tributario, no solo a nivel estatal sino en sintonía con el resto de las Administraciones públicas, como son las comunidades autonómicas y las entidades locales.

Pero no nos engañemos, en estos momentos, como ya hemos señalado, lo mejor son pocas medidas, pero acertadas. No hay duda de que, cuando dejemos atrás la situación de crisis actual, se tendrá que abordar la reforma del sistema tributario, y será entonces, y no antes, cuando se tendrán que rescatar todas las propuestas de las personas expertas que han elaborado el citado libro blanco y abrir de nuevo el debate.

Favorecer a las familias y a las empresas tiene que ser algo prioritario, pero las decisiones han de ser consensuadas con nuestros países vecinos, aunque cada país es cada país, con su propia idiosincrasia, y eso no se puede evitar. Además, hay que tener presente que partimos de una situación previa a la crisis de la pandemia y a la guerra en Europa, con enormes cambios tecnológicos, una población envejecida y diversos elementos que condicionan la realidad económica, que, a la hora de tomar medidas en el presente, no deberían ser obviados.

En fin, nadie tiene la bola de cristal para predecir el futuro, por lo que debemos de confiar y apostar por que nuestros gobernantes hagan un buen diseño de estrategias para revertir esta situación lo antes posible. Aunque seguramente ya nada vuelva a ser como antes, al menos, que el esfuerzo que los ciudadanos realizan día a día pagando sus impuestos se vea recompensado con la eficiencia, eficacia y transparencia que se ha de exigir a todos los gobiernos.

Este artículo pertenece al nuevo número de la revista mEDium 10: ‘Economía de Guerra’, cuya versión impresa puede comprarse online a través de este enlace: https://libros.economiadigital.es/libros/libros-publicados/medium-10-economia-de-guerra/