¡Socorro, España está en quiebra!
Ante el mercadeo que están protagonizando los líderes políticos españoles, las negociaciones entre la CUP y Junts pel Sí fueron cosa de niños. La riña entre los soberanistas fue durísima y acabó con un órdago inesperado que se llevó por delante al candidato de la CUP, Antonio Baños, y a un par de sus diputados, además de someter a la extrema izquierda al dictado del grupo mayoritario.
Pero el combate también dejó una gran víctima en las filas de Junts pel Sí. Su candidato a la presidencia, Artur Mas, tuvo que renunciar y abandonó su intención de presidir la Generalitat.
Todas las negociaciones políticas tienen un coste. En Cataluña no cabía otra alternativa que el acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP, los dos partidos comprometidos con el soberanismo. O eso o elecciones. Los demás actores, C’s, PSC, PP y CSQP no podían ser de ninguna manera alternativa. Sus 63 diputados no llegaban a la mayoría absoluta ni relativa.
Al acuerdo de izquierdas a cuatro bandas —ERC, PSC, CSQP y CUP— tampoco le salían las cuentas, además de ser absurdo desde un punto de vista soberanista. Hubiese sido muy difícil justificar esa extraña alianza entre unionistas e independentistas de izquierdas. Al final se impuso la lógica y se concretó el acuerdo patriótico con los costes descritos anteriormente.
En Madrid el debate sobre qué gobierno le conviene a España sigue el mismo patrón que en Cataluña, pero patrióticamente en un sentido opuesto. Los antiguos gerifaltes de UCD, PSOE y PP se han movilizado para favorecer la gran coalición, como así lo manifestaron en un comunicado de la Fundación España Constitucional, creada en el año 2014 para defender la Constitución de 1978 y a la que pertenecen exministros como José Bono, Eduardo Zaplana, Marcelino Oreja, Ángel Acebes, Elena Salgado, Rodolfo Martín Villa, Cristina Garmendia o Carlos Solchaga, entre otros.
Lo mejorcito de cada casa, que incluye el rostro de algunos personajes con un pasado franquista de tomo y lomo. ¡Todo por la patria! —nos vienen a decir–.
Esos exministros del PSOE, PP y UCD reclaman la conformación de un «Gobierno de amplio respaldo», formado por «dos o más partidos constitucionalistas» que desarrolle un «programa concreto y firmado, al menos, para media legislatura», entre cuyas medidas incluya la reforma de la Constitución en un plazo de dos años.
A esa reunión de reliquias del pasado les duele España y piden un acuerdo entre patriotas españoles que ponga en marcha una reforma constitucional que, no lo duden, no sería federal ni por asomo.
La misma preocupación de esos señores por la situación creada tras las elecciones catalanas y generales, que han abierto una «etapa inédita» desde 1978, es la que expresó Felipe González en una entrevista reciente.
Sostiene González que el desafío soberanista en Cataluña y el planteamiento de llegar a la independencia en 18 meses justifica que los dos principales partidos españoles, el Partido Popular y el PSOE —según él, ambos derrotados en las recientes elecciones—, dejen a un lado la preocupación por su futuro y antepongan los intereses de España.
Refinado nacionalismo español que nadie le criticará. Al contrario, les aplaudirán, sobre todo porque va acompañado de la crítica al partidismo que todo el mundo aborrece.
Al expresidente del Gobierno le preocupa también lo que pueda pasar con Podemos, partido cuyo objetivo es «liquidar el marco democrático de convivencia y, de paso, a los socialistas». Son palabras gruesas que si alguien se atreviese a pronunciarlas en Cataluña para calificar a Ada Colau o a la CUP, en seguida sería acusado de no se sabe qué.
Sin embrago, González acierta, pues es verdad que el conglomerado de extrema izquierda que hoy protagoniza la vida española y catalana, aun siendo minoritario, a menudo demuestra tener tics autoritarios muy preocupantes.
Descartada la alianza con Podemos, González se muestra partidario de intentar llegar a un acuerdo con Ciudadanos para formar un «Gobierno de reformas y de progreso», que es lo mismo que defienden algunos periódicos madrileños preocupados como están por la integridad de España.
El problema es que para lograr que ese hipotético acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos superase la investidura de un nuevo presidente del Gobierno, primero es necesario contar con el número de diputados suficiente para apoyarlo. La posibilidad de contar con la abstención de Podemos es hoy por hoy improbable.
¿Boicotearían los podemitas la conformación de un Gobierno cuya única pretensión sería defender la unidad de España? Esa va a ser la disyuntiva que se le planteará a Pablo Iglesias a pesar de que es harto difícil que En Marea y En Comú Podem se tragasen tamaño sapo. Con los líderes populistas nunca se sabe e Iglesias podría sucumbir a la tentación a cambio de poder. En este sentido, Podemos no es la CUP ni por asomo.
Existe otra posibilidad y esta es que el Partido Popular, adalid del rancio españolismo que ahora le tiene contra las cuerdas, siga el ejemplo de Junts pel Sí y se sacrifique en aras del interés patriótico superior.
Puede hacerlo de dos maneras, permitiendo con su abstención un Gobierno PSOE/Ciudadanos o abrazándose al PSOE y ofrecer a Pedro Sánchez la jefatura de un Gobierno de gran coalición.
Al fin y al cabo, como diría Felipe González, «ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne». En eso están de acuerdo incluso exministros condenados por terrorismo de Estado, franquistas reciclados y ajados exasesores de Salvador Allende. Pura casta de fachada resplandeciente y oscura trastienda.
