Rodillo con turrón

A toda máquina. El gobierno de coalición, con la aprobación de los presupuestos bajo el brazo, gracias a los independentistas, quiere seguir legislando a ritmo vertiginoso. Sin admitir críticas, sin aceptar enmiendas, ni siquiera en el Senado. Abusando de los decretos que constriñen la capacidad legislativa del Parlamento, sorteando al Consejo de Estado de cuya opinión prescinde aunque se trate de un órgano consultivo que no le vincula.

Sánchez prefiere moverse en la comodidad del rodillo. Dada su inestabilidad parlamentaria, recurre a las tramitaciones exprés en iniciativas fundamentales como la ley de educación, trascendentes como la eutanasia o de higiene democrática como la limitación de funciones del Consejo General del Poder Judicial. Sin haber consultado a la sociedad civil. En la enseñanza, la medicina o la judicatura.

Son tan malos tiempos para la crítica con este Gobierno que, requerido después de tantos meses para que diera a conocer la identidad del misterioso comité de expertos científicos y sanitarios, ha recurrido al comodín de los asesores académicos.

Elegidos a dedo, para librarse de tanto agravio comparativo con los países de nuestro entorno; para que se le deje de reprochar la falta de transparencia cuyo portal de idéntico nombre lleva desparecido, como tal, desde el inicio del estado de alarma.

Nueve expertos, nueve, validarán un informe que no han redactado sobre la gestión de Sánchez que él mismo presentará en público la próxima semana. Menudo papelón el de estos intelectuales. A falta de filtros críticos como la OCDE, el FMI o el Banco de España (porque la Moncloa los ignora) los académicos darán una nota a quién les ha elegido.

Las carencias comunicativas del Gobierno

Este gobierno sigue teniendo un problema de comunicación, con tanta ocultación de datos. Por eso pretende suplir este déficit con la propaganda. Y si se cuela alguna crítica, se le devuelve el revés.

Al ministro Grande Marlaska le ha contrariado el informe de los fiscales del Tribunal Supremo que sentenciaron a los condenados del ‘procés’. Le rompe los esquemas que se opongan a la concesión de indultos para quienes cumplen pena de prisión por sedición y malversación. Y que lo digan, claro.

A los fiscales les parece que la posible medida de gracia que está contemplando el equipo de Pedro Sánchez para Oriol Junqueras y demás condenados por haber vulnerado la Constitución, forma parte de una moneda de cambio con los independentistas. Apoyo parlamentario por presos. Y lo creen así porque no encuentran fundamento jurídico para avenirse a estas medidas de gracia.Y el ministro, antes juez, les reprocha que se metan en política.

En realidad la política, al margen de la justicia, la está haciendo el Gobierno que, al cambiar de opinión por necesidad de apoyos independentistas para mantenerse en el poder, ha llegado a admitir que lo que ocurrió entre setiembre y octubre de 2017, más que una sucesión de delitos, fue un reguero de formas de expresión de un “conflicto político”.

Las consideraciones técnicas y jurídicas que reclama Grande Marlaska a los fiscales están ahí. Cualquier interesado de buena comprensión lectora habrá entendido sus razones: la gravedad de los delitos cometidos y la escasa pena cumplida.

Es un asunto delicado. Se debe valorar, por ley, los indicios de arrepentimiento de quienes solicitan la medida de gracia. No parece que estemos en esa situación con unos condenados que no reconocen haber cometido ningún delito. El indulto debe tener una fundamentación específica y el gobierno sabe que le puede acarrear un coste político.

El indulto debe tener una fundamentación específica y el gobierno sabe que le puede acarrear un coste político.

Por eso se centra en la opción B: la rebaja del delito de sedición. Va haciendo sus cálculos. Ha conseguido amarrar los presupuestos a ritmo veloz, pero va perdiendo apoyos de intención de voto por el centro. No solo le avisa el CIS. Quizás por eso ha virado su rumbo en la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Antes tocaba; ahora, no.

“No está en el ánimo” de la mitad del Gobierno alterar el sistema de mayorías para elegir a los jueces. Fue una propuesta de los dos partidos que nos gobiernan: PSOE y Podemos. Pero eso ocurrió en octubre. Los toques de la Comisión Europea y el Consejo de Europa han provocado el último movimiento. Hay que esperar al PP. Rodillo con turrón.

Después de las elecciones catalanas retomarán la negociación. Porque, si no dan la vuelta a la Constitución como pretende Podemos, a Sánchez no le conviene generar más desconfianza de la que ya provoca en Bruselas que Pablo Iglesias sea el vicepresidente del gobierno de España.