Tarragona, su puerto y el nacionalismo enfermo

De nuevo, los agitadores sociales del nacionalismo catalán más rancio y trasnochado han regresado en las últimas horas a la palestra. Tras conocerse la noticia de que la firma Bergé Marítima, especializada en la distribución de automóviles, iba a perder un contrato con la alemana Daimler para exportar coches desde el Puerto de Tarragona a países asiáticos por no disponer de conexión ferroviaria de ancho europeo, algunos de sus más insignes representantes montaron en cólera política atribuyendo el problema a la ministra de Fomento, Ana Pastor.

Incluso llegó a ser trending topic en twitter la leyenda #DimissioAnaPastor. No hay que perder ni un minuto en defender a la ministra, ni por supuesto al gobierno que representa. Son políticamente malos hasta extremos rayanos con el paroxismo. Por supuesto, nadie en sus cabales puede hacer otra cosa que criticar el retraso que el llamado Corredor del Mediterráneo acumula desde hace ya demasiado tiempo. Excesivo para una región española que concentra la parte más importante en la creación de riqueza y en la economía, llamémosle, productiva de España. Lo de Bergé es una oportunidad de negocio más que se evapora.

Es cierto, constituyen una auténtica barbaridad los retrasos de la Administración central en apostar de manera clara y sin subterfugios por esa comunicación fluida en el arco mediterráneo. No se trata ya de un debate político partidista, sino de lograr una actuación clara a favor de la exportación y la conectividad con la Unión Europea. La piden gobiernos de derecha como los de Cataluña (CiU) y Valencia (PP), pero también los socialistas andaluces. La reclaman, por supuesto, las organizaciones empresariales de todas las zonas afectadas y cualquiera que aspire a una mejora económica impulsada por infraestructuras modernas.

Pero dicho todo esto, sería injusto que los mismos ámbitos del nacionalismo catalán que piden la dimisión de Pastor no hubieran hecho lo mismo cuando Cataluña perdió las inversiones de Las Vegas Sans o cuando los promotores de Barcelona World desistieron de su proyecto. No entiendo por qué razón no se pidió la dimisión de Artur Mas en aquel momento o la del consejero de Economía Andreu Mas-Colell cuando la mayor privatización del Ejecutivo catalán (ATLL) ha sido revocada por casi todas las instancias judiciales y mantiene a empresas y ciudadanos en el limbo de la seguridad jurídica.

Puestos a pedir dimisiones, ejercicio al que es fácil apuntarse, que se reclamen también las de aquellos políticos del gobierno catalán y de la oposición que con sus aquelarres identitarios de los últimos tres años han mantenido una incertidumbre política nefasta para la captación de inversiones y para solidificar el tejido económico catalán, más irresponsable todavía en tiempo de crisis.

Es propio de un macabro reduccionismo intelectual ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Por más cabreo y razón que se posea al criticar el asunto del puerto de Tarragona, que les pregunten a algunas de las químicas del polo industrial de esa provincia qué les parece la parálisis de la administración catalana desde que comenzó el baile soberanista. Que comparen y luego pidan dimisiones; de lo contrario actúan sólo como unos verdaderos y coléricos enfermos.