Responsabilidad patrimonial de Artur Mas
Imaginemos por un momento que éste fuera un país serio. Hablamos hoy del país pequeño, es decir, Cataluña. Imaginemos también que por alguna ley futura los políticos en las instituciones no pudieran salir impunes de sus actuaciones. Imaginemos que como cualquier empresa responsable de nivel, sus acciones y números fueran auditados a la entrada y a la salida de ejercer su cargo. Imaginemos todo eso.
Ahora pensemos en cualquier empresa cercana. Una empresa cualquiera donde se deba una ingente cantidad de dinero a los proveedores, por ejemplo las farmacias. Pensemos que esa misma empresa tenga la calificación crediticia al cero, es decir, las lineas de crédito cerradas. Sus oficinas, pongamos de su familia directa, están embargadas por, supuestamente, haber robado dinero a su empresa. Más aún veamos al presidente, que no al dueño, viajar al otro lado del mundo a cargo de gastos para dar una conferencia y cenar con cuatro amigos.
Sinceramente sabiendo todo eso, ¿alguien no pensaría que es tiempo de pedirle responsabilidades a ese gestor? Alguien piensa que un juzgado penal no pediría sólo por prudencia medidas cautelares a ese individuo, y a su consejo de administración. Hablamos de penal porque el sentido Mercantil pierde su esencia cuando una empresa en claro estado de insolvencia retarda su decisión de enviar los papeles a una intervención. Vamos un paso más allá y pongamos nombres a esa empresa ficticia. ¿Alguien cree que a Artur Mas y a su equipo le importa algo dejar en la ruina el país?
Y, sinceramente, eso es un gran problema. Lo que es imposible ver en economía de empresa lo estamos viendo en gestión de dinero público. Un asalto a mano armada de los recursos públicos por una troupe de personajes llevados sólo por su avaricia personal sin ningún tipo de responsabilidad. No hablamos ya de robar o no robar, de cometer un delito flagrante, sino del delito de mala gestión. Que en esta legislatura es tan evidente que casi hace caer la cara de vergüenza.
Porque aquí, en política, nos hemos preocupado siempre del dinero robado por unos y por otros. Auqnue hemos olvidado algo quizás más importante. Los chorizos pueden robar, pero hace más daño al sistema una gestión mala, así como tirar por la borda dinero público sin ton ni son. Si a los chorizos se les piden responsabilidades, debemos empezar a pedir responsabilidad también a los políticos por su gestión. Nadie, creo, duda de que si una empresa es llevada a la ruina, su presidente, director general y consejo de administración deben dar explicaciones oportunas.
En una situación ruinosa empresarial, el Estado se hace cargo incluso de cargas como los trabajadores, aunque sea a través del Fogasa. Y los juzgados abren piezas para calificar la gestión, inhabilitando o llevando a prisión a quienes han hecho un delito claro.
Pero, curiosamente, eso es en lo privado. Porque si esa gestión nefasta es en lo público, como la Generalitat, que encima es de todos, no pasa nada. ¿Dónde está la responsabilidad de sus gestores? Y no es válido ni serio que esa responsabilidad pase, exclusivamente, por las urnas. Las urnas sirven para votar y elegir nuevos gestores, pero los tribunales sirven, si es el caso, para dirimir una gestión negligente.
Es importante, por eso, en estos supuestos nuevos tiempos que empiecen a crearse mecanismos de defensa del bien común. Los políticos tienen un trabajo, pero ante todo tienen una responsabilidad en gestionar el dinero público de una forma correcta. Nadie les obliga a estar en primera línea, pero si la ley, con todas sus consecuencias debe exigirle un íntegro cumplimiento y rigor con el dinero de todos.
A estas alturas creo que ni yo ni ningún lector dudará de que si Artur Mas y su equipo estuvieran en una empresa privada habrían sido cesados hace tiempo. No sólo van camino de perder el 50% de las ventas (sus votos), sino que han enfrentado a los trabajadores (los ciudadanos. Han viajado a cuerpo de rey cuando no pagan a proveedores, abren oficinas en el extranjero para colocar a sus amigos y tienen a la familia, ya saben «su famiglia catalana«, embargada por, supuestamente, robar dinero de la empresa. Con sólo este párrafo alguien duda: ¿Artur Mas y su consejo de administración no deben responder ante un juzgado incluso con su patrimonio personal?. Ahí dejo la pregunta.
