Secuencias del enchufismo al atraco
Las noticias malditas se siguen a un ritmo tóxico, del caso Nóos al alcalde convergente de Torredembarra, del caso de las facturas falsas en la UGT de Andalucía a la peculiar nómina del Tribunal de Cuentas. A falta de las virtudes cívicas clásicas por lo menos haría falta una ejemplaridad punitiva.
Pero en qué términos concretarla ya es un enigma porque lo que en mayor o menor medida falla es una parte del sistema institucional. ¿Cómo explicarle estos matices al ciudadano que tiene que acudir a los comedores de Cáritas o vive en la precariedad de un subsidio de paro? Del enchufismo al atraco, las más atávicas formas de picaresca coexisten con la España que quiere salirse de la crisis y subirse al convoy de la sociedad del conocimiento.
Tienen difícil contextualización las anomalías del presunto enchufismo de un Tribunal de Cuentas, alta institución del Estado, cuya función es precisamente revisar las cuentas de la política, de la vida pública. Sus formas poco idóneas de contratación paralizan además su propio funcionamiento, cuando estamos hablando de una reforma en profundidad de la administración pública. Eso da pie a toda la demagogia que se quiera, por mucho que fuese una disfunción acotada.
Un caso de calado todavía inexplorado es el de las falsas facturas de la UGT andaluza. En resumen, de lo que estamos hablando es de un sindicato que se apropia de los fondos públicos destinados a la capacitación de los trabajadores en paro. Eso tiene una dimensión de indecencia brutal, ya más amoral que inmoral. Resulta que las organizaciones sindicales cuyo sentido es defender los derechos –al menos– de sus afiliados, dificultan con su fraude que los trabajadores en paro puedan reciclarse técnicamente para acceder lo más rápido posible a un nuevo puesto de trabajo. Se trata de un factor que forzosamente ha de fortalecer la demagogia de quienes proclaman que todo va mal.
En hora de complejidades e interconexiones, nada es más pernicioso que la demagogia de quien ofrece soluciones imposibles, pero seguramente no habríamos rebasado el límite si, por ejemplo, la nómina de Tribunal de Cuentas fue más transparente, si la UGT andaluza no hubiese practicado la fraudulencia, si no tuviéramos caso un Nóos o el alcalde de Torredembarra hubiera sido un ciudadano ejemplar, como tendría que ser todo alcalde.
Cuando instituciones como el Tribunal de Cuentas o la Unión General de Trabajadores aparecen implicadas en tales anomalías, de cuantía diversa, hay motivos para preguntarse si existe en nuestro país una sólida noción del interés público. La hay, sin duda, pero más bien con ausencias o en período vacacional. En consecuencia, más demagogia y descrédito. El buen gobierno consiste en la gestión virtuosa del bien común. Al otro lado del río acampan el nihilismo social, la corrupción y la demagogia disfrazada de utopía.
