Revolución contra los okupas

España se ha convertido en un auténtico paraíso para los okupas. El apoyo explícito que reciben estos delincuentes por parte del Gobierno y la existencia de una ley vergonzosa y surrealista que, lejos de proteger al propietario, ampara la usurpación de viviendas ajenas ha terminado por convertir la okupación en una creciente plaga a nivel nacional, cuyas nefastas consecuencias se hacen sentir en las zonas afectadas en forma de delincuencia, inseguridad, violencia, devaluación inmobiliaria y un sustancial deterioro social.

La okupación era un problema más o menos residual hace apenas diez años, pero no ha dejado de crecer durante este período debido, sobre todo, a dos razones. En primer lugar, la defensa de okupas y morosos por parte de la extrema izquierda. La anterior crisis económica de 2008 se tradujo, entre otros muchos factores, en un aumento de la morosidad, tanto hipotecaria como de alquiler, con el consiguiente incremento de desahucios para saldar los impagos.

Aunque este fenómeno nunca llegó a ser relevante, dado que el volumen de familias desalojadas sin alternativa habitacional era marginal, el populismo político y mediático aprovechó la ocasión para exagerar la realidad y crear un drama social inexistente con fines puramente electoralistas.

Es en ese contexto en el que nacen plataformas como Stop Desahucios, cuya portavoz, Ada Colau, es ahora alcaldesa de Barcelona, y del que se alimentan movimientos populistas como Podemos, dedicados a proteger a morosos y okupas y, por tanto, a defenestrar el derecho a la propiedad privada.

Si a ello se suma una legislación que dificulta hasta el extremo los desalojos y deja sin castigo el delito, el caldo de cultivo para el auge de la okupación ya estaba servido. La sensación de impunidad ha ido creciendo con el paso del tiempo, hasta el punto de convertirse en un nuevo negocio en manos de mafias y bandas criminales.

El número de condenados por delito de usurpación superó los 6.000 en 2018, frente a los 1.700 de 2013, multiplicándose por más de tres en apenas un lustro, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística.

Esta especie de revolución social contra los okupas es el fruto de la incompetencia y ceguera de la clase gobernante

Pero esto sólo es la punta de iceberg, ya que a la okupación de inmuebles vacíos se suma la ausencia de denuncias por parte de muchos propietarios que, ante la incomprensible indefensión que brinda el Estado, optan por vías alternativas para recuperar su vivienda.

En total, se calcula que España cuenta con más de 100.000 viviendas okupadas y la cuestión es que el número no deja de crecer, con más de 40 denuncias diarias, el doble que en 2013, convirtiéndose ya en una gran preocupación para multitud de propietarios y vecinos. Echar a los okupas es un calvario a nivel judicial, puesto que el desahucio puede tardar más de un año y supone un coste muy sustancial para la víctima.

Como consecuencia, se ha disparado la demanda de medidas preventivas para evitar las okupaciones, como la instalación de alarmas y puertas antiokupa, al tiempo que ha surgido un largo listado de empresas privadas destinadas al desalojo exprés de estos delincuentes previo pago de una suma considerable por parte de los afectados.

Pese a ello, el Gobierno no piensa hacer nada para frenar esta desvergüenza. El PSOE se escuda en que ya existen herramientas legales para combatir la okupación, mientras que Podemos aboga, directamente, por legalizar la usurpación de viviendas. La desazón e impotencia que sufren las víctimas es de tal calibre que, ante la inacción estatal, algunas ya han empezado a tomarse la justicia por su mano, persiguiendo, amenazando y agrediendo a los okupas como única forma de defensa posible.

Esta especie de revolución social contra los okupas no es la solución, sino el fruto de la incompetencia y ceguera de la clase gobernante, que prefiere ponerse del lado del criminal y el caradura en lugar de la gente honrada y trabajadora que paga sus impuestos a cambio de una protección que no recibe.

Urge modificar la legislación vigente para que el propietario pueda desalojar a los okupas en 24 horas de forma automática, sin necesidad de intervención judicial, con la mera presentación del título de propiedad ante la Policía y la Guardia Civil. Si la ley no cambia, tarde o temprano habrá que lamentar una desgracia y la culpa, en tal caso, será de los políticos que avalaron semejante injusticia.