Tercera vía para los ilusos
El mantra del diálogo y la convivencia que los asesores del PP aconsejan a ministros y altos cargos empieza a ser patético. Sobre todo cuando las propuestas procedentes del españolismo inteligente, versión confederal de Duran, federal de Navarro, de asimetría fiscal de Sánchez Camacho, reciben unánimemente y de forma desconsiderada un NO, NO, NO, que entonan al uníson los «Coros y danzas de Educación y Descanso» del PPSOE.
Por lo tanto los manifiestos y llamamientos hechos desde la tercera vía quedan desenmascarados como un intento dirigido no tanto a cambiar España (misión imposible) como a dividir el bloque social mayoritario de Catalunya.
Estaba leyendo una de las últimas manifestaciones del autodenominado federalismo de izquierda y, francamente, cuesta muy poco darle la vuelta a favor de las tesis soberanistas.
El proceso a favor de llevar a cabo una consulta constitucional para la Reforma federal de España parte de una lógica deliberadamente tramposa. Las formaciones consideradas federales saben que la hegemonía ideológica y social secular en España, fruto del proceso de acumulación de poder por la casta oligárquica y extractiva, está en manos de ésta.
Sólo en los momentos efímeros de ruptura –Primera y Segunda República– ha habido serios intentos de contemplar una articulación que se asemejara a la de los estados compuestos.
Las formaciones federalistas saben que con la correlación de fuerzas actuales, que a pesar del desgaste del bipartidismo –que será compensado por el ascenso del populismo españolista y nunca por parte de la izquierda poscomunista y federal– cualquier consulta de reforma constitucional será sobre un texto fraudulento.
Se consagraría un Estado centralista con cobertura pseudofederal dónde no se reconocerían ni siquiera la soberanía en la cultura, el idioma y la enseñanza de las sociedades no castellanas, como sí que pasa en Canadá y en Quebec.
Y si se llegara a hacer sobre un texto homologable en estos estados federales plurinacionales, el resultado cantado sería el deu nos votos favorables en Catalunya y Euskadi y ligeramente en Galicia, Valencia y Baleares y en el resto, con mayoría demográfica, en contra.
Así pues, partir de la base, como hacen los federales, de que no hay ninguna otra legalidad posible que aquella que emana de la Constitución de 1978 y del Estatuto del 2006 sólo lleva a una tensión social enquistada en España y en las nacionalidades con mayor personalidad. Éstas son precisamente las que tiran del carro económico y del progreso.
El anuncio imperativo de impedir la consulta en nombre de la legalidad, que uno de los padres de la Constitución ha desmentido, aboca el Estado a ejercer una represión jurídica que, al límite, creará una grave inestabilidad social, política y económica en España, contribuyendo a hundir todavía más la actual marca del país ya lastrada por la burbuja inmobiliaria, la corrupción y las imágenes franquistas y filonazis vinculadas a miembros del partido del Gobierno.
También saben, los federales, que, a estas alturas, a pesar de que no hay un solo miembro de la Unión Europea que apoye previamente a un proceso independentista por riesgo de desestabilización, tener un Estado enfermo en el vientre de Europa es una bomba de relojería para la propia Europa.
Si España apura al límite los mecanismos legales, y ya no digamos si son policiales y todavía más militares, Europa se posicionaría rápidamente a favor de las víctimas del democraticidio.
El camino que hay que seguir no puede ser el de someter a la sociedad catalana a la enorme tensión de un proceso donde la ciudadanía tenga que reclamar sistemáticamente en la calle aquello que los estados liberales y demócratas avanzados conceden electoralmente.
Los federales saben que la pertenencia sentimental a una cultura y lengua no coincide con la adscripción a un proyecto político. También lo saben perfectamente nuestros conciudadanos procedentes de ex colonias americanas o africanas, hace unos años provincias españolas y de cultura española, que decidieron independizarse para salvaguardar sus intereses políticos y económicos maltratados por la metrópoli con la que compartían idioma.
En el contexto actual, en que hace falta la construcción de un poder político fuerte que pueda hacer frente a la globalización económica y financiera, lo último que le conviene a Europa es tener estados enfermos como España que no respetan los anhelos democráticos de parte de la población.
Sólo con la suma de los estados que sean queridos por todos sus ciudadanos y que compartan de verdad el mismo proyecto político, puede construirse una Europa fuerte. Cataluña como Estado podría ser una piedra angular en el espacio estratégico del Mediterráneo occidental.
