¿Es igual la justicia para todos? No, es obvio. Pero les diré más, en materia económica aún es más desigual que en otros ámbitos de la sociedad. Los delitos económicos, en cualquiera de sus manifestaciones típicas (mercantiles, tributarios, comerciales, laborales…), constituyen un ejemplo diáfano de desigualdad del administrado, sea persona física o jurídica, ante la justicia.
Las desproporciones entre quienes pueden optar por un asesoramiento legal de alto nivel y quienes tienen una relación ordinaria con la justicia son manifiestas. Ha habido mucho debate deontológico entre la profesión periodística sobre si los juicios paralelos que se han producido en España en delitos de corrupción económica son una de una magnitud desaforada. Nos preguntamos si la pena de Telediario que han pagado algunos grandes empresarios, banqueros, políticos o personajes de alto nivel institucional es injusta. Es posible. Tan cierto como que ese tipo de condena es la única que acaban cumpliendo una parte de los que se han pasado las leyes y la convivencia en sociedad por el arco del triunfo…
Disponer de un bufete con abogados de esos que se permiten hablar de tú a los jueces, que tienen una artillería procesal pesada, supone una garantía adicional para triunfar ante la justicia en muchos casos. Pasada la pena de Telediario, el caso de los inspectores de Hacienda de Barcelona durmió durante años el sueño de los justos hasta que se produjo una sentencia condenatoria que, con la perspectiva del tiempo, es blandita y, además, gracias a múltiples recursos y triquiñuelas legales no se acabará de hacer efectiva hasta que, en algunos casos, sea realmente imposible.
Hemos pasado de la defensa de la presunción de inocencia, principio incuestionable de una sociedad que se rige por un estado de derecho, a una alambicada aplicación de la justicia que favorece a algunos poderosos y, cuando eso sucede, perjudica a algunos desfavorecidos. El protagonismo ha correspondido, especialmente, a las grandes empresas e instituciones y a la banca.
El indulto que, con electoralidad y alevosía, concedió uno de los últimos Consejos de Ministros del Gobierno de Zapatero al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, pasará a los anales de la historia. Se ha escrito mucho sobre esa extraña circunstancia que lleva a un Gobierno en sus estertores a salvar a un banquero condenado. Todo lo que pueda decirles es ya redundante. Pero, claro, ¿qué favores devolvía ZP a Botín? ¿Qué intereses tenía el Ejecutivo español, de izquierdas, en que el número dos del primer banco español escapara a la acción de la justicia tras ser condenado por el Tribunal Supremo?
Si las paredes del banco HSBC hablaran nos darían más pistas que algunas investigaciones judiciales. Por ejemplo, sobre ese asunto que trata la Audiencia Nacional y en el que la familia Botín es presunta responsable de ocultar 6.000 millones de euros en la filial suiza del citado banco. Se le acusa de ocultarlo (evasión) y de no tributar por ellos (otra figura delictiva) ante la Hacienda española durante los últimos años a los que la justicia puede referirse.
Por más que ahora el muñeco de feria al que lanzarle los dardos sea el yernísimo Urdangarín, su actuación no deja de ser una anécdota más en un mar de injusticia. No le defiendo, que nadie se confunda, pero la desproporción es manifiesta. Mientras el Duque de Palma ocupa todas las portadas de diarios y noticiarios, Botín casi ha escapado a la pena de Telediario, que es la única que aquellos que todavía creen en la justicia pueden aspirar a que cumpla.
Así que, Majestad, lo de menos es lo de su yerno, aunque ponga en riesgo la institución. Pero no se engañe, en España, la justicia no es igual para todos.
Feliz y justo 2012 a todos.
