Sánchez quiere quitar un mes de sueldo a los madrileños

Tras meses de amenazas, el Gobierno de Pedro Sánchez, finalmente, declaró de forma oficial la guerra fiscal a Madrid el pasado jueves.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprovechó ese día su comparecencia ante el Congreso para anunciar que la revisión del modelo de financiación autonómica, cuya presentación tendrá lugar en noviembre, incorporará un mecanismo de “armonización” fiscal para subir los impuestos a aquellas regiones que han aplicado rebajas en los últimos años.

Su idea inicial consiste en fijar por ley un umbral mínimo a partir del cual algunos tributos cedidos a las comunidades autónomas, como el de Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, no puedan ser rebajados por los gobiernos regionales, limitando así de forma muy sustancial la competencia fiscal entre los diferentes territorios.

Además, una vez iniciado el proceso, no puede descartarse su ampliación al tramo autonómico del IRPF, Actos Jurídicos Documentados (AJD) o Transmisiones Patrimoniales (ITP). Y todo ello, en base a un “dumping” fiscal que, en realidad, no existe.

Todas las autonomías de régimen común se rigen por las mismas reglas de juego a nivel normativo y tributario, de modo que cuentan con idéntica capacidad a la hora de bajar o subir tanto sus impuestos propios como los cedidos por el Estado. Así pues, no hay privilegio o “competencia desleal” de ningún tipo.

Cataluña, Asturias o la Comunidad Valenciana podrían disponer mañana mismo de la baja fiscalidad que ha establecido Madrid o, más recientemente, Andalucía en dichas figuras tributarias, pero, en lugar de imitar a estas regiones, prefieren seguir machacando a impuestos a sus contribuyentes, al tiempo que exigen al Gobierno central la tan manida armonización para que su particular infierno fiscal se extienda al resto del país, sin posibilidad alguna de escapatoria.

Esta pretensión no sólo constituye un ataque frontal a la autonomía financiera de las CCAA, siendo esta la primera reversión competencial que tiene lugar en España desde el nacimiento de la Constitución, sino que supone un insulto a la democracia misma, ya que, en el fondo, consiste en imponer el socialismo por la fuerza, con independencia de la libre voluntad que hayan expresado los electores en las urnas.

Los madrileños se verían obligados a pagar cerca de 5.900 millones de euros más al año en impuestos

Aquellos partidos que hayan alcanzado el gobierno bajo la promesa de reducir la tributación en sus respectivas comunidades se verán forzados a subirla, quieran o no, por culpa de Sánchez y sus socios.

El coste para el contribuyente será muy elevado en caso de materializarse. Los madrileños, por ejemplo, se verían obligados a pagar cerca de 5.900 millones de euros más al año en impuestos si su actual fiscalidad se igualase con la de Asturias, uno de los feudos históricos del PSOE.

Tendrían que pagar hasta 780 millones de euros más en IRPF, unos 1.100 millones extra por Patrimonio, 3.300 en Sucesiones y Donaciones, y casi 700 millones en AJD e ITP. Semejante sablazo se traduciría en el pago de 2.000 euros al año por contribuyente, una cifra equivalente a un sueldo medio en Madrid. Es decir, el plan de Sánchez restaría a los madrileños el importe íntegro de un mes de trabajo.

En este sentido, cabe recordar que un madrileño sin hijos con una renta bruta de 20.000 euros paga 103 euros menos en IRPF que un asturiano y hasta 261 euros menos si gana 45.000 al año. Los madrileños, además, están exentos del Impuesto de Patrimonio.

Asimismo, un soltero de 30 años que herede bienes de sus padres por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda habitual, apenas abonaría unos 1.580 euros por Sucesiones y Donaciones en Madrid, frente a los 103.000 de Asturias o los 63.000 de la Comunidad Valenciana.

Y lo mismo sucede con AJD e ITP, puesto que la compra de una vivienda de 150.000 euros supondría un ahorro de entre 700 y 3.000 euros, respectivamente, con respecto a la fiscalidad de Asturias.

Sánchez amenaza con extender a toda España el infierno fiscal de comunidades gobernadas por socialistas y nacionalistas

Por si fuera poco, esta menor tributación no tiene por qué traducirse en una caída de la recaudación, puesto que el aumento de bases imponibles que acaba generando el crecimiento económico y la creación de empleo, fruto a su vez de la combinación de mayor libertad y bajos impuestos, compensa, en gran medida, el efecto de tales rebajas.

Prueba de ello es que Madrid, con el 99% de bonificación en Sucesiones y Donaciones para descendientes y ascendientes, es la segunda región que más recaudó por esta figura en 2018, con 374 millones, por debajo de Cataluña (463 millones), pero un 25% más que Andalucía (299 millones).

Destaca el hecho de que, antes de la bonificación, apenas se realizaban 4.000 donaciones al año en Madrid, frente a las 46.000 actuales, diez veces más, mientras que las herencias declaradas han pasado de 39.000 a cerca de 90.000 al año.

La armonización que blanden Sánchez y Montero amenaza con extender a todo el país el infierno fiscal que, hoy por hoy, sufren algunas comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas.